Con la aprobación de la ley de decomiso de bienes obtenidos a través de delitos Santa Fe es pionera en la materia. De por sí no va a desestimular el enriquecimiento ilícito, pero es una herramienta más y necesaria.
En cambio, la batería de reformas a medio centenar de artículos del Código Procesal Penal introduce modificaciones que la práctica del nuevo sistema penal mostró necesarias y otras que alimentan polémica.
Conviven ahí reformas que buscan darle más poder a los fiscales con otras que buscan limitar sus atribuciones, como las condiciones que propuso el Ejecutivo con respecto al uso de juicios abreviados.
La visita del fiscal general Julio De Olazábal a la Cámara alta fue relevante para apaciguar el entusiasmo de los senadores.
Gente de derecho enrolada en distintas líneas de pensamiento o afinidad política coinciden en que algunas de esas reformas al Código Procesal Penal, si salen tal como se votaron en la Cámara de Senadores, darán lugar a planteos de inconstitucionalidad cuando llegue el momento de aplicarlas a casos concretos.
Diputados está a tiempo de corregir esos déficits, donde es el oficialismo el que tiene mayoría. Sin embargo, la presión de la agenda sobre la dirigencia política diluye diferencias, empobrece el debate y anima oportunismos. La necesidad de mostrar algo para calmar el malhumor popular tienta a manotear lo que está a mano y mejor suena en el momento. Inmolarse no es una opción para los políticos, menos para un gobierno.
Ocurre que al tener que recalcular, el gobierno se ve necesitado de ceder posiciones para rehacer el rumbo. Por un lado abrió el juego a la Nación; por el otro ganaron prédica de los sectores del Frente Progresista que menos honor hacen, al menos en esta temática, al título del espacio.
Es el caso de Lisandro Enrico. El senador por General López vivió la votación del jueves como si esas nuevas herramientas procesales equivalieran a equipar un batallón de fiscales para ir a la guerra y él, asumiendo la voz de “los senadores”, el que los arenga: “Este es el mensaje claro que le queremos dar a los fiscales: tienen que actuar y para eso deberán interpretar las leyes de fondo a tono con ese mandato. Creemos que si hay dudas acerca de si fue un robo o una tentativa, que el fiscal acuse por el robo y no por una tentativa por el principio de objetividad. Que haya un temperamento por parte de ellos para llevar adelante la acusación con mayor profundidad. Es lo que reclamamos”.
Suena temerario: acusar por acusar, abolir la duda y generar expectativas de condenas imposibles que al final provocan desánimo y sensación de impunidad. No hubo en el interbloque oficialista disidencia en público.
Mientras tanto la ministra de Seguridad de la Nación se muestra ocupada en Santa Fe. Hasta ahora evitó revelar la cantidad de agentes que llegarán. Una hipótesis dice que la razón es la dificultad de sacar efectivos en el polvorín que es el Gran Buenos Aires; otra, que animará a otras provincias a pedir igual trato; y una tercera es que el número no es tan importante porque se apunta a inteligencia criminal más que a control de calle.
Como sea, la ministra también escuchó otra de las patas del problema: la Justicia federal.
Hay promesas de más juzgados y jueces para Santa Fe, pero eso llevará años (el de Rafaela demoró 8 desde que sancionaron la ley y el de Venado hace 6 y no existe).
La solución práctica pasaría por reforzar el trabajo de los fiscales, encargados de llevar adelante la investigación penal, y ampliar personal y recursos de los pocos juzgados actuales.
Bullrich habló de traer una delegación de la Procunar, pero eso es potestad de la Procuraduría General de la Nación, órgano independiente y autónomo. Otra vez: es más práctico reforzar la actual estructura que montar una nueva. La duda es qué tanto influye en una solución de ese tipo la obsesión del gobierno por debilitar y tumbar a la procuradora Gils Carbó.
Por último, Bullrich firmó un convenio con los puertos privados con el alocado argumento de que Prefectura pueda entrar a controlarlos. En realidad esos puertos ya están bajo control permanente, a pesar de que igual salieron toneladas de sustancias ilegales que casi nunca se detectan de este lado del océano sino en Europa.
Esos controles se profundizaron tras el ataque a las Torres Gemelas. En 2002 la Organización Marítima Internacional dispuso un protocolo denominado Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), que entre muchas otras cosas obliga a controlar y filmar cargas en depósitos fiscales y muelles.
En el caso particular de TPR SA, donde se firmó el convenio y de donde salió una carga de 765 kilos de cocaína en 2010 con la anterior concesionaria, acaba de adquirir por 3,5 millones de dólares un scanner de altísimo nivel de detalle del interior del contenedor, que está a disposición de Prefectura y reemplaza al anterior.
El convenio en sí podría decirse que es otra sobreactuación. Les sirve a los gobiernos porque los muestra preocupados y ocupados. Y los puertos quieren contrarrestar la idea de que por sus muelles entra y sale droga sin control, porque les genera desprestigio en el mundo del comercio marítimo. De ahí que el convenio naciese a iniciativa de ellos.
La firma de la ministra oficia como certificación de que los puertos no tienen nada que ocultar y que si hay problemas es responsabilidad del Estado que no controla bien.
