“Quiero que se haga justicia, estoy conforme (con el juicio), creo que va a llegar a buen término y si no éste –señalando un pequeño Nuevo Testamento que sacó de su bolsillo– va a hacer justicia”. Con estas palabras se retiró ayer de la tercera y última audiencia del juicio oral y público el padre del repartidor Norberto Tirabassi, quien fue asesinado de un balazo en octubre de 2009 en un intento de robo en la zona sur. En esta nueva jornada, donde se llevaron a cabo los alegatos de las partes, la fiscalía solicitó una pena de 21 años para el acusado, Hugo Daniel Aranda, alias Mona, por tres delitos entre los que se incluye el homicidio, mientras que la querella requirió la pena de prisión perpetua por el crimen. Por su parte, la defensa sostuvo la inocencia de su cliente y pidió la absolución, aunque subsidiariamente reclamó la aplicación del mínimo legal de 10 años estipulado para el robo seguido de muerte o la pena de 16 años que había sido pautada en un frustrado juicio abreviado entre las partes. Ahora resta que el Tribunal compuesto por Gustavo Salvador, Carlos Carbone e Ismael Manfrín dicte su veredicto, el próximo martes a las 11.
En una extensa audiencia, las partes argumentaron sus teorías para sostener la culpabilidad e inocencia del acusado. La fiscalía en una clara y prolija exposición refirió a la prueba que, según su posición, confirma la participación de Mona en la muerte del repartidor de golosinas. Resaltó dos elementos fundamentales para su estrategia: el testimonio de una mujer que presenció el hecho y el arma que fue hallada posteriormente en la casa del acusado con dos cartuchos intactos y uno percutado.
El fiscal Aníbal Vescovo refirió también que la testigo sufrió amenazas luego del hecho y debió cambiar varias veces de domicilio. Ella fue quien, desde una posición privilegiada –por el lugar en el que se encontraba–, vio cómo una moto venía en contramano por Hilarión de la Quintana, se detuvo a la altura del 19 bis y luego de intercambiar palabras con la víctima, que estaba bajando mercadería, el acompañante de la moto efectuó el disparo fatal.
Además de estas dos pruebas, el fiscal recordó la presencia de un cartucho calibre 22 en el piso detrás del vehículo de la víctima, junto a una mancha de sangre; y el testimonio del perito balístico, quien sostuvo que ese cartucho estaba intacto y percutado pero no servido, lo que demuestra que es posible que se haya abierto el arma y caído la bala.
Vescovo hizo mención al proyectil que le extrajeron a la víctima, también calibre 22, y a la exposición del jefe de balística, que dijo que el arma secuestrada (con la numeración limada) era apta para el disparo y tenía una irregularidad en el tambor, por lo que podía “volcarse, provocando la caída de proyectiles”.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal consideró que Aranda fue partícipe necesario de la muerte de Tirabassi y, aunque descartó que fuera culpable de la portación de arma de uso civil, solicitó por el crimen y por los otros dos hechos que se lo acusa –el robo de $10 a una nena en el año 2006 a punta de pistola y la tenencia de una escopeta hallada durante un allanamiento en su domicilio– la pena de 21 años de prisión.
Alegato de la defensa
En un desordenado discurso, la defensa del imputado realizó su alegato. En primer lugar expuso Estrella Galán, quien argumentó que el día del crimen Aranda estaba en la isla pescando y que es inocente. La letrada sostuvo que no se agregó el acta de defunción de Tirabassi y que el Código Penal establece que la forma de probar la muerte es a través de esta acta, además de aclarar que el médico que realizó la autopsia tampoco expresó durante su exposición quién era la víctima, lo que levantó los comentarios de la familia del fallecido.
La defensora de Aranda sostuvo que su pupilo no pudo haber estado dos veces en un mismo lugar, es decir en la isla y donde el repartidor sufrió las lesiones que lo llevaron a la muerte. Apoyó su estrategia en los tres testigos ofrecidos por su parte –la concubina de su hermano, una persona que dijo haber estado pescando con el acusado y una vecina– y cuestionó el acta de secuestro del arma porque a la misma le faltaba una firma, a la vez que sostuvo que el arma se secuestró de la casa del hermano del sospechoso y no en la de Mona.
La defensa cuestionó el testimonio de la mujer que presenció el hecho, y descreyó de la custodia policial que la testigo dijo tener asignada, y solicitó que no se tenga en cuenta el reconocimiento positivo que la mujer efectuó en el momento de la audiencia, ni el que realizó antes en sede judicial, y pidió que se anule el acta de secuestro del arma. Además, sostuvo que la bala extraída a la víctima no se pudo peritar, no se pudo determinar el color de la moto, si los ocupantes del rodado tenían gorrita o capucha y no quedó clara la descripción física de los mismos. “Se pretende una condena con dichos y sin pruebas”, refirió Galán.
Por su parte la defensora de Cámara, Marcela De Luca, sostuvo que lo único y real es la muerte de Tirabassi y que se lo detuvo a Aranda porque es una persona con antecedentes. También cuestionó a la testigo presencial presentada por la fiscalía, al sostener que su declaración fue de dudosa credibilidad y que es un testimonio contradictorio, confuso y mentiroso y que a casi dos años del hecho se da el lujo de decir que fue Aranda. “Usa el tribunal para descargar su venganza y alteración psicológica por otros hechos. Tengan en cuenta que a mi lado hay un inocente y que en las calles están los coautores y un homicida”, dijo la letrada.
De Luca pidió la absolución de Aranda y, para el supuesto e hipotético caso de que el Tribunal encuentre responsable al acusado, requirió la aplicación del mínimo legal para el delito de homicidio en ocasión de robo, que son 10 años o la pena de 16 que fue determinada en un juicio abreviado al que se intentó arribar meses atrás, que fue desechado a raíz del arrepentimiento del acusado. Aunque aclaró que sólo en lo que respecta a la pena y no en relación con la autoría y responsabilidad de su defendido. Punto que fue cuestionado por la fiscalía al sostener que primero se objeta su mención del juicio abreviado y luego se pretende introducirlo en forma parcial.
Además, la defensa se opuso al encuadre de la querella: consideró que no corresponde el homicidio criminis causa ya que se trató de un robo. Sostuvo que la pena de prisión perpetua es anticonstitucional y que el Código Penal plantea máximos y mínimos de pena, refirió a la socialización de la pena y a los pactos internacionales ratificados por el país que restringen la prisión perpetua. De Luca concluyó que una pena perpetua “es aplicar una pena de muerte a quien está vivo”.
La querella del CAJ
Los abogados querellantes, pertenecientes al Centro de Asistencia Judicial (CAJ), resaltaron la declaración de la testigo presencial y el reconocimiento que ésta realizó del imputado, el secuestro del arma que contenía la bisagra del tambor quebrada y rechazaron la teoría de que el acusado estaba en la isla. Cuestionaron a los testigos presentados por la defensa y sostuvieron el encuadre legal de homicidio criminis causa: que existió un plan y una división de tareas para llegar a su ejecución, que uno condujo la moto que mantuvo encendida para escapar y el otro llevaba el arma. Por ello la querella –que representa al padre de la víctima– solicitó la pena de prisión perpetua.
Al concluir los alegatos, el acusado aceptó hablar; solamente dijo: “De lo que se me está imputando me sigo declarando inocente y nada más”. Ahora sólo resta esperar la sentencia, que se dictará el martes próximo.
