Trabajadores de General Motors se convocaron en la mañana de este lunes frente a las puertas de la sede social Ministerio de Trabajo de la Nación para pedir la nulidad del acuerdo por el que la empresa suspenderá 350 trabajadores por 9 meses. Cuestionaron la legalidad del documento ante la falta de homologación en la cartera laboral. Mediante la presentación de 90 petitorios, solicitaron que las suspensiones sean rotativas y que se tengan en cuenta criterios de antigüedad. Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines de Transporte Automotor (Smata) sostuvieron que el acuerdo fue consensuado por los delegados de la fábrica, y aseguraron que el convenio evitó el despido de 400 trabajadores, tal como era la intención inicial de la empresa. En tanto, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación señalaron que no hubo ninguna presentación formal del convenio y aseguraron que la empresa no inició el procedimiento de crisis. En la jornada de este lunes, unos 200 trabajadores del turno mañana y otros 150 del turno tarde no pudieron ingresar a la planta de la vecina localidad de Alvear, tras enterarse en el momento de la efectividad de las suspensiones. Luego de una asamblea, que tuvo lugar por la tarde en la puerta de General Motors, los trabajadores resolvieron presentarse nuevamente hoy en la planta, ante la falta de notificaciones para la mitad de los suspendidos. El acuerdo, firmado por la empresa y Smata, prevé suspensiones por 9 meses y reduce el salario a la mitad para agosto de este año.
No pasarán
Sin telegramas, y luego de un aviso telefónico, los trabajadores de General Motors se presentaron este lunes en la planta automotriz de la vecina localidad de Alvear como todos los días. En el ingreso, un riguroso operativo de seguridad los estaba esperando. Con un listado y luego de presentar las credenciales, los trabajadores se fueron enterando si podían pasar por el molinete electrónico. Unos 200 del turno mañana y otros 150 de la tarde quedaron afuera y se enteraron en el momento que la suspensión era un hecho.
“No recibimos ningún telegrama. Nos avisaron de las suspensiones por llamadas telefónicas. El sábado las 2 mil familias que trabajan en General Motors estuvieron con el corazón en la boca para ver quién quedaba adentro”, describió uno de los empleados.
Ante la prohibición del ingreso, los trabajadores radicaron la denuncia en la comisaría de Alvear y luego se dirigieron hacia la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación a pedir la suspensión del convenio.
“Este acuerdo fue firmado a puertas cerradas con la empresa y Smata. No se informó a los trabajadores ni se los llamó a asamblea. Además, el acuerdo es ilegal porque no está homologado por el Ministerio”, continuó el trabajador.
Sin aviso
El jueves pasado General Motors dio a conocer de manera informal la suspensión de 350 trabajadores de la planta. La decisión de la empresa se basó en la caída de ventas de unidades en el mercado interno y a Brasil. A esto se sumó que la fábrica dejó de producir el Chevrolet Clasic y el Agile, reduciendo las líneas de ensamble al Chevrolet Cruze.
Los llamados de aviso a los empleados comenzaron a llegar el sábado. Una voz femenina les informaba que el lunes no debían asistir a los puestos de trabajo y que en el transcurso de la semana recibirían una notificación oficial. Los telegramas se hicieron esperar y en la jornada de ayer sólo algunos empleados fueron avisados formalmente.
“Solamente nos dieron una fotocopia del telegrama, donde nos informa que la suspensión rige desde el 10 de marzo al 30 de noviembre. A partir del 10 de diciembre la fábrica va a despedir sin causa, con el pago de una indemnización. Además pusieron a disposición un retiro voluntario para los suspendidos”, explicó otro de los trabajadores de la empresa.
El acuerdo firmado entre General Motors y Smata prevé el cese de actividades por 9 meses para cerca de 350 trabajadores de la empresa. Durante este tiempo percibirán un 80 por ciento del salario el primer trimestre, un 65 por ciento el segundo y un 55 por ciento los últimos tres meses.
Sin consenso
“El acta está viciada de errores. Pedimos la nulidad del acuerdo”, cuestionaron los trabajadores frente a la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación. Según explicaron, las suspensiones rigen desde el 10 de marzo, pero los empleados continuaron yendo a trabajar hasta el viernes 3. Además, la medida no se tomó de forma rotativa como sucedió en otras oportunidades.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con que el acuerdo no respeta la prioridad por antigüedad ni por familia. “Los primeros que deberían ser suspendidos son los de menor antigüedad. Eso no se respetó”, señaló uno de los trabajadores y aclaró que entre los suspendidos hay personas de entre 2 y 20 años de antigüedad.
En el mediodía de este lunes, los empleados acercaron 90 presentaciones a la sede ministerial, en las que declararon la nulidad del acuerdo y solicitaron volver a los puestos de trabajo. “Desde el Ministerio nos dijeron que el acuerdo no fue homologado y que General Motors no presentó procedimiento especial para dar lugar a la suspensión. Nos dieron un número de expediente para estudiar la situación”, advirtió el abogado que representa a los trabajadores, Sebastián Sancevich, y adelantó que van a pedir un paro general para resolver la situación.
“Vamos a formar un comité de huelga donde vamos a exigir que se tire abajo este acuerdo. Pedimos al gobernador y a los funcionarios públicos que nos apoyen. Le dieron 800 millones de pesos a la empresa y ahora están dejando más de 350 familias en la calle. La producción sigue igual. La crisis es una mentira que utilizan para seguir explotando”, manifestó uno de los trabajadores.
Luego de una multitudinaria asamblea en la tarde de este lunes, los trabajadores resolvieron reunirse nuevamente hoy en las puertas de la planta ante la falta de telegramas para la mitad de los empleados.
Sin homologación
Desde la cartera laboral nacional indicaron que la fábrica no realizó ninguna presentación formal del convenio y que desconocen los términos del acuerdo. “Recibimos a los trabajadores y a un delegado gremial que cuestionaron no conocer la situación laboral. Le brindamos asistencia laboral individual y les indicamos los pasos a seguir hasta que tengamos información veraz sobre el acuerdo”, explicó Verónica Solmi, desde el Ministerio.
La delegada advirtió que se comunicarán con el sindicato, quienes tienen la representación legítima de los trabajadores, y evaluarán el convenio en caso de que llegue para la homologación
El gremio defiende el pacto
Desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) desmintieron que el acuerdo no haya contado con el aval de los delegados y trabajadores de la fábrica y sostuvieron que la medida se da en un contexto de crisis del sector.
“La empresa amenazó con 400 despidos. Nos reunimos la semana pasada con el concejo directivo, las comisiones internas y los delegados y acordamos recuperar 50 puestos de trabajo y firmar 350 suspensiones. Tratamos de salvar la mayor cantidad de fuentes laborales posibles”, señaló Marcelo Barros, secretario general de Smata.
El dirigente advirtió que todos los operarios fueron avisados del convenio y que pese al desacuerdo de una minoría no es prudente lanzar una medida de fuerza. “La empresa quería despedirlos. Con el acuerdo, al menos, mantenés la fuente de trabajo por 9 meses más”, agregó.
Barros señaló que la fábrica invirtió 750 millones de dólares para expandir la planta, pero que el recorte se debe a una crisis que afecta a toda la industria automotriz. “De 17 autos por hora, ahora hacen 15. Tiene que venir otro producto nuevo para compensar los autos que no se producen más”, sostuvo el dirigente.
