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Trabajadores pobres en Argentina: complejidades socieconómicas detrás de los números oficiales

La foto de finales de 2021 muestra una mejora relativa en los indicadores, particularmente de empleo, pero en el análisis fino esa recuperación no garantiza la cobertura de necesidades básicas. Este año arrancó con condicionalidades poco auspiciosas para la integridad de los ingresos

Detrás de los últimos datos oficiales sobre desempleo y pobreza en Argentina se esconde la radiografía de una economía en la que buena parte de las personas que tienen un trabajo no logra reunir los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, son trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

Otra de las cuestiones que expone la profundidad de los números sobre empleo son las irregularidades que distinguen al mercado laboral local. Informalidad, precarización o subocupación determinan las características del trabajo en la Argentina y explican también por qué hay un importante número de trabajadores y trabajadoras que no llega a fin de mes.

Si bien los datos superficiales muestran una mejora en términos de desocupación respecto del final de 2020 y de 2019, no ocurre lo mismo al revisar la pobreza. En ese sentido, hubo una lógica mejora respecto de la segunda parte de 2020 (año castigado por la pandemia), pero los índices empeoraron respecto del segundo semestre de 2019. Desde ese entonces a este último dato el crecimiento del empleo fue de casi 12 puntos porcentuales (pasó del 25,5% al 37,3%).

Uno de los indicadores que refleja con claridad lo que pasa más allá de los números superficiales es el que visibiliza la brecha de la pobreza. Se trata de la diferencia que existe entre el ingreso promedio que reúne una familia y el valor de la canasta básica total. Durante el último semestre de 2021 este indicador se ubicó en 36,9%, y si bien cedió respecto del mismo período de los dos últimos años, permanece todavía en un nivel muy elevado.

Esto expone de manera gráfica las dificultades que genera la inflación en las familias argentinas, que incluso contando con ingresos laborales ven cómo cada vez es más difícil seguir el ritmo a los constantes reajustes de precios en alimentos y otros bienes y servicios. Según los últimos datos del Indec, la canasta básica promedio para un hogar pobre fue de 74 mil pesos, mientras que el registro indicó que en esos hogares el ingreso total estuvo cercano a los 47 mil pesos.

Lo que se conoció en las últimas semanas es apenas una foto panorámica de fines de 2021, con lo cual todavía resta ver cómo impactarán las dificultades que atravesó el país durante los primeros meses de este año, con niveles de inflación que todavía continúan en la curva ascendente ante los escasos reflejos por parte del gobierno, que no llegan a materializarse en el día a día.

Para este año, además, es insoslayable destacar las consecuencias económicas que pueden provocar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero también el hecho de que la Argentina comenzará a desandar el camino del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los esfuerzos por cumplir con los objetivos fiscales que establece el acuerdo, pueden no resultar gratuitos para la economía local.

Trabajadores pobres

En diálogo con El Ciudadano, la politóloga y coordinadora de la Usina de Datos de la UNR, Paula Durán, analizó el fenómeno de trabajadores que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza e indagó sobre la situación del mercado laboral.

“El aumento de alimentos y precios de servicios básicos hace que la brecha entre el ingreso promedio de la población y lo que necesitan para cubrir las necesidades básicas no se cierre. Los salarios van perdiendo poder de compra y van quedando bajo el umbral mínimo para no ser pobre; estamos cada vez más lejos de ese umbral”, explicó la especialista.

Por otra parte, detalló que si bien la referencia de canasta básica total que elabora el Indec es un dato estimativo, hay algunas cuestiones como el costo de alquileres, un tema más que sensible en estos últimos meses, que no están determinadas con precisión.

En ese sentido, deslizó: “La canasta básica es una estimación de los gastos totales, ahí figura el alquiler pero es un promedio, el valor está diluido entre aquellas personas que alquilan y las que no alquilan. Para los que no alquilan, el dato sobreestima, pero a la vez subestima para los que sí alquilan”.

El de la vivienda resulta ser uno de los asuntos más controversiales a la hora de analizar la pobreza, ya que el dato oficial no distingue entre quienes pagan o no un alquiler. Se trata de una variable determinante para los ingresos familiares que cobró protagonismo durante el último año a partir de la nueva ley de Alquileres, que puede modificar la ecuación.

Por otra parte, para entender las complejidades de la situación socioeconómica, Durán se introdujo en las particularidades del mercado laboral y explicó: “El deterioro de la situación ocupacional no se evidencia sólo en la tasa de desempleo, hay un montón de situaciones que exponen ocupación precaria, de ingresos insuficientes o de poca cantidad de horas que dan cuenta de que el empleo no está garantizando la satisfacción de las condiciones básicas”.

Un ejemplo de esta última observación tiene que ver con la evolución de ocupados demandantes de empleo durante 2021: aquellos que con un trabajo buscaron otro adicional. El último trimestre llegó al 17,4%, la cifra más alta del año.

“La tasa de desempleo contempla a gente que no consigue ni siquiera una changa de una hora, Hay mucha gente dentro de la tasa de empleo que está en una situación muy particular, de mucha precariedad”, concluyó la directora de la Usina de Datos de la UNR.

2022 viene difícil

Los datos parciales todavía no contemplan nada de lo sucedido durante este 2022, que arrancó con elevados índices de inflación y atravesado por situaciones que, lejos de mejorar esas cifras, pueden empeorarlas.

Pero no sólo la inflación puede atentar contra la economía cotidiana. Es que la Argentina recién comienza a desandar el camino hacia las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera u otra pueden chocar contra la posibilidad de expansión económica.

En ese sentido, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que conduce Claudio Lozano elaboró su habitual informe socioeconómico en el que reconoce una mejora en los indicadores económicos durante 2021, que no logró manifestarse por completo en los índices de pobreza.

Desde esa entidad consideraron que, en términos sociales, ese repunte apenas pudo equiparar con el cuadro social de finales de 2019. “Esto implica un punto de partida para encarar un acuerdo de condicionalidades con el FMI aún peor que el existente cuando ocurrió el primer convenio del año 2018. La tasa de pobreza al cuarto trimestre 2021 del 36% es 10 p.p. superior a la de finales del 2017”, consideraron.

Respecto de lo que viene de acá en más, analizaron: “La marcada aceleración de la inflación principalmente de alimentos que acumula un 12,8% en los primeros dos meses, así como la incertidumbre en torno del costo y la disponibilidad de la energía junto con perspectivas de una política de austeridad fiscal por parte del gobierno nacional luego del acuerdo con el FMI, ponen en riesgo los magros resultados alcanzados”.

Esta percepción poco auspiciosa guarda relación con lo estipulado previamente con el FMI. Según el acuerdo, las tasas de crecimiento interanual descenderían del 10,3% al (como máximo) 4,5% el próximo año -considerando un arrastre estadístico de como mínimo 2,5%- para converger en torno del 1,75% y 2,25% en el mediano plazo.

Para finalizar, dejaron en claro que exclusivamente con el crecimiento económico “no alcanza” y concluyeron: “El crecimiento económico tiene rendimientos sociales cuando la regulación pública impide que los agentes concentrados de la economía abusen de sus posiciones dominantes en mercados estratégicos que inciden en la canasta de consumo”.

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