El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal SPPDP presentó un recurso de habeas corpus en respuesta a irregularidades en los aislamientos y lesiones sufridas por reclusos, tal como fueron constadas por médicos, durante una requisa violenta en la cárcel de Piñero que siguió al ataque sobre un colectivo con personal penitenciario, cometido por desconocidos el pasado sábado 2 de marzo, frente a barrio Rucci, en Circunvalación y Palliere. La titular de la defensa pública, Estrella Moreno Robinson, destacó la importancia de revisar si el aislamiento se llevó a cabo conforme a las normas legales, tras recibir denuncias de golpizas por parte de familiares y verificar personalmente las condiciones en el penal.
En la audiencia de este miércoles, el juez Rafael Coria rechazó los planteamientos del SPPDP, desestimando las alegaciones de agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención y las denuncias de tortura durante la requisa violenta.
«Los médicos del Instituto Médico Legal fueron al penal, revisaron a todas las personas y constataron lesiones de todo tipo en 154 de ellas. Pedimos que a partir de eso se tratara el tema de las requisas; sobre todo, cómo deben ser las mismas. Pero el juez, a pesar de las heridas constatadas, se negó a tratar ese tema. El juez sólo trató el aislamiento y definió que se hizo bien en aislarlos», dijo Moreno Robinson a la radio LT8.
Moreno Robinson enfatizó la importancia de debatir sobre los requisitos del aislamiento, señalando que no todos fueron comunicados y algunos persistieron más allá del límite legal de quince días, además del hacinamiento que enfrentan los reclusos, con tres personas por celda en algunos casos. Además, se denunciaron prácticas de tormento, como el «submarino seco», que podrían constituir tortura según los estándares internacionales.
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Ante la decisión del juez Coria, Moreno Robinson anunció que apelará esta determinación, buscando que se reconsidere el tratamiento de las denuncias presentadas y se tomen medidas adecuadas para garantizar el respeto de los derechos de los reclusos en la cárcel de Piñero.
La abogada, en la misma emisora, subrayó la necesidad de una investigación imparcial y rápida sobre estas denuncias. «Pedimos que se investigue de manera objetiva, imparcial y rápida. Y a la gente que pide mano dura dentro de los penales les digo que pedimos que se apliquen las normas; hay normas sobre cómo tratar a quienes están privados de libertad que no permiten malos tratos ni torturas. El Estado tiene una obligación legal y también, ética y moral; todos lo acordamos así porque tenemos una Constitución que admite como parte la Convención contra la Tortura», cerró la defensora general.
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