El juez comercial de Reconquista que lleva la causa por el concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, dispuso este miércoles el fin de la intervención del emporio agroexportador que dejó un sinfín de deudas y sobre el que también pesan procesos penales por fraude y otros delitos. La decisión fue comunicada al cabo una audiencia de más de tres horas en la que expusieron las partes: representantes de la firma en default, de los acreedores y trabajadores más referentes de los interesados en quedarse con los activos. Lo que sigue en veremos es la homologación del concurso según la propuesta de le empresa. También está en una nebulosa la continuidad de algunas plantas y unidades de negocios que la firma sumó desde sus inicios en la ciudad de Avellaneda, como industria del sector textil y oleaginoso.
La decisión de Lorenzini dio por finalizado el trabajo de los interventores Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg, sobre quienes los alrededor de medio centenar de presentes en la audiencia realizada en los tribunales de Reconquista no expresaron objeciones. La homologación del concurso, con varias idas y vueltas ante varias propuestas empresarias rechazadas por inaceptables, era una de las expectativas de la audiencia. Pero habrá que esperar. “Es que para que esté firme sí o sí se deben levantar las cautelares que se tramitan en la justicia penal de Rosario”, explicó un vocero de Vicentín.
Sobre ese punto clave, se supo que el juez Lorenzini libró los oficios correspondientes a los magistrados que intervienen. Sobresale en ese sentido la causa tramitada en los tribunales de Rosario por defraudación y estafas, iniciada tras el default y en las que se acusa a los accionistas y directivos al momento de la debacle por asociación ilícita, entre otros delitos. El tribunal que sigue ese proceso le había pedido precisamente a Lorenzini y a la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, varias veces, que se abstuvieran de avanzar en la homologación del acuerdo.
La audiencia dejó la sensación de que la concursada está dispuesta a acordar un plan definitivo para las plantas que posee en el norte de Santa Fe. También, para una eventual negociación con el Banco Nación para incrementar la producción de la planta de bioetanol en Avellaneda. Las mayores dudas subsisten sobre los predios industriales no contemplados en el acuerdo de compra con Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El juez Lorenzini expuso la incertidumbre sobre el mercado de producción de combustibles de origen vegetal, que podría desregularse próximamente y plantea interrogantes sobre la competitividad de la planta de bioetanol de Vicentín en Avellaneda. Por el momento, aclaró el magistrado, esa unidad productiva está funcionando «de manera óptima» y a la espera de un plan de manejo más organizado.
Respecto del personal que aún está en relación de dependencia con Vicentín, el juez aclaró que, en caso de despidos, las indemnizaciones están garantizadas. «El dinero debe estar previsionado en un fondo de maniobra, que lo vigila la sindicatura», refirió al respecto.
Sobre la audiencia, el juez de Reconquista señaló: «Después de todas las idas y vueltas que tuvo este expediente, nuestra preocupación era saber cuánta plata tenía Vicentín para seguir funcionando, cómo iban a pararse frente a un escenario de una cosecha gruesa que aparentemente no será de las mejores en el contexto internacional y también, esperando que lleguen algún día esas inversiones de los compradores de la planta». La idea, insistió, es tener un panorama de «qué tan cerca o lejos» está Vicentin de poder comenzar a pagar lo acordado en el marco del concurso de acreedores.
Vicentin dejó un tendal, y son alrededor de 1600 los acreedores. El principal es el Banco Nación, con 300 millones de dólares en concepto de préstamos impagos que la entidad financiera otorgó, en gran medida, cuando ya era público el historial de incumplimientos financieros de la corporación.
El acuerdo concursal, que la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Reconquista aceptó bajo el argumento de que si bien es perjudicial para los acreedores es menos dañino que la quiebra, implica el pago inmediato de hasta 30.000 dólares a cada damnificado, con lo que la mitad de ellos saldaría la acreencia total. Se agrega otro desembolso de 134 millones de dólares a prorratear entre todos los acreedores. Al año, el pago de otros 127 millones y el resto, a largos 12 años unos 165 millones de dólares. Mucho menos que el monto de las deudas que dejó colgadas el emporio.
Pero lo inmediato es complicado. Vicentín «necesita mucho capital de trabajo, tiene que invertir mucho dinero para funcionar», señaló el juez Lorenzini, quien explicó que la única fuente de financiamiento de la empresa es el alquiler de sus plantas, que está garantizado hasta marzo de 2025 y con ello el flujo de dinero para continuar pagando sueldos.
Por lo pronto, las interesadas en quedarse con activos –Viterra, Bungue y ACA– no pondrán un dólar hasta que los contratos de inversión sean ejecutables, instancia que se dará con la homologación definitiva del acuerdo de acreedores que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tras resolver si admite o rechaza el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre lo decidido por la Cámara de Reconquista.
