La Justicia argentina —además de haber comprobado y juzgado que durante la última dictadura hubo un plan sistemático para perseguir, secuestrar, matar y desaparecer personas por su identidad política— no para de encontrar pruebas de que la represión estuvo también dirigida contra niños y niñas. Así ocurrió en el marco de la causa Batallón de Comunicaciones 121 en la que se investigan los crímenes cometidos contra 23 víctimas, dos de las cuales eran niñas y estuvieron en cautivero durante el secuestro de sus padres. En la investigación, además, se comprobó la existencia de un lugar dentro de ese predio que hasta ahora no había sido señalado como centro clandestino de detención y fue gracias al testimonio de 50 personas que hicieron la colimba durante los años del terrorismo de Estado.
A fines de abril, la Unidad Fiscal de Asistencia para causas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el Terrorismo de Estado de Rosario dio a conocer avances en la causa. Hubo una solicitud en concreto: que el Juzgado Federal N°4 dicte el procesamiento de los dos imputados. Además, el fiscal Adolfo Villatte requirió a la Cámara Federal de Apelaciones que conceda el recurso de apelación para disponer de 31 indagatorias: así se terminaría completar el marco de responsabilidades dentro de los crímenes cometidos allí durante la dictadura.
El Batallón de Comunicaciones 121, bajo la órbita del Ejército, fue uno de los puntos de coordinación y aplicación de terror en la población entre 1976 y 1983. El enorme predio está ubicado en la zona sur de la ciudad, en la intersección entre Lamadrid y Ayacucho. Fue declarado sitio de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en 2014.
En la actual etapa de investigación se constató que además del sector que ya estaba señalizado como ex centro clandestino de detención (en la provincia hay más de 20 y en el país cerca de 800), dieron con otro sector que hasta el momento no estaba sindicado como lugar de secuestro. Y fue a partir del testimonio de al menos 50 personas que realizaron el servicio militar obligatorio en esa época.
“Fui colimba”: campaña para dar con testigos involuntarios de crímenes de la dictadura
En diálogo con El Ciudadano, Villatte explicó los aspectos más destacables del proceso. Contó que empezaron a tomar testimonio de ex conscriptos a partir de la declaración de uno de ellos hace más de un año, donde dio cuenta de la existencia de un lugar donde había personas detenidas ilegalmente en el predio.
La mayoría de ellos acreditaron la existencia de un chalet y varios recordaron los nombres de las víctimas. Si bien este proceso se dio al margen, en 2023 hubo una campaña nacional que se llamó “Fui colimba” que alentaba a acercarse a la Justicia o a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a hombres que hubieran hecho el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983 y que hubieran sido testigos involuntarios de crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. En la web oficial del Gobierno nacional la campaña sigue vigente y se señala que se garantiza la confidencialidad de quien se contacte.
Se calcula que el año previo al inicio del golpe, el 24 de marzo de 1976, 300 mil hombres hicieron el servicio militar que por entonces era obligatorio. En Santa Fe hubo al menos cuatro desaparecidos que estaban haciendo el servicio militar al momento de su secuestro: José Prat, Hugo Parente, Francisco Lera y Roberto Suárez. A nivel país, el número asciende a 129 conscriptos.
Simulación de la legalidad
Villatte explicó que en este nuevo sector que identificaron dentro del Batallón había dos tipos de detenciones entre 1976 y 1980: estaban aquellas personas que luego de haber sido secuestradas y torturadas en otros centros clandestinos de la ciudad o del país eran trasladadas a este lugar para ser sometidas a un Consejo de Guerra (y luego derivadas a un penal o liberadas); o aquellas que se presentaron de manera autónoma por recomendación de algún abogado o de algún contacto cercano a las Fuerzas Armadas, sabiendo que eran blanco de los militares y que corrían el riesgo de ser directamente desaparecidas por lo que presentarse en el Batallón, a la vista de todos y cuyo ingreso sería registrado, se volvía más difícil luego cometer el delito de desaparición forzada.
