Por El extremo sur de La Patagonia
La tensión entre el sector petrolero y la sociedad comodorense tiene raíces históricas, aunque pocas veces alcanzó el grado de violencia exhibido el miércoles 4 de septiembre si se exceptúan las tomas de Termap y Cerro Dragón. Muchos han tratado con prejuicios y discriminación a quienes se desempeñan en la industria del petróleo, y más todavía a los trabajadores de «boca de pozo». Hasta fines del siglo pasado el resquemor se dirigía hacia quienes se desempeñaban en YPF. Hoy la tensión se manifiesta con el gremio de base cuyos afiliados trabajan para pymes que dependen de las grandes operadoras multinacionales.
Ni vencedores, ni vencidos. Ni humillados, ni perseguidos. Lo que pasó en la rotonda de las rutas 3 y 26 de Comodoro Rivadavia a las 3 de la mañana del miércoles 4 de septiembre de 2019 no se olvidará fácilmente.
El desalojo violento del que fue objeto un puñado de estatales que obstruían el acceso al yacimiento de Cerro Dragón que opera PAE encontró un repudio unánime y expeditivo, ya que apenas 15 horas después se inició la marcha más multitudinaria de la que se tenga memoria en la «capital del petróleo».
Más de 30 mil personas rechazaron así la violencia ejercida por encapuchados ligados al gremio de los petroleros de base, el mismo que seis días antes había encabezado su propia movilización para pedirle al gobierno de Mariano Arcioni que hallara una solución para que sus afiliados pudieran volver a trabajar; ya que de lo contrario estaban dispuestos a «pasarles por encima» para preservar sus empleos y sus ingresos.
Todo empieza con YPF
El petróleo y Comodoro son inseparables desde comienzos del siglo pasado. Todos conocen la historia oficial de José Fuchs y Humberto Beghin buscando agua y hallando casi de casualidad lo que luego sería el «oro negro». Otras investigaciones señalan que ese relato mítico encubre una competencia feroz entre empresas privadas y el Estado argentino que sabían muy bien lo que buscaban. En esa oportunidad al menos ganó el Estado.
Los campamentos que luego se transformaron en barrios son parte entrañable de la historia de la ciudad, que creció al ritmo de las cigüeñas que perforaban día y noche lo que todavía constituye un rico subsuelo; aunque Comodoro nunca se haya convertido en Texas sino en una población con infinitos problemas sociales.
La visión de Enrique Mosconi fue uno de los hitos del desarrollo. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar su visión autoritaria, la de un hombre formado en el Ejército que impedía la agremiación y hasta la crítica periodística. De eso supo dar cuenta brillantemente Asencio Abeijón, el gran cronista de aquella época, despedido por Mosconi con la frase «algo habrá escrito».
Los obreros tenían un sueldo digno y las necesidades básicas aseguradas. Que no pidieran más, pensaba Mosconi. La redistribución de la riqueza era cosa de «comunistas» que no tenían cabida en los planes del general que motorizó a YPF como el centro neurálgico de la región.
El posterior «boom» que se produjo durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-62) también se dio en un contexto nacional represivo, cuando el peronismo estaba proscripto y no había posibilidades de agremiación, pese a que desde 1944 existía el Sindicato Único Petroleros del Estado (SUPE) que recién adquirió importancia en 1973 cuando el peronismo volvió al poder.
Por cantidad de afiliados SUPE siempre fue más influyente que el gremio de los privados y por ello sus vínculos con la sociedad eran mucho más importantes.
Todos conocían a alguien que trabajara en la empresa estatal y para una gran parte de los que ingresaban al mercado laboral la meta era ser parte de esa compañía que garantizaba prestaciones impensadas en otras firmas.
El privilegio incluía pasajes aéreos anuales -o su importe en nafta- para vacacionar; atención en un hospital de avanzada como el Alvear y centro de compras -a descontar por planilla- en la gran proveeduría ubicada en Km. 3; en lo que hoy es el CERET.
