Con la entrada en vigencia mañana del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, Santa Fe concreta un acontecimiento histórico. La fecha exacta, 10 de febrero de 2014, es apenas un capricho del almanaque que simboliza el corte con lo que se deja atrás. A decir verdad la historia no cambiará ni hoy ni mañana, sino con el paso del tiempo, a medida que los hombres y mujeres que hacen la Justicia de Santa Fe traduzcan a hechos concretos lo escrito en el Código Procesal Penal reformado y sus leyes complementarias.
El paso desde un sistema escrito e inquisitivo a otro oral y acusatorio, de eso se trata, es un cambio profundo que excede la reforma de una ley. Llegar hasta aquí requirió crear nuevas instituciones de la democracia, como el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa –el primero dedicado a planificar y ejecutar las políticas de persecución del delito y el otro a garantizar el derecho a defensa de acusados–; nombramientos de cientos de fiscales y defensores; nuevos tribunales; traslados de empleados y creación de más puestos; una organización diferente de recursos humanos y materiales; presupuestos millonarios en salarios e infraestructura; y un profundo cambio ideológico y de cultura de trabajo, al menos en el fuero penal. Nada de eso se hace sin disputa, confrontación de intereses, controversias, consensos, alianzas, avances y retrocesos. Hubo que organizar la conclusión a lo largo de los próximos 3 años de miles de causas por delitos cometidos antes del 10 de febrero, algunas de ellas de importancia estratégica como las abiertas contra bandas narcocriminales. Como dice el procurador general de la Corte Jorge Barraguirre, hay que trabajar fuerte para que el debut del nuevo sistema no signifique una amnistía generalizada para lo anterior.
Naufragios
Llegar a este 10 de febrero resultó arduo. Un proyecto de reforma procesal penal en 1992, que alentaban funcionarios del gobierno de entonces, naufragó entre presiones desde el Poder Judicial y falta de decisión política. Recién en agosto de 2007, ya en los estertores del gobierno de Jorge Obeid y de 24 años de administraciones justicialistas, la Legislatura logró reformar a fondo el Código Procesal Penal.
La principal traba siempre fue la corporación judicial y su capacidad de presión sobre los otros dos poderes.
Corporación judicial es un concepto que quizás no sea representativo de la diversidad que habita hoy puertas adentro de Tribunales, pero permite nombrar a grupos de poder con prédica que construyeron y deconstruyeron el Poder Judicial a la medida de sus intereses, de privados y siempre en alianza con una pata del poder político de turno.
No es que hoy no operen grupos de poder, sino que los tribunales están atravesados por un cambio generacional importante; la “familia judicial” fue perdiendo terreno, dando lugar a la incorporación de hombres y mujeres de la academia y la profesión, procedencia que no los hace mejor de por sí, pero genera una diversidad de miradas y corrientes internas que enriquece a los Tribunales. A pesar de eso, sobreviven viejos vicios, como lo demuestran las decepcionantes salidas dadas desde el Poder Judicial a los casos de los jueces Alejandro Martín y María Luisa Pérez Vara.
Con la cara pintada
La llegada de Hermes Binner en 2007 fue clave para que la reforma procesal penal no naufragase. El socialista tenía las manos libres y la decisión política de enfrentar a la corporación, hasta ahí apostaba a un cambio sin que nada cambie, apenas maquillaje para salvar los aspectos inconstitucionales señalados por la Corte nacional.
Binner tenía la espalda política para encarar los cambios y un brazo ejecutor que fue su ministro Héctor Superti. Al eslogan electoral de Binner “Buenos Tiempos” encumbrados jueces y funcionarios judiciales le respondieron con aquel bochorno institucional que resultó la cena de fin de año de 2007 donde hicieron cantar el tema “Resistiré” a boca de jarro con el acompañamiento de los cubiertos golpeando la vajilla y en clave de grito de guerra contra las autoridades elegidas por el pueblo. Si Binner y Superti llegaban al gobierno con esperanza de conciliar, no les dejaron más remedio que cambiar el libreto.
