El senador provincial del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, no participará de la audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones en la que se discutirá el planteo de los fiscales del MPA Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para que se declare la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal que impide imputar por un delito a un legislador en funciones, sin el previo desafuero de la cámara a la que pertenece.
Traferri presentó un escrito ante el juez José Luis Mascali en el cual se excusa de participar de la audiencia ya que no forma parte de la causa penal por juego clandestino que llevan adelante Edery y Schiappa Pietra. El año pasado, los fiscales intentaron imputar al legislador de San Lorenzo, pero el Senado, por amplia mayoría, rechazó el pedido para quitarle la inmunidad (la Constitución provincial no habla de “fueros”) con el argumento de que los funcionarios del MPA no habían presentado pruebas suficientes para justificar la petición.
Tras ese traspié, que les impidió imputar a Traferri en la causa por juego ilegal, Edery y Schiappa Pietra realizaron una presentación judicial para que se declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que le otorga inmunidad a los legisladores provinciales. Ese pedido fue rechazado por la jueza Eleonora Verón, que entiende en el caso, pero luego los fiscales insistieron ante el Tribunal de Alzada y ahora el pleito debe resolverse en la Cámara de Apelaciones.
El senador sanlorencino fue convocado a esa audiencia, pero a través de un escrito se excusó con el argumento de que no forma parte de la causa en la que está mencionado por testigos y por imputados, aunque finalmente nunca fue procesado ni acusado formalmente. Ante la negativa de Traferri, el juez Mascali ordenó que se designe un defensor oficial para debatir con la Fiscalía la inconstitucionalidad de la inmunidad legislativa.
El juez resolvió que “ante la necesidad de realizar un contradictorio en un proceso penal vigente en el cual no constan decisiones de archivo” el Servicio Provincial de la Defensa Penal le designe un defensor público para que la audiencia se lleve adelante con las dos partes representadas. Ese abogado será el “encargado de brindar defensa penal técnica” de Traferri en la audiencia de apelación, según determinó el magistrado.
La causa avanza
El fiscal Schiappa Pietra defendió la decisión del juez Mascali: “Lo que está haciendo el juez, para avanzar con esto, es resolver el planteo. Como una de las partes no quiere venir, entonces pone un abogado para que lo represente”.
En declaraciones a LT8, el fiscal rosarino aclaró que la investigación de la red de juego ilegal “sigue adelante” y agregó: “Nosotros tenemos varias situaciones por delante. Estamos convencidos que es inconstitucional (la inmunidad legislativa), que es realmente increíble que una provincia como la de Santa Fe no pueda ni siquiera imputar a un diputado o a un senador. Eso no ocurre en ningún lugar del país”.
“La causa tiene muchas aristas”, continuó Schiappa Pietra. “Nosotros ahora tenemos toda una etapa de imputación de personas que conformaron la asociación ilícita asociada al juego ilegal. Una vez que hagamos eso en poco tiempo estaremos en condiciones de acusar”.
“Las penas arrancan de cuatro años en los cohechos más importantes y ser jefe de una asociación ilícita arranca con una pena de cinco años y de ahí para arriba. Nosotros en la causa fuimos dando pasos bastante sobre lo seguro en cuanto a las imputaciones que hicimos y ahora queda avanzar en una parte muy importante que es la empresa económica que está atrás de todo esto, que es muy significativo para la causa”, finalizó el fiscal.
La inmunidad
En la causa del juego clandestino están procesados el empresario “arrepentido” Leonardo Peiti y los ex fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, acusados de brindarles protección a los garitos que, de acuerdo a la investigación del MPA, funcionaban en Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela bajo control de Peiti.
El debate de fondo es sobre la constitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal que impide imputar de un delito un legislador en funciones. Para que ello ocurra, sus propios pares deben quitarle la inmunidad (o “fueros”) en una votación en la que se necesita una mayoría especial de dos tercios.
El 18 de diciembre de 2020 el Senado rechazó en trámite exprés el desafuero contra Traferri. Solo se inclinaron a favor del pedido de los fiscales Edery y Schiappa Pietra los cuatro senadores que responden al gobernador Omar Perotti: Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufman. Los otros 15 votaron en contra.
