No todos son Vicentin, como pretendían las pancartas en las marchas de los resistentes a la intervención estatal del consorcio. Por el contrario, cada vez son más los que accionan para que el grupo diversificado con asiento original en el norte de Santa Fe se haga cargo de sus manejos cuanto menos irregulares. Un último embate fue, también, de poderosos: la Corporación Financiera Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank y Natixis hicieron una presentación judicial ante el fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno. Son bancos y financieras extranjeras que le prestaron unos 530 millones de dólares a la firma de los Nardelli, Padoán y Buyatti para financiar exportaciones de granos. Los acusan de fraude, estafa y desbaratamiento de derechos acordados, entre otros delitos.
Los bancos extranjeros acreedores de Vicentin cursaron la presentación en Rosario tras un largo período de acumulación de pruebas y argumentos sobre desvío de fondos y falseamiento de balances, al menos desde 2017. Se trata de un voluminoso escrito de más de mil páginas y 39 anexos con datos contundentes y fuertes indicios de maniobras fraudulentas.
Uno de los ejes es el de los créditos tomados para la prefinanciación de exportaciones, que en primer término Vicentin habría desviado para financiar otras actividades de firmas no relacionadas con el negocio granario. Préstamos a los que, además y según la presentación, accedió luego de falsear estados contables.
“Vicentin obtuvo de nuestros mandantes cientos de millones de dólares presentando información financiera que ocultaba pasivos siderales y, en lugar de destinarlos al único objeto que contractualmente estaba permitido –prefinanciación de exportaciones– lo invertía, total o parcialmente, en expandir los negocios de algunos de sus accionistas. Tales transferencias constituirían por supuesto un provecho ilícito obtenido como consecuencia de la defraudación que requerimos investigar. Como resulta evidente, si en lugar de utilizar el dinero obtenido para prefinanciar sus exportaciones se comprobara que fue utilizado para financiar la expansión de otros negocios de algunos de sus accionistas –mientras las exportaciones eran realizadas generando un gigantesco pasivo oculto–, es posible que Vicentin no hubiera colapsado o, al menos, enfrentara su concurso preventivo con muchísimos más activos”, se lee en parte del texto.
Los posibles hechos ilícitos que los bancos extranjeros piden investigar a la Justicia de Rosario son cuantiosos. Uno de ellos, la operación con el frigorífico Friar –originario de Reconquista– por el que se habría presentado una misma carta de crédito como garantía de la misma operación ante dos posibles acreedores.
Los bancos detectaron además que más de 400 millones de dólares de los 530 prestados fueron derivados a firmas no cerealeras del grupo, violando el objeto de esos créditos, y unos 70 millones de dólares terminaron en otras sociedades extranjeras cuyo giro comercial se desconoce pero que se presumen ligadas a Vicentín.
Los abogados de Vicentin rechazaron la presentación de los bancos extranjeros e insistieron en que su default de más de 1.350 millones de dólares es consecuencia de la megadevaluación del peso luego de las elecciones Paso de 2019 y los cientos de contratos con precio a fijar que tenía con los productores agropecuarios que le habían entregado granos y que masivamente buscaron hacerse de su dinero. Flojo argumento, que los querellantes desarmaron en forma contundente en su respuesta: “Los contratos con precio a fijar son, evidentemente, una deuda. Vicentin disponía de los granos entregados por los productores, quedando contingente únicamente el precio, el cual era determinable en todo momento debido a la existencia de un mercado transparente, con cotizaciones diarias. Esta deuda millonaria, conocida y perfectamente determinable por Vicentin, nunca fue expresada en los informes trimestrales ni en los balances anuales auditados, ni tomada en cuenta para establecer las ratios de liquidez que permitieron a Vicentin obtener cientos de millones de dólares. En pocas palabras, Vicentin ocultó esta información por años”.
La presentación en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario fue realizada en nombre del comité ad hoc de bancos extranjeros acreedores de Vicentin por los abogados Guillermo Jorge (del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi) y Alejandro Carrió (Carrió y Garay). Las entidades piden ser querellantes en la causa iniciada en julio pasado ante la presentación de Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA, quien solicitó al fiscal Moreno investigar una presunta estafa en el contrato para la entrega de 500 toneladas de soja que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”, lo que se cumplió el 4 de diciembre último. Un día después, adujo el extraño «estrés financiero» y el dinero nunca apareció.
Balances truchos para créditos abundantes
Vicentin obtuvo los créditos externos contra la presentación de balances anuales e informes trimestrales de sus estados de activos y pasivos con los que –se supone– acreditaba su solvencia, liquidez y capacidad de enfrentar los pagos. Además de los informes trimestrales, Vicentin presentaba «certificados de compliance», que resumían periódicamente su estado patrimonial para mantener el flujo de dinero destinado, era el compromiso, a prefinanciar sus exportaciones.
Los bancos quieren que se investigue por qué Vicentin mostró en su último informe trimestral de julio de 2019 una aparentemente sólida situación patrimonial, con una deuda de 10 millones de dólares, pero luego pagó 1800 millones de dólares y en febrero de 2020 se endeudó en más de 400 millones de dólares.
Todos abrochados
El IFC, institución multilateral perteneciente al Grupo del Banco Mundial y su brazo financiero para el sector privado en países en desarrollo, le prestó a Vicentín 294 millones de dólares. El holandés FMO, que invierte en mercados emergentes, 150 millones de dólares. Natixis, un banco corporativo, otros 10 millones. El Rabobank, también holandés pero cooperativo y de inversión, 20 millones. ING, del mismo origen aunque global, 78 millones, de los cuales se adeudan 52 más intereses. En octubre pasado, poco antes de desnudar su colapso, el grupo argentino le pidió 10 millones de dólares más.
Deuda al congelador con Friar
Los bancos extranjeros denunciaron que Vicentin pudo haber incurrido en el delito de «desbaratamiento de derechos acordados y estafa» contra el ING en beneficio del fondo de inversión BAF Capital SA, que compró el 99 por ciento de las acciones del Frigorífico Friar, con asiento en Reconquista, y se interesó en la firma Arsa (Alimentos Refrigerados SA, también del Grupo Vicentin). Sospechan que esa venta fue para perjudicar al conjunto de acreedores mediante acuerdos que otorgaron ventajas especiales en favor de algunos.
Derivaciones hacia la nada
Otras de las denuncias tienen que ver con los créditos para la prefinanciación de exportaciones que quedan garantizados por una carta de pago: los bancos sostienen que Vicentin derivó ese derecho de cobro a un tercero.
Es lo que pasó con el ING, en un préstamo por 10 millones de dólares para efectuar una compra a Cargill. Vicentin le había notificado a la cerealera que en caso de problemas le transfiriera el flujo de fondos de los contratos a AF Latam Trade Finance Fund BV, registrada en el paraíso fiscal de Islas Caymán, en lugar de a ING, que se quedó sin cobrar.
Discovery de Pandora
La investigación propia de los bancos extranjeros empezó en febrero pasado, cuando se presentaron en la Justicia de Nueva York mediante un Discovery, un recurso mediante el cual pidieron a un juez que les permita rastrear en el sistema financiero evidencias de actividades de Vicentin con bancos intermediarios durante los últimos 3 años, para usar como prueba en un juicio en Argentina.
Esa información permitió detectar que parte del dinero terminó en empresas del grupo Vicentin que no se dedicaban a la prefinanciación de exportaciones, fuera de lo convenido, y que otra parte –unos 70 millones de dólares– se derivaron a empresas de Uruguay, que los bancos desconocen.
