Este viernes ocho personas quedaron formalmente imputadas como prestanombres para adquirir armas de fuego en forma legal que luego desviaban a organizaciones delictivas. La jueza Melania Carrara tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó prisión preventiva por diferentes plazos –según la gravedad de los cargos– para los ocho imputados, entre los que figuran un médico, un instructor de tiro, un armero, y un gestor, según trascendió.
De acuerdo a la investigación que llevan adelante los fiscales Gastón Ávila y Carla Cerliani, este grupo de personas formaría parte de una asociación ilícita dedicada a obtener armas de fuego de forma legítima para luego desviarlas al mercado negro, donde eran adquiridas –o encargadas– por bandas criminales, entre las que se encuentra la que lidera Luciano «Lucho» Cantero, hijo de Claudio «Pájaro» Cantero.
«Hace dos meses habíamos imputado a doce personas que hacían de prestanombres para comprar armas de fuego que se desviaron al mercado ilegal. Dijimos que era el primer paso de una investigación mucho más grande», sostuvo el fiscal Ávila. Según la investigación, esta red ilegal funcionó desde noviembre de 2021 a octubre de 2024.
En esa sintonía, Ávila manifestó: «En esta última oportunidad, detuvimos a un gestor, a un empleado hijo de la dueña de una armería de la ciudad, y también a un médico psiquiatra, a un instructor de tiro, y a otro prestanombre, así como a una persona que teníamos prófuga, que se había escapado a San Luis y que estaba como organizador de esta asociación ilícita».
Tres de los imputados están apuntados como los organizadores de la asociación ilícita: Lucas P., Javier H. y Rodrigo S. En tanto, Marcelo L., Paulo F., Flavio P. y Mauricio L. G. fueron sindicados como miembros del grupo dedicado a realizar estas operaciones ilícitas. Asimismo, Rodrigo S. y Marcelo Daniel G., están acusados por el delito de provisión ilegal de armas de fuego con habitualidad.
El fiscal señaló que mediante la investigación lograron determinar que el circuito de armas “estaba muy aceitado” y explicó: «Había dos personas que se dedicaban a captar gente con necesidades económicas, les ofrecían dinero a cambio de hacerse la credencial de legítimos usuarios, y los llevaban con un médico específico que no cumplía con ninguna de las exigencias que el protocolo de la Anmac les exige a los médicos para poder declarar apto a una persona».
Respecto del psiquiatra y el instructor de tiro, Ávila aseveró: «Si una de las personas no veía bien de un ojo, no importaba. Si otra no escuchaba de un oído, tampoco. Y el instructor de tiro, con total libertad, declaraba que tenían idoneidad en el manejo de armas de fuego».
El fiscal precisó que generalmente «estas armas se vendían con la numeración eliminada, precisamente para dificultar la trazabilidad y rastrear a ver quiénes eran las personas propietarias».
La jueza de Primera Instancia Melania Carrara dispuso la prisión preventiva por el plazo de 1 año para Rodrigo S., Lucas P. y Flavio P., por el plazo de 8 meses para Javier H., Mauricio L. G. y Marcelo Daniel G., y 30 días para Marcelo L. y Paulo F.
