El diputado provincial de Santa Fe (FpV), Eduardo Toniolli, dijo hoy en relación al fallo de la Justicia rosarina que le restituyó la matrícula de abogado al ex represor del Ejército, Daniel Amelong, que “es como habilitarlo a Mengele para trabajar de pediatra”.
El legislador criticó así a la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, que decidió devolverle la matrícula de abogado, al represor Daniel Amelong, revocando la decisión del Colegio de Abogados de Rosario, que le había suspendido la matrícula al ex militar.
El represor había presentado un recurso de amparo contra la medida tomada por el Colegio de Abogados. Al respecto, los camaristas Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho consideraron que no hubo intervención del Tribunal de Etica en pleno como lo exige la Ley Orgánica del Poder Judicial santafesino.
Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja de Santa Fe, y querellante en el juicio en el que fuera condenado Amelong, señaló en un comunicado que entregó a Télam que «este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados cometidos durante la última dictadura cívico militar”.
“Dejarlo ejercer como abogado sería como habilitarlo a Mengele para trabajar de pediatra», dijo el diputado Toniolli, comparando a Amelong con el jefe de propaganda nazi.
Por otra parte afirmó: «más allá de tecnicismos la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, y estamos en presencia de un genocida que si no fue condenado antes fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de Obediencia Debida y Punto Final».
En tanto el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio del Vecchio, se mostró disconforme con el fallo de la Justicia, y no descartó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la medida judicial.
Amelong fue condenado a prisión perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados.
El ex miembro de Inteligencia del Ejército actuó durante el terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Quinta de Funes y en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu de Rosario, según se probó en el juicio.