Además de erigirse con 18 días seguidos como el más extenso en la historia local, el paro de los trabajadores del transporte escaló ayer a una nueva fase con una multitudinaria movilización de choferes, que desafiaron aislamiento y pandemia para concentrarse en la sede de la Unión Tranviarios Automotor y de allí confluir en una ruidosa columna al Palacio de los Leones y a la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación. La protesta expresó la bronca acumulada de los empleados de las tres empresas de transporte local y regional, dos privadas y una del Estado municipal, al fracasar una nueva reunión nacional durante el mediodía y no tener todavía completos los sueldos de abril, cuando en pocos días más deberán estar cobrando ya los salarios de mayo.
La urgencia pudo más que la prevención sanitaria ante la pandemia de coronavirus: así también parecieron entenderlo funcionarios judiciales y agentes policiales, que recordaron a los dirigentes gremiales la prohibición de lo que estaban haciendo pero no generaron ningún escenario que pudiera empeorar las cosas. Ya la leña al fuego la había echado, de nuevo, un funcionario nacional al considerar que “en esta coyuntura no es tan notable” la falta de colectivos de transporte urbano, aunque a la par matizó al anunciar que las nuevas partidas de subsidios al sistema serán “para pagar salarios de choferes”.
Salvo en Tucumán, donde se había arribado a un acuerdo en la víspera, como en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y el conurbano, y en la ciudad de San Juan, la huelga del transporte se lleva adelante en todo el país desde el pasado martes 12, y en Rosario desde el lunes 11, con el secretariado de la UTA nacional avalando lo que decida cada seccional.
Sergio Copello, el titular del gremio en Rosario, fue elocuente: “Desde el primer día dijimos que la medida se iba a mantener hasta que se cobre la totalidad del sueldo”. Y a menos de cuatro días de que termine el mes, los cerca de 2.700 trabajadores locales no había percibido aún el 35% de sus haberes.
Calcadas palabras pronunciaba en la capital provincial el titular de UTA Santa Fe, Osvaldo Agrafogo, quien ratificó la continuidad de la medida de fuerza aun si se llega a completar hasta el 90% de los salarios. Así se barajaba ayer tras un nuevo fracaso de la reunión en Buenos Aires entre el gremio tranviario, el Ministerio de Transporte y la Fatap, la cámara empresaria del sector, que pasó a un nuevo cuarto intermedio para hoy. Con ese escenario cada día más inflamable, el secretario de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, confirmó que estaban trabajando sobre la idea de utilizar la recaudación de la denominada «ley Rubeo», que destina un porcentaje del impuesto a los Sellos al transporte. Pero ni así alcanza: restaría un 10% para completar los salarios de abril. Y, además, Agrafogo aclaró que “por el momento es una propuesta” y que “todavía no se firmó nada”. La idea es que ese flujo que aporta la provincia esta vez no vaya a las empresas sino directamente a los bolsillos de los trabajadores.
Pero todavía aparecía muy verde ante la urgencia, por lo que las expectativas de la UTA apuntaban al gobierno nacional, concretamente a un “fondo extraordinario que venga a paliar esta situación”, según lo definió el máximo cacique del gremio, Roberto Fernández.
Desde Rosario, Copello había reclamado que cualquiera sea el origen de los fondos estatales, se depositen “directamente en las cuentas de los trabajadores”. Y emplazó también a los empresarios: “Que saquen un crédito pero que nos paguen”, simplificó.
Leones bajo asedio
La situación en escalada había vuelto a reunir este miércoles a distancia al intendente Pablo Javkin con sus pares de Santa Fe, Emilio Jatón; de Paraná, Adán Bahl; de Córdoba, Martín Llaryora, y esta vez se sumó también el jefe municpal de Bariloche, Gustavo Gennuso. Tras el cónclave, volvieron a elevar el pedido conjunto de equilibrar entre el interior y la llamada Amba (área metropolitana de Buenos Aires) los subsidios de la Nación al sistema de transporte. Y, además, buscar el respaldo de los legisladores de cada lugar para elevar la voz conjunta. Javkin ya envió cartas a legisladores santafesinos de todas las fuerzas políticas.
