Los trabajadores y las trabajadoras de la tabacalera Bronway volvieron a manifestarse este viernes frente a los Tribunales Federales de Entre Ríos y Urquiza en defensa de sus puestos de trabajo. Son 200 empleados directos los que cumplen tareas en la firma, que fabrica cigarrillos de precios económicos como las marcas Pier y Dolchester, pero hay más de 1.500 puestos indirectos que se ven afectados. Según explicaron desde la Cámara que agrupa a las pequeñas tabacaleras, el problema es que las pymes necesitan que los impuestos que pagan se fijen de acuerdo con el precio del tabaco que venden en el mercado, pero en la actualidad esa medida está armada de acuerdo con los valores de multinacionales que venden el atado de cigarrillos al doble. En todo el país, hasta que el fondo de la cuestión se resuelva, las pymes producen gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia. En Rosario, esa cautelar se logró a fines de diciembre, pero, según explicaron desde la Cámara, para que se haga efectiva la Justicia debe fijar un monto ante la posibilidad de que la Afip sufra algún perjuicio. El problema es que esa contracautelar fue fijada en 2 mil millones de pesos, cifra que para la empresa es imposible alcanzar. Si no se resuelve, la pyme no logra obtener las estampillas necesarias para poder comercializar sus productos.
“Estamos de nuevo acá, manifestando por los puestos de trabajo. Nos dieron la cautelar, pero la Justicia fijo una contracautela por 2 mil millones, cuando al resto de las empresas se la fijaron en 500.000 pesos. La Justicia nos volvió a trabar”, sostuvo Alejandro Torrisi, delegado de los trabajadores.
“No podemos trabajar por falta de instrumentos fiscales, así que estamos manifestando. Ya intentamos por varios medios, pero no obtenemos respuestas que nos permitan seguir con nuestro trabajo. Los jueces tienen la solución en sus manos para que 200 familias podamos seguir trabajando, como se merece cualquier argentino. Nos quedamos acá el tiempo que sea necesario porque nada es más importante que nuestro trabajo”, destacó.
El conflicto
Desde la Cámara que nuclea a las pymes del sector –Canet– explicaron que todas las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de cigarrillos de bajo costo tienen un problema común: a partir de la reforma de la ley de Impuestos Internos gestionada en el gobierno de Mauricio Macri se impuso un mínimo que se va actualizando. Es decir, las tabacaleras tienen que pagar determinado monto de impuesto interno.
Antes ese cálculo tenía que ver con la marca más vendida, que siempre era Marlboro. Es decir, si un paquete de esta marca costaba 300 pesos, el impuesto interno era el 70 por ciento de ese precio. Es decir que por debajo de ese costo nadie podía vender. Cuando Macri llegó al poder modificó esa ley y le puso un mínimo que se va actualizando. Si las pequeñas y medianas empresas pagaran lo que dice la ley no podrían producir cigarrillos al costo que los venden. Indicaron además que las pymes no pueden pagar los impuestos según esa ley porque de ser así cerrarían y el monopolio ocuparía el 100 por ciento del mercado.
Y detallaron que la mayoría de los jueces lo entendieron así. “Existen varios juzgados federales en la Argentina y Tribunales superiores que ya declararon la inconstitucionalidad de la ley, que es la 27.430, con lo cual la cuestión está zanjada. Pero antes de que eso sucediera las empresas venían trabajando con medidas cautelares otorgadas por la Justicia para garantizar del derecho al trabajo y la igualdad ante la ley”. En Rosario, esa medida se logró la última semana del 2022 y rige por tres meses. Sin embargo, el monto fijado para la contracautela es tan alto que lo deja fuera de su alcance.
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Además, los trabajadores exigen que las autoridades locales tomen urgente el tema ante la seria chance del cierre de dos empresas de la región.
Por su parte, desde la Afip dijeron en un comunicado que las medidas referidas a los impuestos internos sobre determinadas actividades productivas busca asegurar la equidad tributaria y la correcta distribución de los fondos especiales creados con el fin de asistir la generación de recursos, trabajo y el desarrollo social en algunas regiones del país.
En este sentido, el organismo tributario marcó que el cumplimiento de la normativa vigente “no es materia de debate”, y que la entrega de estampillas para la venta de cigarrillos está supeditada al pago del impuesto interno correspondiente. “Algunas empresas que han condicionado ese pago recurrieron a la Justicia, mientras que otras se adecuaron a las obligaciones y hoy funcionan con normalidad. Quienes se encuentran al margen de la ley no están en situación de reclamar el mismo tratamiento que reciben quienes cumplen con las obligaciones impositivas”, marcó la Afip.
“Las medidas adoptadas en las últimas semanas por este organismo, destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley de Impuestos Internos en la industria del tabaco, buscan cumplir estos objetivos y cuidar los más de cien mil puestos de trabajo que el sector genera en nuestro país”, completó el organismo.
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