Este viernes 7, desde las 9, la Empresa Provincial de la Energía -EPE-, que opera bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, realizará una audiencia pública donde se tomará en consideración lo que opinen ciudadanos de la provincia sobre la propuesta presentada para adecuar las tarifas este 2022.
La propuesta implica un aumento escalonado en la tarifa de la energía eléctrica: un 15 por ciento en enero y entre un 8,5 y 9 por ciento en marzo o abril. La EPE recordó que en 2020 hubo un congelamiento de las tarifas en el marco de la emergencia por coronavirus en la provincia y todo el país, y que en 2021 se dispuso porcentajes de incrementos máximos escalonados, que se aplicaron en el caso de usuarios residenciales, comerciales, industriales e institucionales, en un 14 por ciento para mayo, 8 en julio y 9 en noviembre.
Además de recabar las posturas para definir el aumento, en la audiencia la empresa debe rendir cuentas de sus acciones, obras y avances. La inscripción para formar parte de la misma como oradores o participantes estuvo abierta entre el 29 de diciembre y el 5 de enero.
La audiencia se realiza, además, en el marco de una serie de cortes de luz a lo largo de toda la ciudad y la provincia sumado a las altas temperaturas que vivieron los santafesinos. El presidente del Directorio de la EPE, Mauricio Caussi, expresó esta semana que hubo un gran esfuerzo técnico y humano para abastecer el incremento de la demanda por el crecimiento de la actividad económica y productiva de Santa Fe. También dijo que «para la industria eléctrica no son iguales las temporadas de alta demanda: en 2019 Santa Fe disminuyó 2,6 por ciento la demanda, en cambio cerramos el año 2021, en pandemia, con un crecimiento del 5 por ciento».
Según datos provisorios del sistema de medición comercial de la EPE, la electricidad operada durante diciembre de 2021 en el territorio santafesino tuvo un crecimiento del 22,8 por ciento comparando con igual mes de 2020. En particular el miércoles 29 de diciembre se registró el pico de demanda de potencia del mes, con 2.385,9 MW.
Sobre la audiencia, Caussi explicó que en realidad la fecha estipulada para iniciar su proceso era fines de noviembre pero que tuvieron que postergarlo. En este sentido, había señalado al vespertino capitalino El Litoral: «Ningún santafesino terminó en estos últimos dos años con aumentos que superen el 31 por ciento. Si esto uno lo compara con lo que ocurre en otros rubros y en el pasado me parece que está claro, en los hechos, que somos coherentes con lo que planteamos. Queremos una tarifa que esté acorde a lo que demanda el poder adquisitivo de la gente y a lo que necesita el sector productivo».
Enlazó, a su vez, la demanda de energía de los últimos tiempos a que «nuestra provincia está liderando el proceso de recuperación productiva, económica en la Argentina, y esto impacta en el sistema. Pero también necesitamos una tarifa que permita sostener la dinámica de inversiones».
Explicó que tienen en marcha «más de 200 proyectos estructurales que son lo que creemos prioritarios para que la empresa siga estando a nivel en materia de calidad de servicio que viene mostrando en los últimos años. Y esto se sostiene con tarifas».
La audiencia se desarrollará de manera virtual a través de videoconferencia por medio de la plataforma Google Meet. Estaba previsto que un día antes de su exposición cada participante reciba al mail informado la dirección para acceder a la sala meet. El orden y el tiempo máximo de exposición de los oradores será de cinco minutos para cada uno.
Primero el representante de la Empresa Provincial de la Energía expondrá los fundamentos para modificar las tarifas y luego se continuará con los oradores inscriptos en el registro. Además, la audiencia será transmitida en vivo por las redes sociales del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.
El titular también expresó que hay un compromiso desde la gestión provincial para «cuidar el bolsillo de los santafesinos, por cuidar la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas» y que por eso solicitan «una actualización del cuadro tarifario que no sólo cuide esos elementos, sino que permita la continuidad del flujo de inversiones para sostener la calidad del servicio».
