Los dos policías que brindaban servicios en la seccional 15ª fueron imputados este viernes luego de ser atrapados dos días antes en medio de una entrega controlada de dinero dentro de la comisaría. Recibieron los billetes de parte de un vecino, a quien amenazaron con «dejarlo detenido», y para devolverle la moto que era de su propiedad. El magistrado Mariano Aliau aceptó la acusación de la Fiscalía y dictó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento a las víctimas y familiares por el plazo de ley: 90 días.
Tras la detención del oficial Germán Luis Pérez, de 27 años, y el suboficial Gustavo Ramos, de 25, el Ministerio de Seguridad provincial inició sumarios administrativos, pidió los pases a disponibilidad y comenzó el proceso para exonerarlos de la fuerza.
En la audiencia imputativa de este viernes, la fiscal de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional Paola Aguirre los acusó primero por un hecho ocurrido la semana pasada. Un joven de 26 años se encontraba demorado en la seccional 15ª sospechado de participar de una balacera perpetrada el 8 de febrero último sobre un frente de Colón al 3800, la cual terminó con una nena de dos años herida en un brazo. Pero su detención fue un error y la misma Fiscalía ordenó que lo liberaran luego de realizar las medidas de reconocimiento que dieron negativas y de no encontrar elemento alguno que lo involucrara con el ataque investigado.
Fue en ese marco que los policías engañaron al apresado y cuando recibieron la orden de liberarlo no dijeron nada. Por el contrario, se acercaron al detenido y le hicieron saber que iba a pasar mucho tiempo tras las rejas. Después le ofrecieron dejarlo en libertad si les pagaba 5.000 pesos para que modificaran el acta de detención.
Según la acusación, le pidieron esa cifra porque sabían que tenía en su poder 7.400 pesos, aunque de todas formas se negó a darles la dádiva.
Los otros dos delitos que le achacaron a los policías ocurrieron cuando la mamá del detenido fue a la comisaría a retirar la moto, que había sido secuestrada en el momento de la detención de su hijo, ya que había sido desvinculada de la investigación por orden del fiscal de Flagrancia.
Una vez más, los policías le dijeron que si quería llevarse el rodado debía pagarles 3.000 pesos para que modificaran los papeles, tras advertirle que habían encontraron algunas irregularidades en el vehículo con lo que se podría extender mucho en el tiempo su devolución.
Con base en la denuncia que realizó la mujer el lunes pasado en Asuntos Internos, la fiscal Aguirre intervino y supervisó un procedimiento de entrega controlada, con billetes marcados para atrapar a los policías. La transacción se realizó este miércoles dentro de la misma seccional 15ª, de Sarmiento al 4300, y terminó con la detención de los dos uniformados.
Tras escuchar la acusación de la Fiscalía, el magistrado Aliau imputó a los policías por los delitos de exacciones ilegales agravadas (cobro injusto y violento) y falsedad ideológica de instrumento público. Además, les dictó la prisión domiciliaria con tobillera y la prohibición de acercamiento a víctima y familiares por el plazo de ley.
Exoneración
En forma paralela al proceso judicial, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe inició los trámites de sumario interno para destituir a los policías. Según informaron desde esa cartera, luego de la detención, la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, a cargo de David Reniero, les abrió un sumario administrativo, pidió el pase a disponibilidad y comenzó el proceso de exoneración de la fuerza.
