La Justicia federal rosarina le ordenó a Terminal Puerto Rosario (TPR), empresa controlada por el grupo Vicentin, que se abstenga de manipular carbón de coque, un elemento altamente contaminante; como también de utilizar un sector del predio portuario conocido como playón Ayolas, hasta tanto obtenga el certificado ambiental para poder operar. La medida firmada por el juez Marcelo Bailaque es el corolario de una denuncia impulsada por la ONG Cauce Río Paraná, que detectó que la compañía manipulaba y acopiaba al aire libre y sin los recaudos necesarios residuos de refinación de petróleo que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud pública.
Más allá del tema del carbón de coque, Terminal Puerto Rosario viene desarrollando sus actividades en un marco de irregularidad absoluta, ya que no cuenta con el obligatorio certificado de aptitud ambiental para operar sin que el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia lo intime por ello, recopila el fallo del juzgado federal N°2, con la firma del juez subrogante Bailaque. Cuando los sistemas de control oficial fallan, por inoperancia o complicidad, son los ciudadanos comunes, en este caso agrupados en la ONG Cauce Río Paraná, quienes se encargan de señalar las numerosas irregularidades.
“Hace un tiempo mandamos una muestra que obtuvimos en un allanamiento en el mes de diciembre del año pasado, en donde demostramos la existencia de carbón de coque, sumamente contaminante. Está en las instalaciones de la empresa sin ningún tipo de reparo, ni las condiciones correspondientes para contener un material peligroso, que afecta a la salud y al medio ambiente. Es tremendo el nivel contaminante que tiene. Además estamos hablando de una empresa que está trabajando sin certificado de aptitud ambiental desde hace años. Y un Ministerio que no lo intima. Es de una irregularidad absoluta”, explicó a El Ciudadano la abogada de la ONG Cauce Río Paraná, Melisa Martiñena.
“El juez determinó que se paralice la actividad relacionada al carbón de coque, que se cierre la planta donde está almacenado, hasta tanto se tomen las medidas correspondientes, que el Ministerio obligue a la empresa a presentar el certificado correspondiente, y que además determine las medidas a llevar adelante para que la empresa empiece a funcionar en regla”, agregó.
Altamente contaminante
El petcoke es un residuo de la refinación de petróleo; su nivel de impureza y grado de toxicidad está relacionado con la naturaleza del petróleo que se refina y contiene sustancias peligrosas en los términos de la ley 24.051. Debería transportarse en bolsones y no a granel; su descarga desde el buque debería hacerse con cintas continuas cerradas y no con grúas con palas cucharas, como se hace, luego depositarse en lugares con piso de hormigón y si es a cielo abierto con hidrantes que mantengan la pila de petcoke húmeda, impidiendo la dispersión de partículas, dicta la reglamentación.
Las recomendaciones, que figuran en el fallo, no se cumplían en el caso de Terminal Puerto Rosario que “acopió a cielo abierto grandes pilas de carbón de coque que afectó y afecta a la atmósfera y al medio ambiente en general, perjudicando la salud de los vecinos”.
En la misma terminal portuaria se manipulan alimentos a granel, generando un escenario de riesgo ambiental y de salud pública “inadmisible”. Además el constante tránsito de camiones dispersa el polvo que arrastran y esparcen por las calles de la ciudad. “No tienen ningún tipo de control y está todo ahí, todo junto, desperdigado, a cielo abierto, es tremendo”, agrega Martiñena.
En el fallo se advierte que TPR “nunca obtuvo el obligatorio certificado de aptitud ambiental, debido a las numerosas irregularidades detectadas en su actividad que obedecen a la falta de obras de infraestructura e inversiones tecnológicas que minimicen los impactos generales”.
