Los trabajadores del Registro de la Propiedad de la provincia de Santa Fe resolvieron este jueves en una asamblea continuar el paro de actividades que iniciaron el 15 de febrero ante el despido de 55 empleados por parte del Gobierno provincial, que descontará del salario los días no trabajados a quienes adhieran a la protesta, informaron voceros gremiales.
Así lo expresó el trabajador Javier Ferreyra, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quien justificó la decisión de la asamblea de proseguir con el reclamo porque les «asiste tanto la razón como la justicia».
«Hay 55 compañeros que ya habían pasado a planta (permanente), estaban cobrando el sueldo y fueron echados. Son jóvenes y están en situaciones muy vulnerables, con niños y son sostén de la casa» en la que habitan, indicó Ferreyra.
Además, contó que los demás trabajadores del área «están apoyando» el reclamo y la medida de fuerza, «aun cuando fueron amenazados con el descuento de los días de paro», indicó.
La Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía notificó este miércoles tanto a ATE como a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que, «de persistir la medida de fuerza adoptada por los trabajadores del Registro General de la Propiedad Inmueble, se procederá a realizar el descuento de los días no trabajados por los mismos».
El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, consideró este miércoles que los despidos no fueron tales, «porque estas personas -sostuvo- no son empleadas de la provincia».
Bastía fundó sus dichos en que «hubo una resolución del Tribunal de Cuentas de Santa Fe que observó esas designaciones porque no están acreditados los vínculos contractuales con el Estado provincial».
«Hoy hay un paro de personas que son empleadas del Registro de la Propiedad, que son trabajadores de la provincia, que no tienen ningún motivo para estar de paro; inclusive en pleno proceso paritario. En todo caso, están haciendo un paro por personas que pretendían ser empleados de la provincia. El Tribunal de Cuentas observó que no lo son», sostuvo el funcionario.
Los trabajadores y los gremios sostienen que las 55 personas cesanteadas fueron pasadas a planta permanente en noviembre de 2023.
ATE presentó un recurso de revocatoria contra el decreto 108/24, que instrumentó los despidos, al considerar a ese acto administrativo «ilegítimo y violatorio de derechos garantizados por la Constitución Nacional» por una «afectación directa a la negociación colectiva».
El texto señaló que los trabajadores cesanteados venían «prestando servicios de manera continua e ininterrumpida en el Registro General» y «se les reconoció, finalmente, su derecho a la estabilidad laboral» de acuerdo a la ley, la Constitución provincial y la Nacional y al acta número 2/23 de la Comisión Paritaria Central.
El texto de ATE afirmó que existe una «carencia de motivación para su revocación» y que el decreto del gobernador, Maximiliano Pullaro, implicó una «afectación de la negociación colectiva», al tiempo que le endilgó «vicios de procedimiento por violación al derecho de defensa y debido proceso».
