Con 28 votos positivos y 15 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia convirtió en ley el Programa “Santa Fe + Conectada”, de la Casa Gris, que busca llevar internet de calidad a todo el territorio santafesino. Para ello, la provincia tomará un crédito de 100 millones de dólares con el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. El tratamiento y aprobación representa, además, un salto institucional, ya que la iniciativa había llegado con aprobación del Senado en noviembre de 2020 –dos meses después de ser enviada por el Ejecutivo– pero desde entonces quedó trabada en la Cámara baja, y ya estaba a semanas de perder estado parlamentario
El acuerdo para el tratamiento del proyecto se logró tras una reunión entre el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tras pilotearla, los números acompañaron la iniciativa, que dependía exclusivamente de la disposición del Frente Progresista, mayoría en la Cámara baja. Es de suponer, aunque no trascendieron los detalles finos, que todos quedaron conformes: el gobierno justicialista de Omar Perotti obtuvo una de las piezas clave de su gestión, más allá de la pandemia; la oposición obtuvo su moneda de cambio y las abstenciones dieron característica de unanimidad a la votación. De las y los 50 integrantes de la Cámara siete no estuvieron presentes al momento de la votación, que tuvo, en rigor sólo dos votos más por encima de la mayoría absoluta.
La ley de Conectividad tuvo luz verde en la Legislatura luego de una reunión que mantuvieran, un día antes de la sesión, el ministro Corach y el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, con miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara: los oficialistas Leandro Busatto y Luis Rubeo; Joaquín Blanco, Esteban Lenci y Gisel Mahmud, del Frente Progresista; Ariel Bermúdez, de Creo, y Alejandro Boscarol, de Juntos por el Cambio.
Los sectores que se abstuvieron en la votación son los encabezados por Maximiliano Pullaro (UCR, ahora en Juntos por el Cambio) y Amalia Granata (Somos Vida).
Todes conectades
La ley Santa Fe + Conectada apunta a ampliar la inclusión digital y reducir la brecha tecnológica que la pandemia de coronavirus, con trabajo y educación a distancia para vastos sectores, especialmente en las grandes urbes de la provincia, puso en evidencia. Para resolverlo el programa contempla un tendido de más de 4.000 kilómetros de fibra óptica para llevar el servicio a las 365 localidades de la provincia.
La concreción del circuito toca también intereses concretos, por lo que se infiere también un torpedeo tras cortinas a la iniciativa. Es que la conectividad es un servicio clave que está en un ciento por ciento en manos privadas, y es provista por grandes grupos que desde hace más de una década vienen desafiando regulaciones por todas las vías, incluso desobedeciendo medidas de adecuación de precios en beneficio de los consumidores. El manejo, salvo en el caso de cooperativas de servicios públicos –algunas reales y otras bajo un manto que es prácticamente un disfraz institucional– es prácticamente oligopólico y deja afuera a al menos un tercio de las familias santafesinas.
A nivel educativo, actualmente, el 72% de las escuelas santafesinas no tiene conexión a Internet para uso pedagógico, lo que representa la exclusión del 54% de los alumnos de la provincia.
La acción del Estado es estratégica en ese panorama. Con Santa Fe + Conectada, marcó el gobierno de la provincia, se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad para promover la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.
En ese marco, este jueves los diputados aprobaron una comunicación con siete ítems que surgieron de la audiencia pública. Los puntos más importantes están vinculados a la inversión en educación, la cooperación y complementación con los operadores locales de cable y la provisión también a barrios populares.
De hecho, sobre esto último ya se está avanzando: mientras aguardaba la aprobación por ley, la Casa Gris avanzó en un programa de internet gratuito por zonas, que se aplicará en 12 barrios de la periferia de Rosario y 8 barrios de Santa Fe capital.
Negociación compleja
El proyecto apuesta a implementar un programa estratégico de conectividad, que tiene como ejes el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las llamadas TICs.
Durante el encuentro con el ministro Corach, los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales le acercaron los resultados surgidos en las audiencias públicas que se fueron sucediendo en la Cámara en el marco del proyecto, cuyo nombre completo es ley Inclusión Digital y Transformación Educativa «Santa Fe + Conectada”. En ellas se analizó el pedido de endeudamiento solicitado por el Ejecutivo y se obtuvo el compromiso público de integrar esa información en el decreto reglamentario de la ley, una vez aprobada.
Al recurrir a la fibra óptica como canal, el planteo del programa es un alto estándar de calidad y al velocidad en la señal. Independientemente de la cantidad de personas conectadas, la conexión puede superar con creces al servicio básico provisto por empresas de televisión por cable, con tarifas que nunca fueron desdolarizadas.
Así, además de garantizar la cobertura universal –que a nivel nacional se entronca con el relanzamiento del programa Conectar Igualdad, discontinuado durante la gestión de Mauricio Macri– la presencia del Estado puede llegar a empujar a la baja los valores de los servicios, que literalmente están por las nubes.
En esa línea, se estima que los beneficiarios serán aproximadamente 3 millones de personas (el 90% de la población de la provincia) y el programa, con un plazo de ejecución de cuatro años, alcanzará a todas las ciudades y comunas santafesinas.
El programa favorecerá la inclusión de la población santafesina en el mundo digital bajo estándares de calidad, optimización del uso del espectro radioeléctrico y capacitación e investigación en TICs.
“Santa Fe + Conectada” requiere para su implementación un monto estimado en 124.670.000 dólares. De ese total, 100 millones (aproximadamente el 80 por ciento) serán cubiertos por el Banco de Desarrollo de América Latina, en tanto los 24.670.000 dólares restantes serán afrontados por el Estado santafesino con recursos propios. La ley que aprobó la Cámara de Diputados autoriza precisamente al Gobierno a tomar esa deuda. El endeudamiento se realizará bajo condiciones financieras reguladas por la tasa de interés Libor + Margen (1,97% anual) y un plazo de amortización de 15 años, con cinco de gracia, para el pago del capital.
“Cumpliría con una premisa de justicia social”
La ministra de Educación, Adriana Cantero, había defendido recientemente el programa Santa Fe + Conectada sosteniendo que extender la conectividad es “un derecho que cumpliría con una premisa de justicia social”. En esa línea remarcó: “Si bien es cierto que la educación virtual no es una modalidad, es muy cierto también que se transforma en un recurso estratégico fundamental para mediar otros modos de aprender, otros modos de construir el aprendizaje y facilitar el acceso a las competencias fundamentales, con criterios de igualdad y justicia curricular”. La cuestión se hizo más visible con la pandemia: a partir de la aplicación de las primeras medidas sanitarias por el covid-19 se puso en evidencia el relieve de las tecnologías digitales para la prestación de servicios públicos, contrarrestar el aislamiento y facilitar el funcionamiento de sistemas económicos. Las brechas de acceso a una conectividad de calidad mostraron la fragilidad en la que se encuentran muchos segmentos de la población, como los hogares de bajos ingresos, los habitantes de zonas periféricas y los adultos mayores.
