Trabajadores suspendidos de General Motors viajarán el jueves al Ministerio de Trabajo de la Nación para pedir la anulación del convenio firmado entre la empresa y el sindicato Smata y denunciar las lesiones derivadas del trabajo en la automotriz. Serán acompañados por concejales de distintos bloques, tras la reunión que tuvieron anteayer en el Concejo. Desde la cartera laboral no confirmaron la presencia del ministro Jorge Triaca en el encuentro.
“Vamos a denunciar este acuerdo ilegal que nos deja en la calle. En el Ministerio de la provincia se declararon incompetentes y en la sede local del Ministerio de la Nación nos dijeron que no habían presentado nada. Por eso, viajamos a Buenos Aires porque el acuerdo que firmaron la fábrica y el sindicato fue presentado allá”, señaló Diego Arrascaeta, uno de los 350 suspendidos.
El trabajador cuestionó la postura del gremio e insistió con que la medida es un despido anticipado. “La excusa de la baja de ventas a Brasil se contradice con el aumento de producción en la fábrica de motores que se exportan a Europa. En ese sector tuvieron que trasladar más personal y hacerlos trabajar horas extra”, contó el trabajador.
Además de pedir por las fuentes laborales, los trabajadores denuncian que las tareas en la automotriz provocaron lesiones osteomusculares en un gran porcentaje de los empleados, en particular en las zonas de muñeca, codo y hombro. “De las 8 personas que trabajan en mi sector, hay 6 con lesiones en el cuerpo. Esto se debe a las posiciones poco ergonómicas y al trabajo repetitivo a un ritmo alto. El problema es que a una persona que tiene un grado de invalidez se le complica después reinsertarse en el mercado. La empresa genera empleados descartables”, explicó Diego y aclaró que la situación se agravó a partir de las suspensiones. “La fábrica aprovecha la disminución de la producción, que no es tan significativa, para aumentar el ritmo de trabajo de los que siguen en la empresa. Esa situación genera más lesionados”, agregó.
Otro de las cuestiones tiene que ver con la pérdida de la cobertura médica para aquellos suspendidos que no estén afiliados al gremio Smata. “La empresa no hace aportes jubilatorios ni de obra social cuando debería darle prestación a todos los suspendidos”, señaló el trabajador.
Concejo solidario
El edil Carlos Comi, entre otros concejales, acompañará a los trabajadores a la audiencia en la cartera laboral nacional. “La única forma de resolver este conflicto es que intervenga la Nación y le pida a la empresa que retrotraiga la decisión. Macri anunció un plan de apoyo a la industria automotriz con 5 mil puestos de trabajo. Sería bueno que comience con la suspensión de estos despidos”, expresó Comi y reiteró el pedido para que la provincia y el municipio se abstengan de comprar vehículos fabricados por la empresa.
“Hay solidaridad de parte de todos los concejales, pero es una decisión que tiene que resolver la Nación”, concluyó.
