La Auditoría General de la Nación (AGN) elaborará un informe en el que analizará el desempeño del Enargás en Rosario durante la explosión del edificio de Salta 2141. Su titular pidió celeridad en la entrega de la información al organismo que debe controlar a Litoral Gas y también criticó la ley recientemente aprobada en el Senado nacional que “exime de responsabilidad al Estado por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o de fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial” y “cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder”.
“Esta ley puede tener enormes consecuencias. Debe alarmar a los familiares de víctimas de lo ocurrido en el choque de trenes de Once y Rosario. Sobre todo porque la situación de las indemnizaciones ha dejado mucho que desear”, adelantó en diálogo con El Ciudadano Leandro Despouy, titular de la institución que debe elevar opiniones al Congreso respecto a las prestaciones de servicios públicos, aún siendo concesionados.
—¿Cuál será la tarea que realizará la AGN sobre Enargás respecto al caso de calle Salta?
—Generalmente auditamos al Enargás de forma regular. Hace semanas cuando nos reunimos con familiares de las víctimas de calle Salta coincidió con un informe que hemos realizado sobre incumplimientos del organismo de control sobre quienes prestaban el servicio de GNC. En este caso será un informe particular sobre el desempeño en Rosario a la luz de las presentaciones de los familiares y la magnitud de la situación. No podemos permitir que no se controle la calidad y seguridad del servicio.
—¿Cuánto tiempo tardará confeccionar el informe específico del caso Rosario?
—Estamos dedicados por completo. A raíz de una gran demanda vamos a hacerla en los tiempos que sean posibles. Para hacerlo bien vamos a necesitar de la información en tiempo y forma. Dependerá de la voluntad del Enargás y los demás actores involucrados.
—¿Cuáles fueron las observaciones que hicieron hasta el momento del desempeño de Enargás?
—Podemos resumir que existe una debilidad en el control que se ejerce sobre las prestatarias de servicios respecto a la calidad y seguridad. Estamos muy interesados en saber qué otras situaciones puedan dar cuenta de esto, como el caso de Rosario. Es un momento particular ya que la semana pasada el Congreso nacional aprobó una ley que limita la responsabilidad del Estado frente a incumplimientos y daños causados por concesionarios.
—¿Cuál es la postura de la Auditoría sobre esta iniciativa?
—Es un retroceso enorme. Es una ley inconstitucional. En particular por un punto delicado: cuando el concesionario no contrata seguros como debe hacerlo o éstos son insuficientes, lo que hemos constatado en varios casos. Es inaudito que la hayan aprobado ya que libera al Estado de una responsabilidad con los ciudadanos. Y más con lo que pasó en Once (por el accidente de trenes que ocasionó 51 muertes en 2012) y en Rosario. La ley deposita de forma exclusiva al concesionario como responsable por los perjuicios ocasionados. Es una paradoja en un país donde el Estado, las pocas veces que rescindió concesiones de servicios públicos por incumplimientos de los contratistas, jamás articuló acciones de recupero o resarcitorias.
Una ley que pone en debate el rol del Estado
El miércoles pasado la Cámara alta del Congreso aprobó con 38 votos a favor y 23 en contra una ley impulsada por el Poder Ejecutivo para establecer un marco regulatorio para las demandas de particulares o empresas contra el Estado nacional. Si bien la iniciativa indica que “la responsabilidad del Estado es objetiva y directa” también señala que “se exime de responsabilidad al Estado” por “los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial” y “cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder”.
Según la nueva ley “el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.
La norma levantó críticas desde la oposición, que acusó el Ejecutivo de querer garantizar la impunidad de funcionarios kirchneristas.
A días de la votación el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, sumó su preocupación con una editorial publicada en el diario Clarín donde, tras recordar las tragedias ferroviarias y la explosión en Rosario, señaló que existe un trauma social en la utilización de servicios públicos esenciales.
“Un principio esencial del comportamiento estatal es preservar y no dañar los intereses del ciudadano. En un área particularmente sensible como la de los servicios públicos, es responsabilidad del Estado garantizar su adecuada prestación, y es un derecho de usuarios y consumidores que así lo haga. Por tratarse de una obligación esencial y básica su omisión o mala ejecución generan responsabilidad estatal inexcusable”, señaló el titular de la AGN.
