El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció esta tarde en nombre del Gobierno nacional que ese organismo se presentará como querellante en las causas judiciales por denuncias de trabajo esclavo o trata de personas en empresas agropecuarias, cuyos procesos se iniciaron a partir de la acción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según el secretario, «hay causas abiertas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Misiones, que ahora tendrán un mayor impulso al presentarnos como querellantes».
El anuncio fue realizado con la presencia de representantes de cuatro ministerios y de la AFIP, que se constituyeron como comisión de seguimiento del tema de trata de personas. En nombre de Justicia estuvo el secretario del área, Julián Alvarez, además de Duhalde, del subsecretrario de Derechos Humanos Luis Alén y de la subsecretaria Marita Perceval. En representación de la cartera laboral lo hizo el subsecretario de Fiscalización del Trabajo, Guillermo Alonso Navone; por Desarrollo Social, el secretario Carlos Castagneto; por Agricultura, Ernesto Solís y por la AFIP, Carlos Angel.
«Lo que hoy vemos, gracias a la AFIP, ha adquirido visibilidad, lo cual le da un carácter dramático», señaló Duhalde en la conferencia de prensa.
En los últimos meses, la AFIP descubrió la existencia de trabajo esclavo y trata de personas en muchos campos de la Pampa Húmeda y de Mendoza, contratados por empresas conocidas en la explotación rural.
Estancias como El Algarrobo y La Luisa, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, están vinculadas a compañías como Nidera y Southern Seed Production. También fueron descubiertos trabajadores esclavizados en las estancias Santa Catalina I y II, radicadas en Ramallo, cuya propiedad de Satus Ager.
En dichos campos, como en otros que fueron descubiertos en los últimos meses, trabajaban obreros, la mayoría provenientes de Santiago del Estero, que eran contratados por una compañía de recursos humanos individualizada como Adecco.
A los trabajadores los hacían trabajar en la desfloración del maíz, en jornadas extenuantes que comenzaban a las 5.30 y se extendían hasta las 20, con una hora para comer.
Los peones rurales vivían en condiciones de extrema pobreza, comían alimentos en mal estado y a los que se les cobraba por adelantado 25 pesos para conseguir el puesto. «Esta explotación extrema en el campo no tiene en cuenta los artículos 14, 14 bis y el 15 de la Constitución Nacional, que habla del trabajo decente y digno. Esta explotación de las empresas agrícolas se agrava por lo que hacen con niños y niñas», subrayó Duhalde.
El secretario adelantó que la presencia de otros hombres del gobierno significaba la decisión oficial de abordar el tema en forma conjunta, a partir de la intervención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de ayer, cuando criticó el hecho de que haya explotación esclava en la Argentina.
«Los ministerios aquí presentes estableceremos un comité de seguimiento de las causas judiciales», dijo el secretario de DDHH. Luis Alén, subsecretario de DDHH, explicó que «por el decreto 1755, de 2008, se habilita la intervención por parte de la Secretaría en casos de graves violaciones a los derechos humanos».
Para los funcionarios de DDHH, los casos detectados de esclavitud configuran delitos de trata de persona y de reducción de servidumbre, además de incumplir con los convenios suscriptos por la Argentina con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exhorta a crear trabajo decente y digno.
«Aquí hay una trama de complicidades civiles y los medios de prensa han salido a decir que esto es una campaña del gobierno contra el campo», puntualizó Duhalde.
El secretario de DDHH dijo que «estas responsabilidades alcanzan a las organizaciones rurales, cuyos máximos exponentes salieron a decir que aquí no hay trabajo esclavo».
Duhalde también señaló al sindicato de los peones rurales entre los responsables de la existencia del trabajo esclavo que afecta los trabajadores del campo.
«La Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) también ha negado que haya trabajo esclavo. El estatuto del Peón Rural tiene 66 años y fue uno de los primeros que creó el entonces coronel Juan Perón», recordó el secretario. Duhalde aclaró que «esto no implica una persecución contra ningún sector, sino contra aquellos que quieren ganancias a cualquier costo. Perseguimos una actividad delictiva», precisó.
