Agencia Xinhua
El nuevo ciclo de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) durante los últimos meses ha desencadenado agitación en los mercados financieros internacionales.
En su etapa anterior, los grupos de interés y las instituciones financieras estadounidenses han unido fuerzas para generar crisis de deuda en varios países emergentes, obteniendo cuantiosos beneficios económicos para sus bolsillos. En este panorama, los “fondos buitre” de origen estadounidense, no se quedan atrás.
Estos fondos cuentan con un historial de persecución maliciosa contra docenas de países en vías de desarrollo endeudados, como Ecuador, Argentina, Perú, Vietnam y muchos otros, dificultando la reestructuración de la deuda. Este fenómeno no solo se debe a la naturaleza propia de los fondos buitre, sino también a la inacción e indulgencia de las autoridades estadounidenses y su poderío financiero y legal.
Naturaleza codiciosa
Los fondos buitre, denominados de una forma metafórica por su interés en garrapiñar los bonos incumplidos de los países en desarrollo, invierten en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra a precio bajo y buscan enormes ganancias a través de juicios maliciosos. Al actuar como especuladores de esos bonos basura, los fondos buitre se caracterizan por ser mañosos, intransigentes y bárbaros.
“Los fondos buitre que hostigan, generan rumores, infamias y calumnias actúan como desestabilizadores, como una suerte de terroristas financieros”, acusó la entonces presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner durante su participación a la Asamblea General de la ONU en 2014. Tras diez años de acoso, la naturaleza de los fondos buitre quedó revelada en la crisis de la deuda soberana de Argentina. En la década de 1990, Argentina fue adoctrinada por el “neoliberalismo” de Estados Unidos, y aprovechó el entorno internacional de bajas tasas de interés para endeudarse fuertemente, por lo que sus compromisos de pago ascendieron a más de 100 mil millones de dólares cuando estalló la crisis financiera en 2001.
Al no poder pagar, Argentina se vio obligada a reestructurar dos veces sus deudas en 2005 y 2010, con una reestructuración de alrededor del 92 por ciento de sus acreedores. Sin embargo, los fondos buitre, con representantes como NML Capital, una subsidiaria de la compañía estadounidense Elliott Management, aprovecharon para comprar los bonos a bajo precio a los acreedores originales que no habían aceptado la reestructuración y presentaron en 2015 una demanda para exigir a Argentina el pago del capital y los intereses de la deuda en su totalidad.
Según lo publicado en el periódico español El Mundo, NML Capital compró un valor nominal de 630 millones de dólares de los bonos emitidos por Argentina por unos 48 millones de dólares, una cifra que equivale a solamente alrededor del 7,6 por ciento del valor nominal, aunque finalmente exigió la devolución completa. Para el gobierno argentino, los fondos buitre no ofrecieron ningún tipo de préstamo, sino que obtuvieron ganancias mediante la compra de los bonos incumplidos, por lo cual no cabe duda de que se trata de una extorsión.
Complicidad con autoridades de Estados Unidos
En los 90, el gobierno de Carlos Menem lanzó reformas neoliberales bajo instrucción de EE.UU., que acabaron provocando la crisis financiera argentina de 2001. Cuando el gobierno de la Alianza liderado por Fernando De la Rúa llegó al poder y reestructuró su deuda, los fondos buitre se aprovecharon de la situación comprando bonos a bajo precio y luego acudieron a los procesos judiciales a fin de obtener altos rendimientos. En octubre de 2012, cuando la fragata ARA Libertad de la Armada Argentina hizo escala en un puerto de Ghana, la empresa NML Capital, con una sentencia judicial estadounidense en la mano, pidió a un tribunal comercial ghanés que embargue la fragata con el objetivo de obligar a Argentina a pagar la deuda. A pesar de las apelaciones argentinas, la Corte Suprema de EE. UU. confirmó la sentencia del juez federal, Thomas Griesa.
En junio de 2014, el gobierno argentino transfirió 540 millones de dólares al Bank of New York Mellon, para pagar el capital e intereses a los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda. Este activo fue congelado por el juez Griesa con el argumento de que se debería pagar primero las deudas incumplidas con los fondos buitre. Dada la imposibilidad de un acuerdo entre el gobierno argentino y los fondos, la agencia de calificación estadounidense Standard & Poor’s rebajó la aptitud crediticia de Argentina a “default selectivo”, deteriorando aún más la solvencia del país latinoamericano.
Liao Shuping, investigadora del Instituto de Investigación del Banco de China, afirmó que el gobierno de EE.UU. podría haber impedido que los fondos buitre buscaran enormes indemnizaciones a través de sus tribunales federales. Sin embargo, en lugar de tomar medidas permitió y alentado a los fondos buitre a robar la propiedad estatal argentina. Para Zhang Yuewen, investigador del Instituto de Finanzas y Banca de la Academia China de Ciencias Sociales, los litigios internacionales de los fondos buitre brindan una oportunidad para que EE.UU. ejerza la hegemonía financiera y la jurisdicción de brazo largo. El director del fondo buitre estadounidense Elliott Management, Paul Singer, es conocido como el “donante más codiciado” del Partido Republicano.
Profundización de la “Trampa de la deuda”
Según el experto independiente de la ONU sobre deuda externa, finanzas y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, el saqueo de los fondos buitre aprovechándose de la vulnerabilidad de otros dificulta la resolución oportuna, justa y ordenada de la crisis financiera, retrasa la conclusión de los acuerdos de reestructuración de la deuda y agrava el sufrimiento de los pueblos de los países afectados por la crisis financiera.
El ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo sobre los fondos buitre: “Para algunos actores indeseados en esta economía global, la eventual quiebra de un Estado, con enormes daños para sus ciudadanos, especialmente los más pobres, nunca es «too big». Al contrario, la crisis es siempre una oportunidad para ellos”. Argentina sigue siendo uno de los países más endeudados de América Latina.
En un artículo de Pierre Jacquemot, exembajador de Francia en Kenia, Ghana y la República Democrática de Congo, publicado por el Instituto de Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos de Francia, 32 países africanos han sido víctima de los fondos buitre. En junio de 2022, manifestantes con pancartas y muñecos de papel con imágenes de buitre irrumpieron en la sede de Elliott Management en Nueva York, condenando a los fondos buitre por sus constantes prácticas depredadoras sobre los países vulnerables.
De acuerdo con recientes informaciones de la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti, el 47 por ciento de los préstamos del gobierno de Sri Lanka procedían de los mercados financieros internacionales y que su “trampa de la deuda” era una producción occidental. Parte de su deuda con los acreedores occidentales ha sido revendida a los fondos buitre.
Con el fin de limitar el daño de la especulación, aliados de EE. UU. como el Reino Unido y Bélgica han introducido legislación para tomar medidas contra los litigios de los fondos buitre y EE. UU. ha optado por tolerarlos. El hecho de que los fondos buitre se aprovechen de las vulnerabilidades de los países endeudados para enriquecerse pero estén protegidos por el gobierno y el poder judicial de EE. UU., es muy similar a la forma en que el complejo militar-industrial de ese país instiga al gobierno a provocar conflictos en todo el mundo y hacer fortunas por medio de guerras.