Por otro lado, la última semana de diciembre el propio Caussi admitió una sensible subejecución de presupuesto asignado para 2021 con destino a obras y nuevos equipos. Sin embargo, lo justificó en los inconvenientes derivados de la pandemia, que alargaron los tiempos estipulados -trabajadores aislados-, y en factores económicos como la inflación que resultaron en baja o renegociación de licitaciones. Fueron los argumentos esgrimidos cuando la térmica estallaba y se multiplicaban los cortes de energía -imprevistos y programados- o explotaban transformadores.
La prestadora reconoció que, a septiembre último y desde enero anterior, apenas había invertido el 34.6 por ciento del presupuesto asignado para equipos. En ese lapso, a la vez, había recaudado el 79 por ciento de lo estimado para todo 2021.
Vale aclarar que cuando se dieron estos sucesivos cortes Caussi anunció los últimos días de diciembre que sólo el 10 por ciento de los usuarios se vieron afectados por el mal funcionamiento de las redes de distribución de la empresa y que habrá un resarcimiento para cada uno: según la resolución aplicada a los usuarios con más de 9 horas sin suministro por desperfectos en media tensión, tendrán en la factura un beneficio que implica tres veces la energía que hubieran consumido.
Cuestionamientos de la oposición
A pesar de lo que sostuvo el presidente de la EPE, distintos referentes del arco opositor de la provincia se expresaron sobre lo que debe discutirse en la audiencia de este viernes. El ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe bajo la gestión socialista, Gonzalo Saglione, publicó en su Twitter unos cuadros donde indica que si se aprueba el cuadro tarifario «en un año (de abril 2021 a abril 2022), la tarifa residencial tendrá un aumento de entre el 73% y el 85%, según el nivel de consumo».
https://twitter.com/GonzaloSaglione/status/1479056910263492608
Por su parte, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, señaló en un comunicado que «el presupuesto destinado a la EPE, generalmente la segunda partida más grande de los gobiernos santafesinos después de Educación, fue descendiendo en términos porcentuales desde 2018 a 2022, del 10.79 por ciento al 10.15 por ciento».
Y además destacó el siguiente dato, a partir del informe que distribuyó la empresa para este viernes: «el consumo de 3.100 usuarios grandes es similar al consumo que tienen 920.000». «¿No es lógico pensar que los que más consumen más paguen?», se preguntó el legislador y periodista.
Según los datos aportados por la empresa, que Del Frade resaltó y divulgó: la propia empresa dice que 3.300 grandes usuarios acaparan el 53,7 por ciento del consumo total, mientras que un millón trescientos mil usuarios concentran el 46,3 por ciento. El 40 por ciento del costo de la energía que pagan las familias santafesinas procede del VAD, valor agregado de distribución, variable que generó el aumento que se aplicó en mayo de 2021 del 27,6 por ciento. El 46 por ciento del costo, por otro lado, es lo que se le paga al Mecado Eléctrico Mayoritario y el resto del 14 por ciento está destinado a impuestos nacionales y provinciales. Por compra de energía eléctrica, la EPE destinará 41.354.321.000 pesos y tiene una deuda reconocida con CAMMESA de 9.441.877.816 pesos.
En este sentido, el diputado enumeró cuáles serían para su bloque las medidas que pueden tomarse en este contexto: saldar las deudas y costos de energía eléctrica a través de letras de cancelación de obligaciones provincial respaldadas por la deuda que tiene la Nación con la Provincia de Santa Fe; generar una lógica de pago de acuerdo al nivel de ingresos de los usuarios; convocar a las universidades públicas santafesinas para discutir los cuadros tarifarios y costos junto al directorio de la empresa; «democratizar la democracia», sumar organizaciones sociales y universidades al seguimiento y control de las inversiones de la EPE y dar cuentas de las mismas cada tres meses de forma pública.
Sobre todo, concluye: «No convalidar ningún aumento hasta que se profundice la transparencia y democratización de todos los números de la EPE».
