Constanza Estepa (*)
Especial para El Ciudadano
El Programa Justicia 2020 fue el nombre que eligió el gobierno de la Alianza Cambiemos para avanzar en la reforma judicial. Algunos de los objetivos propuestos tenían que ver con la modernización o actualización de sistema judicial a través de la incorporación de tecnologías, la mejora edilicia de complejos penitenciarios, la refacción de tribunales de Justicia provinciales, la sanción de nuevas leyes y la elaboración de un anteproyecto de Código Penal, por citar algunos ejemplos. El fracaso del Programa puede medirse en la siguiente ecuación: poco ruido y pocas nueces. A primera vista, los pasillos de los tribunales provinciales continuaron alojando diariamente cientos de personas de los sectores más empobrecidos de la sociedad a la espera de un turno para asesorarse jurídicamente, esta situación llegó a niveles dramáticos con el aumento sostenido del desempleo durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.
El Programa Justicia 2020, al menos en el plano discursivo, pretendía mejorar el funcionamiento de la Justicia y promover la participación ciudadana, este objetivo no se logró por varias razones, la principal responde al planteamiento y tratamiento superficial de un problema histórico: la deuda pendiente que tiene el Poder Judicial con la democracia. Es decir, se pretendieron reformas al sistema de Justicia sin reestructuraciones de poderes y privilegios.
El Poder Judicial funciona bajo lógicas cerradas e incluso en ocasiones secretas, asimismo, el título social de juez inscribe una serie de privilegios que poco tienen que ver con la política democrática. Si bien la heterogeneidad nacional conduce a que en cada provincia existan situaciones y realidades diferentes respecto a los circuitos judiciales, a grueso modo es posible afirmar que el régimen laboral que ordena al Poder Judicial mantiene diferencias notables respecto a cualquier otro régimen. A modo enunciativo podemos nombrar los 45 días de vacaciones, el cargo vitalicio, las jornadas laborales de tan sólo 6 horas; es conocido por cualquiera que transita los Tribunales que, si bien algunos jueces y juezas deciden ampliar la jornada de trabajo, otros deciden achicarla sin que eso transite por algún mecanismo de control democrático.
El tema de los salarios y el no pago del impuesto a las Ganancias significaría el desarrollo de todo un trabajo aparte, basta mencionar para esta ocasión que los sueldos son considerablemente altos en proporción a los ingresos que recibe cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, y que resulta extremadamente dificultoso para la población acceder a información que cuantifique cuál es el salario de un juez y cuáles son las tareas que realiza en función de ése salario. Se estima que un juez de primera instancia de la provincia de Santa Fe goza el privilegio de percibir un salario mayor a los $200.000 y un juez del ámbito federal supera en más de un 20% aquel monto. Los sueldos de los jueces y juezas se encuentran lejísimo del Salario Mínimo, Vital y Móvil de $16.875, que implica una jornada laboral que puede incluir tareas los días sábado.
Como se sabe, la noción de República alude al asunto público, (res) cosa y (pública) pueblo. Esta dimensión está presente en mayor o menor medida dentro del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero en lo relativo al Poder Judicial la participación del pueblo es completamente acotada o prácticamente inexistente; a esto se le suma de manera sistemática: la ausencia de publicidad de los actos de gobierno, la falta de rendición de cuentas mediante modos accesibles para la población, la casi nula participación ciudadana en la administración de la justicia, la estructuración interna y reproducción externa a través de estereotipos patriarcales, y la falta de empatía a los problemas que aquejan a las grandes mayorías.
A la consideración anterior debe añadirse que los órdenes jurídicos existentes en América latina poseen amplias secciones “trasplantadas” desde otras formaciones sociales e historias. Vale recordar el caso argentino, que en lo que a la Constitución Nacional refiere sigue los modelos de Estados Unidos e Inglaterra, y en lo relativo al diseño de Los Códigos Civiles y Penales al modelo francés. Esto quiere decir que los jueces y juezas puedan fallar según el peso social y político “disfrazando” su resolución en paradigmas franceses o norteamericanos.
Hace algunos días, el presidente Alberto Fernández retomó la intención del Ejecutivo en avanzar con una serie de los proyectos de reforma judicial que quedaron pendientes a causa de la emergencia por el Covid-19. En este punto, para echar al menos un poco de claridad al asunto se hace necesario diferenciar “la” justicia como valor que es plausible de construirse tanto fuera como dentro de Tribunales, de una institución como el Poder Judicial. Hoy queda en evidencia que los empleados estatales como los médicos y médicas, sin gozar de los privilegios de un juez o jueza están realizando el ideal de justicia salvando vidas durante la pandemia, mientras aún los tribunales discuten a puertas cerradas si brindan el servicio de justicia o no. En el mismo sentido se conoció la historia María Caballero, maestra de una escuela rural santafesina, quien desde la suspensión de las clases a causa del Covid-19 camina 10 kilómetros todos los días para llevarle tareas a sus alumnos que carecen de conectividad a internet.
De este modo podemos afirmar que en lo que respecta al Poder Judicial, manejamos mejor conceptualmente la (in)justicia que la justicia. Porque si de Justicia se trata, esta institución anacrónica para los tiempos que se viven estructura mediante el discurso vacío de la independencia judicial: la concentración de poder en pocas manos, los privilegios laborales, la falta de rendición de cuentas, los estereotipos patriarcales, la misoginia y el racismo. El Poder Judicial ha logrado de manera bastante exitosa encorsetar en su institución cerrada las expectativas del pueblo sobre “la” justicia, reproduciendo y aumentando –salvo casos muy excepcionales– la desigualdad social.
Desde este ángulo, las reformas al Poder Judicial en última instancia giran en torno a una manera más de darle forma de justicia a las injusticias que vivimos y sentimos a diario. Quienes acceden a los circuitos judiciales necesitan capacidades específicas para desplazarse en ellos, la trama burocrática y tecnocrática hace que sólo los abogados, abogadas y funcionarios sean los “aptos” para transcribir las demandas de los sectores que reclaman justicia. Y, como se sabe, no todas las personas que sufren injusticias pueden pagar los honorarios de los profesionales, ni todos los abogados y abogadas poseen el mismo status ante los jueces que deciden qué es justo y qué no lo es.
Estas son algunas de las razones por las cuales “la” justicia en los circuitos judiciales se hace presente es poquísimas ocasiones. Visto desde esta perspectiva, entonces, una reforma judicial es más o menos justa en tanto democratice a una institución como el Poder Judicial, que puede operar apegado al derecho o reforzando privilegios.
A la fecha, no se han dado a conocer los planes y proyectos de Alberto Fernández para la reforma judicial; en efecto, opinar en relación a este aspecto sería propio de la futurología. Lo que podemos concluir es que para que la reforma tenga impacto en el mundo de las vivencias del pueblo argentino, es inminente desarmar las estructuras de la institución menos democrática de la República y reestructurar el poder ponderando la participación de quienes nunca lo tuvieron. Es cierto que pensar un Poder Judicial más justo es dificultoso en el corto plazo; empero, “la” justicia no es un campo exclusivo de expertas y expertas, y el Poder Judicial tampoco. Para que el debate sobre las reformas judiciales sea lo suficientemente profundo y no repita errores del pasado se hace inminente la necesidad de iniciar procesos de democratización amplios, que incluyan a los sectores populares en la discusión de lo común: cómo organizamos el Poder Judicial.
(*) Abogada, Facultad de Derecho (UNR), maestra en derechos humanos (Universidad Autónoma de San Luis Potosí), investigadora de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano (Instituto de Cooperación Latinoamericana)
