Cuatro policías asignados a la comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe (avenida General Paz 7379) quedaron en prisión preventiva acusados de torturas cometidas a cuatro víctimas en esa seccional. La medida judicial se dictó en audiencias ocurridas el 6, 11 y 20 de febrero, precedidas por distintos jueces.
“Con las evidencias que presentamos hasta el momento, y atendiendo a la instancia procesal en la que estamos, los tres jueces dieron por acreditados los hechos ilícitos”, valoraron los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, a cargo de la investigación. “También hicieron lugar a la calificación penal que atribuimos a las cuatro personas”, agregaron.
“Los ilícitos que investigamos comenzaron a cometerse alrededor de las 13 del jueves 28 de enero de este año”, informaron los fiscales. “Los dos oficiales y uno de los suboficiales ingresaron sin autorización legal, sin las formalidades prescriptas por la ley y sin permiso de sus moradores en dos viviendas ubicadas en la zona norte de la ciudad de Santa Fe”, relataron y añadieron que “privaron ilegalmente de su libertad a las cuatro víctimas, a las que llevaron a la sede de la seccional 8ª, en donde las mantuvieron –sin orden judicial ni fiscal– hasta las 10 de la mañana del día siguiente”.
El jueves 28 de enero, aproximadamente a la 1 de la madrugada, cuatro chicos que se encontraban reunidos en una vivienda de Regimiento 12 de Infantería al 1500 fueron trasladados a la seccional por violación al toque sanitario. Horas después, cerca de las 10, terminaron siendo liberados, pero previo a retirarse, uno de los detenidos habría sustraído una computadora portátil perteneciente a un miembro policial.
Hernández y Jiménez precisaron que “en la sede de dependencia policial, los cuatro imputados agredieron físicamente a las víctimas, las introdujeron en una oficina y las obligaron a desnudarse”. También detallaron que “una vez que se habían sacado la ropa, los policías volvieron a agredir físicamente a los cuatro detenidos. Lo hicieron con golpes de puño y con patadas, con un cinto con hebilla y con un palo de madera de escoba, el que finalmente se partió a raíz de los golpes propinados a uno de los hombres agredidos”.
“Además, a dos de ellos les aplicaron otros tormentos. Les introdujeron la pistola reglamentaria en la boca y gatillaron con el objetivo de simular un fusilamiento; utilizaron el palo de escoba para amenazarlos con la comisión de delitos contra la integridad sexual; y golpearon con una sartén y con una pala de limpieza a uno de los detenidos”, describieron los fiscales.
También sostuvieron que “mientras se desarrollaba esta sesión de torturas, los policías imputados les exigían a las víctimas información acerca de una computadora portátil que habría sido sustraída ese mismo día de la dependencia policial, a la vez que los amenazaban con «hacerlos boleta» y prender fuego la vivienda de uno de ellos si efectuaban la denuncia de lo que estaban padeciendo”.
“Por último, y con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad los allanamientos ilegales realizados y las privaciones ilegítimas de la libertad de las víctimas, los dos oficiales insertaron declaraciones falsas en las actas de procedimiento y en el libro de guardia de la seccional octava”, indicaron los fiscales. “De esta manera, pretendieron documentar que los hechos ocurrieron en forma distinta a lo denunciado por las víctimas”, argumentaron.
Las cuatro personas imputadas son el oficial RL de 40 años y la oficial EY de 30. Por su parte, los suboficiales investigados son dos hombres cuyas iniciales son SAG de 35 años y AEO de 31, dijeron desde el área de prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los fiscales Hernández y Jiménez aclararon que “los cuatro imputados son investigados como coautores de los delitos de torturas; lesiones leves; apremios ilegales, amenazas coactivas; privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales”. Agregaron que “a los dos oficiales y a uno de los suboficiales también se los investiga como coautores de allanamiento ilegal; hurto calificado (por ser miembros integrantes de una fuerza policial); encubrimiento calificado (por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por ser cometido por funcionarios públicos); falsedad ideológica en instrumento público calificada (por ser cometida por funcionario público con abuso de sus funciones)”.
“Como consecuencia de todo lo ocurrido, fueron constatadas múltiples lesiones, escoriaciones y cortes en distintas partes de los cuerpos de las víctimas”, remarcaron los fiscales y concluyeron que “los cuatro hombres padecieron un grave sufrimiento psicológico y físico”.
Las medidas cautelares impuestas a tres de las personas investigadas fueron ordenadas por los jueces Nicolás Falkenberg y José Luis García Troiano en audiencias llevadas a cabo en los tribunales de la capital provincial el sábado 6 y el jueves 11 de febrero, respectivamente. Por su parte, en horas del mediodía de ayer, el juez Pablo Busaniche dispuso la prisión preventiva del cuarto policía detenido.
