«Trabajé casi 20 años y quiero poder jubilarme», dice Myriam Auyeros, secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) Rosario. Este lunes 8 de marzo, desde las 17, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, organizaciones de todo el arco feminista de la ciudad convocan a una marcha desde plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera. Las trabajadoras sexuales integrarán una de las columnas, con su habitual consigna: «Las putas también paramos».
Además de sumarse a la condena general de los femicidios y travesticidios que se cometen en la Argentina, uno de los reclamos fuertes y específicos de Ammar es el reconocimiento de sus derechos sociales y laborales, justo cuando se cumple un año de la pandemia, que fue especialmente dura para las trabajadoras sexuales.
«Les digo a las chicas que aprovechen la juventud que se gana muy bien pero tiene fecha de vencimiento. Por eso queremos que se nos reconozca la jubilación. A cierta edad no podés trabajar más, por la cabeza y todo. Yo pasé muchos inviernos en las calles y te quedan secuelas. Al no ser reconocidas no tenemos jubilación ni obra social, no tenemos donde atendernos. Queremos una buena calidad de vida y ser reconocidas como cualquier trabajador», dice Myriam.
La líder de Ammar Rosario tiene 58 años, hace más de una década dejó el oficio y se dedica al trabajo sindical y territorial. Cuenta que siente admiración y fascinación con la libertad con la que se mueven las generaciones más jóvenes y recuerda los tabúes de sus primeros años de trabajo.
Myriam se siente muy contenta de generar espacios de atención en Ammar, de aprendizaje de derechos, de prevención de enfermedades, talleres sobre violencia contra las mujeres y derechos humanos en general. Los llama «talleres de empoderamiento».
«Tenemos que conocer la historia vieja, lo que queremos hoy y cómo va avanzar Ammar», sintetiza. «Veo chicas jovencitas con su forma de pensar, donde dicen: soy puta feminista, soy gorda, soy lesbiana, soy trabajadora sexual. Y digo: faa qué hermoso es esto. Es lo que quería decir yo en esa época y no se me dejaba hablar. Hoy hay chicas universitarias a las que les gusta el trabajo sexual. Cuentan y dicen cosas que son todo lo que yo pasé de joven. Hay que aggionarse en la juventud y darle para delante», plantea.
Auyeros también puede dar cuenta de uno de los aspectos más difíciles de su trabajo, dos décadas atrás, cuando la Policía las llevaba detenidas a la sede de la División de Moralidad Pública. Las detenciones incluían golpes, abusos y podían durar días. Por entonces, Sandra Cabrera era la secretaria general del sindicato. Hizo reiteradas denuncias contra la Policía santafesina hasta que el 27 de enero de 2004 recibió un tiro en la nuca. La última denuncia la había hecho tres días antes. Auyeros era una de sus compañeras. El crimen de Sandra sigue impune. Y también siguen los abusos.
Gabriela Hemela, secretaria Adjunta de Ammar, da cuenta de la persecución policial. Especifica que a partir de las restricciones de circulación por la pandemia de coronavirus, el 2020 fue un año muy duro en cuanto a detenciones en la vía pública.
«La policía tomó represalias contra muchas compañeras. En uno de los casos, una compañera trans llegó a estar un mes detenida. Intervinimos desde el sindicato con su abogado porque la querían procesar por estar trabajando en la calle durante aquellos días, cuando estaba restringida la circulación. Ella tiene una situación económica muy vulnerable y al no tener garantizados derechos laborales y sociales nos la tenemos que rebuscar como podemos y nuestro trabajo es en la vía pública. A ella la detuvieron por estar en la calle, por ser trans y por puta», relata.
Hemela sostiene que durante la pandemia hubo muchas situaciones de abuso policial que incluyeron golpes, detenciones, robo de pertenencias y amenazas. «Estos episodios hacen que después las compañeras no se animen a denunciar. Es en el poder judicial y la policía donde está la violencia institucional. Es entendible no querer denunciar porque tienen miedo de terminar como nuestra compañera hace 17 años», señala. Muchas trabajadoras sexuales fueron víctimas de desalojos en pensiones o departamentos alquilados, lo que expone el nivel de precarización económica al que muchas están expuestas.
Ammar trabaja de forma activa en 17 provincias argentinas y contiene alrededor de 2.000 personas -la gran mayoría son mujeres- afiliadas. Están dentro de la estructura de la CTA de los Trabajadores. Uno de los proyectos que están trabajando para presentar a legisladores nacionales es el de darle un marco legal al trabajo sexual.
Por otra parte, desde el sindicato también buscan que haya una reparación histórica hacia las trabajadoras que padecieron los años de persecución de Moralidad Pública: «Antes te veían en la calle, te levantaban y te dejaban muchos días sin contacto con la familia ni nadie. La violencia institucional que existía entonces era mucho más fuerte. Queremos que la provincia reconozca a estas trabajadoras».
Este 8 de marzo, como los últimos, Ammar marcha con todo el arco de partidos y organizaciones políticas, sociales y feministas. Sin embargo, en la sociedad y en el mismo movimiento hay cierto estigma sobre su trabajo.
«Es algo que mezclan muchas abolicionistas, hablan de trata cuando se habla de trabajo sexual. Estamos en contra de la trata, por supuesto. Pero no somos nosotras las que tenemos que resolverlo sino el Estado. Nosotras trabajamos de forma autónoma, independiente y por decisión propia. Lo ejercemos libremente y no es violencia, simplemente es tan moralista la idea detrás de todo esto», expresa Hemela, y de inmediato resume: «El trabajo sexual es trabajo desde que el mundo es mundo y ese estigma y prejuicio se tiene que caer».
Diversidad funcional, terapia y asistencia sexual
Otra de las consignas de Ammar es el reconocimiento profesional de las trabajadoras sexuales en la asistencia a personas con discapacidad o diversidad funcional.
Desde el sindicato emitieron un comunicado donde abordan el tema: «Cada vez son más las personas con diversidad funcional (física o psíquica) que reclaman el poder recibir algún tipo de asistencia con el fin de poder disfrutar de una sexualidad plena y placentera».
Consideran que éste es un tema que sigue siendo tabú -«se niega, se silencia se anula»- y que se han creado asociaciones o programas para asistirlos. Sin embargo, piensan que este trabajo debería ser reconocido como profesional y no como un voluntariado.
Desde Ammar hablan del derecho al placer y al goce sexual. Muchos discursos que circulan en la sociedad tienden a infantilizar a personas con diversidad funcional y niegan así algo constitutivo de la condición humana. «Cuando se etiqueta a las personas a partir de la dicotomía capacidad o incapacidad, se les clausura la posibilidad de afirmarse como sujetxs sexuados y, con ellxs, plenxs. Algunxs cuerpos son leídos como erróneos a partir de una definición del ser humano fundada en un ideal, y quienes se alejan de ese ideal son inferiorizadxs y menospreciadxs», plantean en el comunicado y sostienen: «Se lxs infantiliza continuamente y se los piensa solamente como objeto de cuidado».
Auyeros cuenta que, en sus años de trabajo, esto también sucedía pero que era más tabú que ahora incluso. «Se trata del derecho al goce pero también cuando una tiene buen trato el cliente quiere tus charlas y tus caricias. No es sólo sexo lo que necesita el cliente, necesita ser escuchado. Hay hombres que han tenido 30 años de matrimonio y cambian su sexualidad. A veces lo hablan en una habitación de motel y no en terapia. Lo hablan con alguien que sabe escucharte. De sexualidad se aprende un montón en la calle o en la noche, te hacés especialista en sexualidad», concluye.