Ayer los tantos pedidos habían tenido su primer eco. El subsecretario de Transporte Automotor de la Nación, Gabriel Bermúdez, cuya velocidad de reflejos había sido vituperada por la UTA local, sostuvo que se estaba trabajando para revertir “la discrecionalidad en el reparto de fondos federales” y dijo que las nuevas partidas –no habló de extras– serían para los trabajadores, en razón de que las empresas no están afrontando “costos operativos”.
El funcionario también aseguró que el gobierno nacional triplicará este año los subsidios federales para los sistemas del interior respecto del año pasado, pero admitió que “sigue siendo insuficiente”. Y recordó que el reparto heredado de la gestión de Mauricio Macri destinaba el 91% para la región metropolitana de Buenos Aires, y sólo el 9% para el resto del país, distribución que –aclaró– se busca reemplazar por otra más “equitativa y federal”.
“Nación envío en el primer cuatrimestre los mismos fondos que todo el año pasado y eso va a continuar en los próximos cuatro meses hasta agosto”, sostuvo el subsecretario, marcando que así a fin de año se habrá girado “tres veces más de lo que se enviaba hasta diciembre de 2019”.
«Nunca nos dieron alternativa»
Tras el fracaso de la reunión de este miércoles, los choferes resolvieron convocarse para este jueves a salir a la calle a pesar de la cuarentena obligaria. Cerca de los 10.30, la cuadra de 27 de Febrero al 600 estaba colmada de trabajadores dispuestos a marchar, con redoblantes, bombos, trompetas y banderas. Y desde ahí arrancaron pasadas las 11, tras un aliento de Copello, prácticamente todos con barbijo pero sin distancia social.
Con la movilización en marcha, la Unidad Fiscal especial Covid-19 pidió a la Policía que notificara al gremio que no podía llevar adelante la protesta, pero mucho no pudieron hacer: “Eran dos policías contra 1.500, por eso les pedí que hablen con sus superiores”, graficó el fiscal Carlos Covani, quien estaba en turno. Y ratificó que aunque primó la no intervención de hecho, el gremio deberá rendir cuentas: “Estaban rompiendo la cuarentena. Una vez que se los identifique habrá que someterlos a una causa penal. Estamos ante la existencia de un delito”, remarcó.
A modo de justificación, Copello volvió a hablar frente a la multitud y con la prensa desde las escalinatas de Gobernación: “No estamos enceguecidos ni emperrados, nunca nos dieron alternativa ni ofrecieron forma de pago”, describió. Y se plantó: “Si necesitamos 18 días más de paro, vamos a estar 18 días más. Con el hambre de nuestras familias no joden más”.
Y cerró con fuerte tono contra los gobiernos de Javkin y de Omar Perotti. “No puede ser que en la invencible provincia de Santa Fe no le puedan solución a esto”.
Colectivos unitarios y colectivos federales
La inequidad entre el sostenimiento nacional al transporte en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano que la rodea respecto del interior es la pelea de fondo detrás del paro de la UTA.
El secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, pidió que el transporte sea incluido en el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el cual el gobierno nacioanl está costeando hasta el 50% de los salarios del personal de empresas que no pudieron trabajar en lo que va de cuarentena obligatoria.
También el diputado provincial socialista Enrique Estévez se pronunció en el mismo sentido, y presentó proyectos para allanar ese camino. En su contabilidad, además de que por cada 10 pesos de subsidios de la Nación 9 se quedan en el Amba, recordó que el Estado nacional subsidia 20 pesos al valor por litro de gasoil que usan las empresas de Capital y Gran Buenos Aires. “Ningún otro transporte del interior puede acceder a ese precio diferencial”, recordó.
Las dos posturas fueron a contramano de las del subsecretario Bermúdez, quien insistió que en el transporte automotor de pasajeros “la responsabilidad siempre es jurisdiccional”, y si bien confirmó que incluir al sector en la ATP “es una alternativa y está en análisis”, recordó que “las empresas de transporte no están incluidas porque es un sector que ya está subsidiado”.