En el Poder Legislativo hubo un clima distinto, al punto que todas las leyes soporte que crean y organizan el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), los nuevos Tribunales Penales y las Oficinas de Gestión Judicial, la Transición y la Protección de Testigos y Víctimas fueron votadas por unanimidad.
La última resistencia
Aún así la implementación del nuevo sistema tuvo que enfrentar la prometida resistencia desde el Poder Judicial. Ahí cobró notoriedad el ex procurador de la Corte, Agustín Bassó, que hasta sus últimos días disparó munición gruesa contra la reforma.
Si bien muchos magistrados aportaron al debate de los proyectos de ley, hasta ese momento el Poder Judicial no había intervenido formalmente sobre los alcances de la reforma. Bassó promovía con sus planteos la posibilidad de que la Corte limara aspectos de la reforma que no pudieron ser frenados en la instancia legislativa.
Cada planteo de Bassó abría girones entre las dos corrientes que coexisten adentro de la Corte, pero nunca prosperaron. En parte por el cambio de época que dejaba escaso margen para ir para atrás; en parte porque en el Poder Judicial había expectativas sobre la reforma; y en parte por las presencias de María Angélica Gastaldi y Daniel Erbetta en la Corte Suprema.
Sin esas presencias compenetradas con el cambio que tanto había costado conseguir, es probable que Binner hubiera tenido que intentar una salida a lo Kirchner en 2003, en referencia a empujar juicios políticos como los que llevaron a las renuncias de los ministros de la Corte nacional Nazareno, López, Vázquez y a las destituciones de Eduardo Moliné O’Connor primero y de Antonio Boggiano dos años más tarde.
Pero Binner era el primer gobernador no peronista desde el 83 y no tenía número en la Legislatura para explorar ese camino que le reclamaban quienes lo corrían por izquierda.
Cuando Binner dejó el gobierno, la batalla normativa y algunas otras estaban prácticamente resueltas. A Bonfatti y el ministro Juan Lewis, continuador de la línea de Superti, el desafío se les presentó en la Legislatura. Tras unos tempranos y sonoros bochazos a pliegos de fiscales y defensores, el oficialismo se allanó a modificar los reglamentos de los concursos para esos cargos. La mayoría justicialista y el PRO objetaban una excesiva valoración de antecedentes académicos. La modificación reglamentaria acalló críticas, los nombres dejaron de ser un problema y los pliegos salieron como por un tubo.
Reforma y seguridad pública
Cuando en 2007 se reformó el Código Procesal, la realidad no era la de hoy. La inseguridad ya estaba al tope de las inquietudes ciudadanas. Pero todo eso es poco en relación a las cifras de hoy y la incidencia de la narcocriminalidad. La pregunta que surge es si el nuevo sistema va a contribuir a aliviar esa realidad. La respuesta es que se necesita mucho más que un cambio de Código para conjurar los problemas de seguridad pública.
Uno de los aspectos más alentadores es que el rol central de investigar y perseguir delito pasa a los fiscales, no tanto porque haya garantías de que lo nuevo será la solución de todos los males, sino porque lo de la Policía es una catástrofe.
Liderazgo y voluntad política
Después de dos décadas de intentos frustrados y una implementación ardua que demandó mover montañas, Santa Fe alumbra una esperanza en su Justicia. En el país no hay otro sistema igual, sólo Chubut es parecido aunque en una escala muy inferior. Llegar al 10 de febrero fue posible porque hubo un 2007, porque hubo un liderazgo desde el gobierno que ofreció una alternativa a hombres y mujeres de la política, el Poder Judicial y la academia que estaban dispuestos a trabajar por el cambio; hubo voluntad y oficio para construir consensos; ceder cuando las relaciones de fuerza no daban; capacidad de gestión para superar errores y trabajar por encima de circunstancias menores.
En los primeros meses surgirán inconvenientes como en toda organización en la que intervienen miles de personas. Quizás con el andar hasta aparezca la necesidad de algún parche. Lo que no hay dudas es que llegó la hora de transitar el día después de este acontecimiento histórico que tanto costó construir.
