«Estimamos que entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley», dijo Lugones en declaraciones a Télam, y precisó que se trata de magistrados que «ya tienen la jubilación concedida por cumplir con los requisitos de edad (60 años) y aportes (más de 30 años), y dejó lcaro que «es posible solucionarlo en forma sencilla».
Pero Lugones, que es camarista en San Martín, aseguró que esta oleada de jubilaciones generaría entre 380 y 430 vacantes» en el Poder Judicial, ya que se suman a los 130 pliegos que actualmente están en concurso en el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos vacantes, algo que no se resuelve de un día para otro, sino que lleva «a veces meses» debido al proceso natural que requiere el trámite.
Con este panorama, graficó Lugones, «el Poder Judicial ya tendría la mitad de los jueces activos para seguir cumpliendo sus tareas en los tribunales del país», teniendo en cuenta que en total en la actualidad son 960.
Con esto, se reduciría a «casi la mitad, más exactamente el 45 por ciento» la cantidad de jueces, lo que contrapuso con su desafío, al iniciar su gestión recientemente al frente del Consejo de la Magistratura de «que el Poder Judicial funcione mejor».
«Para mí es un desafío que el Poder Judicial funcione mejor, y esta situación no va a facilitar», dijo el magistrado que preside el órgano del Poder Judicial encargado de la selección y control del desempeño de los jueces a esta agencia.
«Entiendo que el gobierno piense que no se cambia demasiado, pero hay gente que cree que se modifica de manera importante porque se reduce de 30 a 40% la jubilación tal como se liquida hoy. Si hay buena predisposición del gobierno, se podría solucionar de manera sencilla», dijo, y agregó: «Creo en la buena fe de todos en general».
Para Lugones, «hay partes de la norma que no están del todo claras», y expresó que con «la predisposición del gobierno» a modificarla «se podría solucionar de manera sencilla» esa «incertidumbre» que genera la norma y que empujaría a muchos jueces en edad de jubilarse a «apurar su salida».
Esta ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de los jueces, los fiscales y los defensores oficiales, y también de los diplomáticos de carrera, será tratada mañana a las 14 en un plenario de comisiones de Presupuesto y Previsión y Seguridad Social en Diputados y, de obtener dictamen de mayoría, se buscaría aprobar el jueves a partir del mediodía en la Cámara baja.
Según Lugones, «con ciertas pequeñas palabras se clarificaría» el panorama para los jueces en edad de jubilarse, lo que podría incluirse en «una cláusula transitoria» para los que están en edad de jubilarse, que se estima son un 20 a 30 por ciento, y prefieren esperar hasta el plazo máximo que les da la Justicia para hacerlo.
Lugones sumó como apreciación que «se podría corregir alguna palabra en el artículo 10, la parte que dice los últimos 120 meses en el mismo cargo», que es la que genera incertidumbre.
«Al no poner la palabra cargo, no esta previsto cómo se actualizaría aquel mes 120 para llegar al actual en el que se concedería la jubilación», analizó el magistrado, que agregó que «si tiene 120 meses iguales», no se sabe «cómo se actualiza» y se infiere que «se estaría reduciendo entre un 30 y 40 por ciento la jubilación».
«Si se clarifica esto, se calmaría» el debate, dijo Lugones, que dejó claro que no piensa jubilarse por ahora, más allá que cumple con los requisitos para hacerlo, porque tiene «un compromiso» con sus colegas y con el cargo que ocupa al frente del Consejo de la Magistratura.
