La magistrada Andrea Mondelli, del Juzgado Civil y Comercial 1ª, ordenó el último jueves el desalojo del inmueble de Alem 2967, que desde hace siete meses está ocupado por los 55 trabajadores del hoy desaparecido laboratorio Apolo, quienes tomaron el lugar con la idea de formar una cooperativa para continuar con la actividad, después de que los dueños de la firma se esfumaran de un día para el otro. Los trabajadores quieren producir suero hospitalario, y para recaudar los fondos necesarios que les permitan poner en marcha la iniciativa montaron un lavadero de automóviles y un emprendimiento de servicio de catering para empresas.
“Lo de la jueza fue un acto de irresponsabilidad, no ocurrió una tragedia de casualidad; nos mandó a la Infantería y el gerente anterior se presentó con 35 personas, algunos ex empleados para ingresar al edificio. Pudo haber sido una batalla campal”, se lamentó ayer en diálogo con El Ciudadano Alejandro Alegre, uno de los voceros del grupo.
El martes, audiencia
La jueza Mondelli citó para el próximo martes, a las 11, a las partes para llegar a un acuerdo: por un lado, los empleados de Apolo que sueñan con la cooperativa; por el otro, los propietarios de la firma que reaparecieron en los últimos tiempos luego de haberse esfumado sin más.
“Nosotros tenemos el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para conformarnos como cooperativa los 120 empleados. Van a certificar y avalar que estamos en formación y que nuestra acreencia asciende a un poco más de 12 millones de pesos. Lo único que debe hacer la jueza es decretar la quiebra de la empresa, porque esta gente no tiene el respaldo para hacerse cargo. También contamos con el apoyo de las empresas recuperadas como Mil Hojas, La Cabaña, Lavadero Virasoro, Cooperativa de Viviendas Rosario y Cooperativa de Herramientas Unión; ellos también nos acompañarán el martes y veremos qué resuelve la jueza. Nosotros contamos con las herramientas y las condiciones como para comenzar como cooperativa dentro del marco legal. Podríamos ponernos a producir suero ya”, explicó Alegre.
Abandono
El laboratorio fue fundado hace 38 años por los hermanos Antonio, Rafael y Francisco Iudica, quienes lo vendieron en 2005 ante la imposibilidad de continuar con la producción. Lo compró un empresario de Buenos Aires, Juan Manuel Salinas, quien desde abril pasado “no dio más señales de vida”.
“Al laboratorio querían vaciarlo; de hecho lo hicieron, porque no dejaron plata, no invirtieron un centavo en la planta, hay problemas judiciales. Éste es el laboratorio más grande a nivel nacional, el único que exporta, tiene una ganancia mensual de 2,5 millones de pesos”, detalló otro de los referentes, Raúl Oliveros, quien explicó que el anterior dueño, (Juan Manuel)Salinas, dejó a un familiar como gerenciador, Norberto Louzao. “Este hombre nos ofreció pagar sólo dos meses y dos aguinaldos como parte de pago, en 24 cuotas y recién cuando la empresa esté en funciones; es algo totalmente inviable”, aseguró.
Apolo era el único laboratorio que producía las llamadas soluciones especiales, utilizadas en las emergencias, como bicarbonato, ringer lactato (se utiliza para las embarazadas al momento del parto), cloruro de potasio y manitol.
Sin apoyo gremial
Los trabajadores apuntaron también contra Ramona Robles, secretaria general de Atsa Santa Fe, a quien responsabilizan por haberlos dejado sin obra social. “El mismo sindicato, que debería defendernos a nosotros, nos dejó solos, nos cortó la obra social cuando comenzamos la lucha. Es el mismo sindicato que pidió la quiebra del laboratorio por un millón y medio de pesos; ¿eso es cuidar la fuente laboral?”, se preguntó Oliveros.
Los 55 trabajadores que continúan con la toma del laboratorio iniciaron los trámites para conformarse como cooperativa, que incluye a los 120 empleados que había al momento del abandono de la empresa.
“Estábamos en la vía legal hasta que la doctora María Andrea Mondelli libró una orden autorizando a los antiguos dueños a ingresar a la planta para hacer las refacciones correspondientes para comenzar a trabajar, después de siete meses de abandono absoluto. Esta gente presentó un proyecto en Tribunales donde no contempla hacerse cargo de la deuda de siete sueldos y cuatro aguinaldos que mantienen con todos nosotros. A pesar de eso, la jueza Mondelli les devuelve la empresa a esta gente y les permite el ingreso con nosotros adentro, lo que es una clara medida de provocación; por eso, la reunión del martes será clave para nuestro futuro”, concluyeron.
