Funcionarios provinciales se presentaron este mediodía en la finca “AHO” (Alfredo H. Olmedo S.A.), propiedad del diputado nacional de Salta, ubicada a unos diez kilómetros de la ciudad Capital sobre Ruta Nacional N° 38, donde procedieron a «clausurar» las instalaciones del emprendimiento por la evidente infracción a la Ley Nacional 19.587 (decreto reglamentario 351) de Higiene y Seguridad.
El operativo fue ordenado en forma urgente por el ministro de Gobierno Felipe Álvarez a raíz del «incumplimiento» de la empresa del emplazamiento efectuado por la Secretaría de Trabajo luego de la inspección realizada el pasado 1 de febrero, antes de la llegada de los contingentes de trabajadores, en la que se habían detectado serias irregularidades.
La comisión oficial fue encabezada por los secretarios de Trabajo y de Derechos Humanos, Nicolás Maza y Domingo Bordón, el responsable de la Unidad de Trata de Personas, Fernando Torres, y el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, Alfredo Celis Mercado, junto con personal técnico y de campo de la Delegación de Migraciones.
Las irregularidades constatadas por la Ley Nacional 19.587 (Decreto 351), de Higiene y Seguridad, se refieren a «las condiciones dignas y en un total estado de Derecho, de los trabajadores, del funcionamiento de instalaciones dedicadas a la producción (en este caso al cultivo y cosecha de olivos), y la estadía de los asalariados en las instalaciones de la finca».
El ministro de Infraestructura, Javier Tineo, confirmó que «este mediodía fue clausurada la finca del diputado de Salta Alfredo Olmedo debido a las irregularidades que se detectaron por parte de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en relación a las condiciones pésimas en la que se encontraban los trabajadores».
«Los trabajadores estaban viviendo en condiciones paupérrimas e indignas lo cual llevó a que la clausuráramos y le diéramos un plazo de 72 horas para que normalice la situación, por lo que se hará una revisión al resto de la finca en lo que respecta al cumplimiento de las normas impositivas por las que fueron beneficiados».
«Hay una decisión del orden nacional de seguir de cerca las condiciones de trabajo en la que están los trabajadores que llegan para las cosechas para que tengan los mismos beneficios que cualquier trabajador durante el tiempo que permanezcan en las fincas», precisó el ministro Tineo.
«Entre los puntos que se observaron, que fundamentaron la decisión adoptada -dijo- se evidencia la total falta de criterio, compromiso y solidaridad con los trabajadores mal llamados `golondrinas`, las paupérrimas condiciones de habitabilidad y sanitarias ya que dormían bajo carpas de plástico, atendiendo que cuando la temperatura asciende o desciende, el lugar se torna inhabitable; sus colchonetas están a no más cinco o seis centímetros del suelo».
Agregó que «la mayoría de los trabajadores, sobre un total de aproximadamente 300 y se esperaba la llegada de 100 más, son de origen boliviano y no completan estudios primarios o secundarios, poseen escasa documentación y quienes la poseen, deben completar algún trámite o reglamentación».
Además, hay algunas mujeres, que «al igual que los hombres, con su voluntad por trabajar y tener un sustento y los de nacionalidad argentina, son oriundos de Formosa y Salta».
Tineo adelantó que «en el transcurso de esta semana se hará una nueva inspección de parte de los mismos organismos para controlar la situación de la finca y ver que todo esté en regla».
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Domingo Bordón, afirmó que “los trabajadores viven en condiciones infrahumanas con el agravante de que el propietario e inversor de este predio es un diputado nacional y por ende, debería conocer las legislaciones vigentes en materia laboral, de derecho y principalmente de Derechos Humanos demostrando una clara falta de responsabilidad social empresaria”.
El subsecretario de Trabajo, Nicolás Maza, advirtió por su parte que la decisión del gobierno «es profundizar este tipo de controles y además se exigirá a todos los propietarios de empresas e inversores que contemplen y garanticen en sus proyectos, las condiciones de habitabilidad de los trabajadores”.