“Estamos dando un paso distinto, un poco más novedoso en cuanto a que aún estando una persona blanqueada estamos considerando que ese circuito también era una privación ilegítima de la libertad. Salimos de la idea de la clandestinidad y del secuestro. Es un eslabón más de la ilegalidad. Si se quiere, era el eslabón final para poner una apariencia de legalidad a algo que nunca puede ser legal porque hay una usurpación del poder y porque cualquier sometimiento a una persona a esas condiciones y sobre todo viéndose forzada a presentarse sola porque sabía que el destino que podía correr era la desaparición”, explicó el fiscal.
Usa la palabra “blanqueo” porque la acción implicaba dejar registro en documentos y papeles de Estado, era una lógica que se corría de la clandestinidad que marcó el terrorismo de Estado aquellos años. “No todas las prácticas de la represión fueron iguales todo el tiempo”, recordó.
El espacio donde los tenían secuestrados era conocido como “Lugar de reunión de detenidos” y estaba a cargo de la policía militar. Además del testimonio de los conscriptos, numerosas declaraciones de víctimas en distintas causas dieron cuenta haber estado allí en cautiverio.
Consejos de Guerra en Argentina
El rol de este lugar dentro del Batallón de Comunicaciones 121 fue cambiando durante los cuatro años que funcionó: al principio funcionaba como lugar primario de detención, donde las personas permanecían allí solo un día hasta ser trasladadas a otro centro de tortura; más tarde, como lugar donde se “alojaba” detenidos mientras se esperaba la realización de un “juicio” por parte del Consejo de Guerra.
Esa suerte de proceso judicial se llevaba a cabo en la sede del Comando II Cuerpo del Ejército en la esquina de Moreno y Córdoba, donde hoy está el Museo de la Memoria. Las personas que eran sometidas a este Consejo eran en muchos casos de la provincia de Santa Fe pero también de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.
Cuando ese Consejo de Guerra dictaba la pena las personas eran trasladadas a un penal o eran liberadas. Por eso se dice que era un proceso de blanqueo, ya que se salía de la clandestinidad aunque nada de esto tiene que ver con condiciones de legítima defensa ni legalidad en las detenciones.
Si bien según los testimonios las condiciones de detención de este nuevo lugar eran «mejores» que las demás dentro del predio, allí hubo interrogatorios, requisas, intimidaciones y simulacros de fusilamiento.
El Consejo de Guerra era una forma más de desplegar la represión y la “lucha contra la subversión” de la que se jactaban las Fuerzas Armadas para cometer el exterminio de miles de personas. A lo largo de los más de siete años que duró la última dictadura se buscaron múltiples herramientas y estrategias legales e ilegales para ampliar las posibilidades de acción y llenar así las cárceles con presos políticos; además de los 800 lugares donde operaron centros clandestinos de tortura.
En el informe que confeccionó la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), después de su visita al país en 1979, hubo un apartado específico donde describió el accionar de los Consejos de Guerra.
Se estima que en Argentina, alrededor de 800 personas fueron “condenadas” por estos Consejos.
Niños y niñas también fueron blanco del terror
En la instancia actual de la causa hay 23 víctimas y dos de ellas eran niñas secuestradas junto a sus padres. Desde la Fiscalía se espera que la Justicia se expida en este sentido, por derecho “a la verdad y a una reparación integral” por el daño que les infligieron en una etapa de la vida muy frágil que deja secuelas a muy largo plazo.
Así como hubo cerca de 500 bebés, niñas y niños apropiados por militares, cuya identidad fue sustraída, también hubo cientos de menores en todo el país que presenciaron el momento del secuestro de sus madres o padres (o ambos), presenciaron sus torturas, fueron también violentados y pasaron un tiempo de encierro junto a su familia. Los usaban como una suerte de botín de guerra, tal como se denunció tantas veces a lo largo de estas décadas.
La Fiscalía espera que la Justicia avance en la investigación de este aspecto, encuentre a los responsables y dicte una condena ejemplar, más en un contexto donde el proceso de memoria, verdad y justicia está puesto en cuestión desde las esferas más altas del Estado.
De hecho, desde la Fiscalía consideran que este tipo de causas, de lesa humanidad, “se vienen dilatando”: “Tenemos urgencia con avanzar en estas causas por el hecho simple y sencillo de que tanto los imputados como las víctimas van muriendo, entonces son causas que no pueden ser tratadas como cualquier otra. Hay razones para actuar rápidamente”.
