La Justicia provincial hizo lugar a la suspensión del juicio penal y benefició con tareas comunitarias a Adrián Osella, responsable de la firma concesionaria International Park y uno de los procesados (en este caso por homicidio y lesiones culposas) en la causa donde se investiga la muerte de dos nenas tras caer de una taza del juego “la vuelta mundo” en ese parque de diversiones, el 10 de agosto de 2013. La resolución se dio en el marco de un acuerdo celebrado en diciembre del año pasado con los padres de las víctimas fatales, luego de convenir un resarcimiento económico.
Las hermanas Melani y Florencia Aranda, de 12 y 14 años, oriundas de la ciudad de Rafaela, fallecieron aquella tarde al caer de la góndola que ocupaban a unos 20 metros de altura en el juego del parque Independencia. En tanto, otras siete personas resultaron heridas. Los peritajes comprobaron luego la falta de mantenimiento que había en el lugar, clausurado ya definitivamente (ver aparte).
El acuerdo que se conoció ayer se celebró en los Tribunales provinciales el 23 de diciembre pasado, a casi dos años y medio del fatídico episodio que conmocionó a la ciudad. Allí estuvieron la fiscal subrogante que lleva adelante la investigación, Magdalena Mazzini, el propio Osella, los querellantes y familiares de las niñas fallecidas y los abogados de las partes.
En el lugar, el juez correccional Rodolfo Zvala dio curso al pedido planteado por el responsable de la firma concesionaria del International Park, procesado por homicidio y lesiones culposas. Y así le permitió purgar su pena a través de una probation, es decir, el cumplimiento de funciones de ayuda social.
De esta manera quedó suspendido el juicio a prueba y extinguida la acción penal contra Osella, quien ahora sólo deberá cumplir tareas comunitarias. En concreto, prestar servicios para Cáritas en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de Mendoza al 5100, por dos años, el tiempo que dura la probation y durante el cual tampoco podrá ejercer como ingeniero.
El empresario asistirá una vez por semana a esa iglesia para colaborar con el ropero comunitario y el banco de alimentos, además de participar cada 15 días en la cocina de la institución.
La resolución se fijó con la conformidad de los familiares de las víctimas tras convenir un resarcimiento económico.
“A pesar de que las vidas de nuestras hijas nadie nos la puede devolver, hemos sido reparados patrimonialmente conforme a acuerdos previos, queriendo poner fin a la revictimización que significa el trámite judicial”, reza parte del texto que accedieron a firmar los padres de Melani y Florencia.
Osella figuraba en la causa como el principal responsable de la tragedia, y ahora el único procesado que continúa en la investigación es el ex director de Inspección municipal Gregorio Ramírez, acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Ya habían sido sobreseídos otro concesionario del parque de diversiones, Alejandro Abut, y la inspectora Norma Rais. Luego, ambos sobreseimientos fueron apelados y el desenlace se encuentra a consideración del tribunal de alzada.
También fue revocado el procesamiento del empleado Emiliano Supisiche, quien se desempeñaba como operador del juego al momento del fatal desprendimiento de la góndola y la muerte de las niñas. El joven quedó desvinculado de la causa penal.
“La medida judicial es vergonzosa”
La concejala opositora Fernanda Gigliani salió ayer a cuestionar públicamente la resolución judicial. “Para nosotros es un día muy triste porque teníamos expectativa en lo que podía resolver la Justicia. Nos parece que los responsables que estaban a cargo del parque de diversiones tenían el deber de velar por la seguridad de quienes iban allí. La medida es vergonzosa”, sostuvo la edila del bloque Iniciativa Popular.
Gigliani se refirió también a la postura que tomó la familia de las niñas fallecidas.
“Sabía que la familia había tomado una posición diferente a la que, tal vez, hubieran asumido otras personas frente a una situación familiar así. Pero yo no pongo a la familia en el medio sino que me pongo en el lugar de concejala de la ciudad de Rosario y creo que frente a una tragedia como esta las decisiones que tome el tribunal tienen que ser ejemplificadora para el futuro”, sostuvo Gigliani.
“Además, me parece que no sólo Gregorio Ramírez tendría que estar procesado, que como era un empleado municipal se ve que le soltaron la mano. Otro funcionario que también estaba a cargo de las áreas de control, como Luis Baita, de un día para el otro desapareció de su cargo y apareció en Vivienda de la provincia. Y nunca más nadie habló de él, nunca más dio explicaciones”, completó la concejala.
Schmuck también pegó
La concejala María Eugenia Schmuck también se refirió acerca de la medida anunciada ayer que exime de pena al administrador del International Park imputado por la tragedia. “La medida resulta insólita por las responsabilidades que conllevan administrar cualquier servicio en un espacio público. Yo creo que la Justicia se equivoca y manda un mensaje muy peligroso” sentenció la concejala radical. “Al margen del consentimiento de la familia de las víctimas, ese hombre administraba un parque de diversiones en un espacio público y por negligencia y no hacer los controles pertinentes ocurrió una tragedia que podría haber sido evitada. La responsabilidad pública que uno tiene a la hora de administrar este tipo de lugares no puede desaparecer por dos partes que acuerdan, porque esta tragedia podría haber afectado a muchos más rosarinos”, concluyó Schmuck.
Los juegos que ya no estarán
A la par de la causa judicial, las muertes de Melani y Florencia desataron fuertes críticas en el Concejo Municipal.
Desde aquella jornada diversos bloques opositores del Palacio Vasallo solicitaron a la intendenta Mónica Fein que decretara la caducidad de la concesión por la tragedia ocurrida.
A un año del hecho, la Intendencia comunicó la primera decisión política. Anunció que no iba permitir que vuelva a funcionar un parque de diversiones en un espacio donde ocurrió una tragedia con dos víctimas fatales.
En tanto, en noviembre del año pasado la Municipalidad le puso fin al trámite administrativo y decretó la caducidad del vínculo. “Hemos actuado con mucha cautela y responsabilidad en resguardo del patrimonio municipal, buscando evitar cualquier tipo de demanda en contra”, fundamentó la subsecretaria Legal y Técnica, Carmen Donadío.
