Este martes la Justicia procedió a un desalojo en el barrio República de la Sexta y tres mujeres y cuatro niños y adolescentes tuvieron que pasar la noche en la calle, con sus muebles, en medio de las bajas temperaturas de este invierno. Los inmuebles en Cochabamba 172 bis eran alquilados por estas familia desde hace 12 años. El propietario falleció y un presunto nuevo dueño impulsó esta medida que involucró a decenas de efectivos policiales, a pesar de que la permanencia de las inquilinas no fue violenta, describieron vecinos y allegados.
El caso tomó público conocimiento hace aproximadamente un mes, cuando la Concejalía Popular empezó a acompañar a las familias. En la tarde de este miércoles estaba prevista una reunión con autoridades de la Dirección Provincial de Vivienda y más temprano, dijeron las mujeres desalojadas, pasaron por allí funcionarios de Desarrollo Social. Ellas reclaman una respuesta del Estado ante una problemática que se replica en toda la ciudad y que empeoró a partir de la crisis económica por la pandemia.
Nire Roldán, titular de la ONG Concejalía Popular de Rosario, habló con El Ciudadano sobre los detalles del caso: las familias no tienen dónde ir y sólo cuentan con escasos recursos aportados por organizaciones sociales. Recién por la madrugada, detalló, la Municipalidad ofreció la posibilidad de ir a un hotel, pero esto no resuelve dónde ubicar todas sus pertenencias.
«Es preocupante porque esto sucede cada vez más seguido», expresó Roldán y siguió: «La Justicia prioriza esos inmuebles no se sabe bien para qué fin; un fin inmobiliario, seguramente. Parece no haber una preocupación por mantener a las familias en sus casas. La Justicia opera como un brazo ejecutor de un sector que expulsa a la marginalidad a mucha gente».
Por otro lado, manifestó que no hay mecanismos del Estado en ninguno de sus niveles que prevengan estas situaciones: «En virtud de que hay planes de compras de electrodomésticos o asistencia al consumo pero no hay planes para atender la emergencia máxima que es un techo digno para todas las personas».
A su vez, planteó que estas situaciones de desalojo se están dando, en términos generales, entre personas que tenían un trabajo y que por distintos motivos hoy no se encuentran en la misma situación y no pueden afrontar los pagos de la misma manera, en forma correcta.
Desde la Concejalía notificaron al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación que desde el 1° de abril de este año cuenta con el Protocolo de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, que «establece un marco de actuación institucional en todo el territorio de la Nación, a los fines de abordar los casos de personas locatarias que enfrentan procesos de mediación o desalojo».
Sin embargo, «la instrumentación de esta medida es inocua, no tiene resultados en la práctica», concluyó Roldán. «La jueza (Claudia Ragonesse) desatendió la participación del Ministerio de Vivienda, avanzó y tomó la medida concreta para efectivizar el desalojo. Lamentablemente no se hizo nada para dialogar, no estuvo esa intención, las fuerzas de seguridad cercaron el lugar».
«Les sacaron todos los muebles a la calle, ¿qué tipo de diálogo y sociedad queremos construir si no pensamos dónde llevar a estas personas? A las 4 de la mañana, mientras dormían en la calle, llegó un aviso de la Municipalidad con la posibilidad de enviarlas a un hotel. Pero esto no es lo que las vecinas buscan. Hubo un conflicto económico sobre el contrato de alquiler, pero no hay motivo para no atender una emergencia de estas características donde hay niños en el medio».
En este sentido, destacó que Argentina adhiere a protocolos y acuerdos internacionales de derechos que protegen a niños, niñas y adolescentes. «No pueden ser expulsados a la calle. Hay una serie de violaciones conjuntas y primó el derecho de un privado a la propiedad, en el futuro van a hacer un negocio inmobiliario en este terreno. No hay otra razón».
Finalmente, Roldán expresó que desde la Concejalía intentan que en la Legislatura provincial se apruebe alguna iniciativa que garantice que no se llegue a situaciones tan graves como la que se da esta semana en República de la Sexta.
