Los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli y de otras empresas en crisis de Firmat harán este martes una movilización en el cruce de las rutas 93 y 33, el principal acceso de la ciudad. Protestarán por la crítica situación que atraviesan desde diciembre. A cada operario de Vasalli le deben 80 mil pesos en sueldos adeudados. El viernes pasado los 500 empleados habían acordado que levantaban las medidas de fuerza si les depositaban al menos 15 mil pesos, pero el dinero nunca apareció.
La jornada de lucha empieza este martes a las 9 en la puerta de las fábricas Vassalli y Rega, otra planta donde se fabrican bulones y ejes que está en crisis y tiene a 35 trabajadores a la espera de una solución. “La situación es más que crítica. No se trata sólo de una deuda salarial. La crisis de Vassalli pone al borde del colapso a toda la ciudad”, explicó Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según prometieron desde el sindicato, la protesta durará todo el día y habrá una conferencia de prensa a las 12.
En la última audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia la empresa Vasalli se había comprometido a pagar en efectivo después de que todos los cheques entregados fueran rechazados. Según el responsable legal de la fábrica los pagos rebotaron porque las cuentas bancarias están embargadas. El viernes los empleados comunicaron que no iban a tomar medidas de fuerza si depositaban 15 mil pesos a cada uno. Sin noticias de pago, este lunes definieron hacer la medida de fuerza.
En desgracia
La fábrica Vassalli fue fundada en 1949 por Roque Vassalli cuando trasladó su taller de reformas de maquinaria agrícola desde Cañada del Ucle a Firmat. Armó una planta modelo que se transformó en polo de desarrollo tecnológico y productivo a escala nacional. En la actualidad, está en manos de tres distribuidores cordobeses que compraron el 75 por ciento. El 25 restante quedó en manos de la familia Vassalli.
A fines del año pasado los nuevos dueños anunciaron la crisis. Dijeron que se remonta a 2014 y tiene origen en la caída de un contrato con Venezuela para la producción y venta de 250 cosechadoras. La firma hizo un pedido al Ministerio de Producción nacional de un proceso preventivo de crisis. Informó un plan de diversificación de la producción para hacer frente a un contexto que incluye deudas por más de 180 millones de pesos y para ponerlo en práctica anunció que debía echar a 200 de los 500 trabajadores. El fin de 2017 llegó con los primeros 52 telegramas de despidos y estalló el conflicto. La noticia excedió el ámbito sindical porque puso en jaque a la ciudad de 25 mil habitantes.
El 17 de enero hubo un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Los 200 despidos se redujeron a 51 retiros voluntarios. Cada uno de los empleados que aceptó la opción debe cobrar el 75 por ciento de la indemnización en dos cuotas mensuales de 2.500 pesos que aporta la provincia y el subsidio por desempleo de Nación ampliado. El acuerdo vence el 31 de septiembre. Hasta esa fecha, la empresa no puede despedir a ningún trabajador.