Esta particularidad generó una vieja grieta entre los los ypefianos y el resto. Creaba una tensión social y económica entre los petroleros y los que no lo eran. Pertenecer a YPF otorgaba prerrogativas que estaban vedadas al resto. Surgían así sentimientos negativos y cercanos al resentimiento en numerosos comodorenses hacia aquellos que los aventajaban claramente.
Nuevos actores
Cuando durante el gobierno de Carlos Menem la empresa fue privatizada muy pocos salieron a la calle a protestar y los representantes locales en el Congreso votaron a dos manos el desguace que traería aparejado, por ejemplo, el decaimiento del Hospital Alvear.
SUPE tampoco hizo mucho para oponerse y rápidamente pasó de 23 mil a 5.600 afiliados. Sus dirigentes se convirtieron con el paso del tiempo en meros rematadores de los numerosos inmuebles que supieron adquirir a lo largo de su historia.
Hace tres décadas eran mayoría los comodorenses que consideraron que iba a ser positivo para la ciudad la reconversión de los estatales petroleros en taxistas, comerciantes o cooperativistas. El relato neoliberal prometía un derrame que nunca se produjo, y a muy pocos les fue mínimamente bien.
Por las buenas o por las otras
Aunque data de la década del ’60, el auge del sindicato de los petroleros privados que hoy conduce Jorge Ávila se produjo en este siglo, con la llegada al poder de Néstor Kirchner y el aumento geométrico que se registró en la cotización del crudo.
Hasta entonces había existido cierto vínculo entre su dirigencia sindical y la política, pero no con la intensidad con que se exhibe desde entonces hasta estos días.
Mario Evaristo «Chorizo» Quinteros fue en 1989 candidato a diputado nacional por el menemismo, secundando a José Manuel Corchuelo Blasco. Estuvo a punto de ingresar al Congreso. Hoy preside el centro de jubilados de los petroleros privados y es candidato a concejal en la lista que postula para intendente a Juan Pablo Luque.
Cuando se jubiló, Quinteros fue sucedido en la conducción gremial de los trabajadores de base por Francisco Reynoso, un dirigente opaco tanto en ese rol como al frente de la delegación de Trabajo que ocupó durante el primer gobierno de Mario Das Neves.
Fue Mario Mansilla quien recibiría el guiño del gobierno nacional para avanzar con potentes demandas hacia las operadoras para que mejoraran sueldos y condiciones de trabajo, pateando canillas y estimulado por el mismísimo Kirchner.
En ese marco se produjo la toma de TERMAP en el puerto de Caleta Córdova en octubre de 2005. No se caracterizó precisamente por los buenos modales y exhibió grandes dosis de violencia, pero dejó como saldo importantes conquistas para los trabajadores.
El gremio recibió entonces un notable espaldarazo y sus métodos comenzaron a ser vistos con recelo por una parte de la sociedad, acostumbrada a protestas sociales de estatales que iban de lunes a viernes, en horarios de oficina y respetando los fines de semana.
La renovada grieta
El nuevo «boom» petrolero contribuyó a la división porque esta vez -a diferencia de los años 60- hubo una consecuencia económica negativa para quienes no se desempeñaban en la industria del petróleo. La desigualdad era evidente, y se reflejaba en los costos de los alquileres y de los alimentos, que unos podían pagar y otros no.
En paralelo, el Estado provincial priorizaba la absorción de empleados -sobre todo en el Valle- por sobre las mejoras salariales propias y surgían nuevos actores decididos a exigir algo sustancial de la parte del león. Así ocurrió con los poderosos «Dragones», por ejemplo.
Paulatinamente, las disputas se trasladaron a calles y rutas de Comodoro involucrando a toda la sociedad, que encontró en las redes sociales un canal para manifestar sus críticas contra quienes se habían convertido en amos y señores de las calles en medio de una sociedad desmovilizada. Por eso el gremio petrolero resultó tan atractivo para la clase política, que prácticamente no puede convocar a ninguna multitud si no es con el auxilio sindical.