La abogada Martiñena consideró como “muy importante” la decisión del juez Bailaque. “El hecho de exigir que presenten el certificado es muy importante porque es lo que determina si una empresa puede funcionar o no. Es vital. Por supuesto también el hecho de que le pongan un freno y que la empresa no pueda seguir manipulando ese tipo de elemento, sino sigue quedando todo en la nada, en meras cuestiones procesales que no llegan a ningún fin. Lo que uno busca es practicidad en las decisiones, si no tengo un juez que ordene al Ministerio a determinar qué arreglos tiene que hacer la empresa para que ese material pueda estar contenido de la manera que corresponda, no sirve de nada. Hay hechos concretos, ahora hay que ver si se cumplen”, agregó.
Vaciamiento corporativo, financiero y comercial: el caso de Terminal Puerto Rosario en un informe
“Incompetencia y componendas”
En materia ambiental, los avances “son muy chiquitos”, expresó Martiñena, porque hay fuertes lazos entre empresas, gobiernos y justicia, difíciles de cortar. Como muestra alcanza la situación de las quemas en el Delta del Paraná.
“Se reniega mucho, no sólo con las empresas que son muy fuertes, sino con una Justicia que está poco ávida de tomar decisiones, un poco por desconocimiento pero también están las componendas y un Ministerio de Medio Ambiente que no actúa como corresponde”, sostuvo la abogada.
“Durante años no ha existido consciencia ambiental, las autoridades no imparten las reglas y las empresas están acostumbradas a actuar con total impunidad. No tienen control, no hay obligaciones, además de que no quieren perder un peso en mejorar las plantas”, describió.
“Hay una inoperancia enorme, también hay componendas entre quienes deciden y quienes están involucrados en los hechos, generalmente ahí hay una relación que se da entre los involucrados, que son gente poderosa. Siempre terminan existiendo nexos. Son lazos difíciles de romper. Los jueces muchas veces toman la postura de que los enemigos somos nosotros: son muy apremiantes con nosotros y son muy blandos con el infractor”, remarcó Martiñena.
Ante esa combinación fatal, son los ciudadanos comunes los que tienen que tomar la posta: “Las demandas comienzan por las denuncias de un particular. Nosotros no somos los encargados de salir a investigar, pero la realidad es que alguien pasa, ve algo raro y dice: «Creo que esto es carbón de coque». Cómo puede ser que lo vea una persona de 30 años que saca una foto con un celular y no lo ve una autoridad del Ministerio. Es así de burdo. Las cosas se ven a simple vista, es tal la libertad que tienen para actuar contra derecho que se dan el gusto de hacerlo abiertamente. Lo ve cualquiera que lo quiera ver”.
Vicentin: piden informes por falta de documentación sobre las operaciones del Puerto de Rosario
¿Cómo sigue?
Luego de la resolución conocida este martes, ya se enviaron los oficios a las partes involucradas, por lo que la empresa TPR deberá realizar el certificado correspondiente y el Ministerio de Medio Ambiente deberá aprobarlo o no y establecer las pautas a seguir, los arreglos necesarios, y ser el órgano de contralor para que se cumplan todas las directivas. “Estamos en un tiempo de espera”, concluyó la abogada Martiñena.
La firma Terminal Puerto Rosario obtuvo la concesión por 30 años de la terminal multipropósito que se encuentra bajo jurisdicción del Enapro, y consta de dos áreas de trabajo, la Terminal 1 y la Terminal 2, donde se atienden cargas a granel, cargas generales y contenedores. La empresa presta servicios básicos de carga, descarga, manipuleo y almacenaje de mercadería sobre playa o plazoleta fiscal y está catalogada como empresa que genera residuos peligrosos.
La empresa es controlada por Vicentin, con un socio chileno, Ultramar, que posee el 30% de las acciones, y cuyo directorio está presidido por Gustavo Nardelli, empresario que fue detenido durante el asilamiento preventivo a bordo de su yate en las aguas del Paraná.
Deuda millonaria: el municipio fiscaliza el accionar de Vicentin en el Puerto de Rosario
