El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva permanecerá finalmente en prisión, después de horas de forcejeo judicial provocado este miércoles por un fallo que abría la puerta a su liberación.
El juez Marco Aurélio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF), conmocionó este miércoles al país al ordenar la liberación de los presos con recursos pendientes tras haber sido condenados en segunda instancia. Ese es el caso de Lula, que purga desde abril en Curitiba (sur) una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Pero pocas horas más tarde, atendiendo a un pedido de la Fiscal General, el presidente del máximo tribunal, José Antonio Dias Toffoli, suspendió esa decisión, que podría haber beneficiado a decenas de miles de reclusos sobre los que no pesasen órdenes de prisión preventiva por su peligrosidad.
El magistrado agregó que dejaba sin efecto la medida de Mello hasta que el STF vuelva a tratar el próximo 10 de abril, en sesión plenaria de sus 11 miembros, la cuestión del encarcelamiento después de un fallo de segunda instancia, decidido por el propio STF en 2016.
La confusión se produjo en vísperas de que el próximo 1° de enero asuma el poder el ultraderechista Jair Bolsonaro, un duro crítico de los gobiernos de Lula y Dilma Rouseff, que prometió durante su campaña que el líder de Partido de los Trabajadores (PT) iba a «pudrirse en prisión».
El ex capitán del Ejército, que reunió en Brasilia por primera vez con la totalidad de su gabinete de gobierno, celebró la decisión de Toffoli de suspender un fallo que «podría poner en riesgo el bienestar de la sociedad brasileña».
Su ministro de Justicia será Sérgio Moro, responsable de la condena en primera instancia de Lula y emblema de la operación Lava Jato, que estalló en 2014 y puso al descubierto una gigantesca red de pago de sobornos por parte de empresas privadas a políticos y autoridades, a cambio de obtener licitaciones de obras públicas en Petrobras.
Baldazo de agua fría
La decisión de Mello fue muy celebrada por el PT, pero el fallo de Dias Toffoli derrumbó su alegría.
Así y todo, la defensa de Lula pidió al juez Mello que reafirme su competencia para poder ejecutar su decisión.
No es la primera vez que la situación de Lula origina un embrollo judicial.
El domingo 9 de julio, un juez de turno de un tribunal de segunda instancia ordenó su liberación, pero la medida fue contrariada por otro magistrado.
El ex presidente Lula (2003-2010) fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en julio de 2017, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer a constructoras en contratos con Petrobras.
La sentencia fue aumentada en enero a 12 años y un mes por un tribunal de apelación.
En abril, el STF decidió, en una votación muy apretada de seis contra cinco, que la sentencia debía aplicarse tras la condena en segunda instancia, incluso si quedan pendientes otros recursos.
El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) enfrenta varios otros procesos, pero se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.