Más de un ciudadano se sintió humillado cuando algún sujeto con el rostro cubierto y un objeto contundente en la mano lo detenía para verificar que no llevara a ningún trabajador petrolero al yacimiento.
Discriminación y xenofobia
Claro que las desigualdades y las formas de protesta y comunicación generaron como contrapartida la exhibición de dosis importantes de xenofobia y racismo hacia los petroleros.
La reacción discriminatoria surgió de una crítica hacia quienes utilizan la fuerza como método expeditivo para sumar conquistas, pero también del resentimiento hacia quienes obtenían rentas muy relevantes a partir de su trabajo.
Paradójicamente, se extendió la discriminación de los que ganan menos
-maestros, empleados de comercio, etc.- hacia los petroleros que ganan mucho más, en un dispositivo invertido. Contradictoriamente, todavía en la actualidad son más los que dejarían de buena gana los libros si se les presenta la opción de ser parte de una actividad en la que los sueldos no son nada despreciables aunque hay que poner literalmente el cuerpo.
Mientras la inacción del Estado resultaba más que obvia, el sindicato -que pasó de las manos de Mansilla a las de Ávila, quien construyó una estructura más poderosa todavía- encontró espacio creciente en la política de Comodoro y de la provincia. Por ejemplo, el ex secretario de prensa Carlos Gómez iniciará en diciembre su cuarto mandato como diputado provincial.
A él se le sumarán en la Legislatura hasta 2023 el propio Mario Mansilla -será su segundo mandato, primero por el dasnevismo y ahora por el kirchnerismo-; el abogado del sector Juan Horacio Pais y Emiliano Mongilardi, responsable de la mutual del gremio.
Tampoco se puede desconocer la influencia que ejercieron los petroleros en los gobiernos de Das Neves, Martín Buzzi y Néstor Di Pierro. De hecho, una alianza entre ellos hizo posible la nueva Ley de Hidrocarburos que hoy representa para Comodoro mayores ingresos por regalías.
El crecimiento de la ciudad siempre dependió de la actividad petrolera, que también sintió con intensidad los efectos de la política de ajuste que aplicó Mauricio Macri en los últimos años.
Pese a aquella movilización con la que lo recibió el sindicato de Avila, el 28 de diciembre de 2015, la relación de fuerzas hasta el último 11 de agosto dejó secuelas en la industria, donde hubo retiros forzados, recortes en beneficios y no pocos despidos.
Estado ausente
En eso estaban cuando le estalló la crisis de los estatales a la administración de Arcioni, quien había ganado la reelección en gran parte por el apoyo del sindicato petrolero, más allá de que luego pretendiera desconocerlo cuando lanzó -sin consultar con nadie- su propio precandidato a diputado nacional.
Los lamentables hechos del 4 de septiembre se produjeron mientras el gobierno delegaba en el «sheriff» Federico Massoni una solución que nunca llegó y la diputada Viviana Navarro mandaba a los empleados públicos a cortar los accesos a Aluar.
«Somos solidarios, no boludos», dijo Carlos Gómez en un rapto poco feliz pero
rabiosamente realista. Nuevamente parecen quedar de un lado los petroleros y del otro todos los trabajadores que no lo son. En realidad, la clave es separar al grueso de los trabajadores petroleros de aquellos -probablemente un puñado- que son partidarios de utilizar la violencia como solución a cualquier conflicto.
La gran mayoría de la sociedad -y de los trabajadores en general- apuesta a regirse por normas de convivencia que prioricen el diálogo y el respeto de las leyes por sobre cualquier plus salarial por presentismo o el aprieta para no perder privilegios.
Claro está que el Estado debe garantizar la vigencia de esas leyes, y no huir de sus responsabilidades como hizo en la madrugada del 4 de septiembre, cuando dejó una «zona liberada» al mejor estilo del terrorismo de Estado.
Si en esas horas no se produjo una tragedia fue por factores completamente ajenos a la vigencia del estado de derecho. Tal vez ocurrió por simple casualidad, o por un instante de lucidez que iluminó a los propios encapuchados.
