El juicio oral que tiene a un prefecto acusado de asesinar al adolescente Maximiliano Zamudio el 27 de mayo de 2015 en barrio Tablada llega a su etapa final. Este lunes a las 13 se conocerá la sentencia por parte el tribunal –integrado por el magistrado Héctor Núñez Cartelle junto a las juezas Valeria Pedrana y Paula Álvarez–. La fiscal Carina Bartocci solicitó 20 años de cárcel para el prefecto Ariel Condori Apaza, de 37 años, mientras la querella, a cargo de Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet en representación de la familia de Maxi, pidió 30 años de pena.
Tras cinco años de dolor y lucha por parte de los familiares del adolescente y organizaciones sociales donde tuvieron que revertir dos intentos de archivar la causa, desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional lanzaron una convocatoria para concentrarse este lunes al mediodía en el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Virasoro, para apoyar a la familia de Maxi Zamudio.
Un crimen a sangre fría
Los indicios recolectados en la investigación por el asesinato de Maxi lograron reconstruir que faltaban algunos minutos para las 23 del 27 de mayo de 2015 cuando los vecinos de la cuadra de Patricias Argentinas al 4300 advirtieron que un automovilista transitaba muy despacio. Era el prefecto Condori Apaza, quien conducía un viejo Ford Falcon, y dobló por calle Colón a la misma altura, que en esa época era de tierra.
Según testimonios recolectados en la causa, vecinos escucharon que el prefecto llamó desde el auto a Maxi que estaba en la puerta de su casa. El adolescente se acercó a la ventanilla y después de un intercambio de palabras escucharon una detonación. El chico se hizo para atrás empujado por un plomo en las costillas. El prefecto bajó, le pegó una patada y lo remató tras gatillarle en la cabeza, explicó la acusación.
Un informe sobre la mecánica del homicidio indicó el hallazgo de dos vainas servidas en el suelo y una tercera dentro del Ford Falcon. Según esa pericia, la víctima tenía un disparo de frente en la zona axilar y otro en la cabeza de atrás hacia adelante. En la escena sólo estaba la pistola calibre 40, que no era la reglamentaria del uniformado, quien también estaba de civil.
En su descargo, el prefecto nunca negó que hubiera disparado pero dijo que lo hizo en legítima defensa ante un intento de robo por parte del adolescente, porque supuso que tenía un arma. Declaró que esa noche había ido al lugar a buscar un equipo de música a la casa de una conocida, quien declaró en la causa.
La madre de la víctima, María, y otros testigos contradijeron esta versión y dijeron que Maxi estaba solo, indefenso y desarmado.
El primer fiscal que investigó el homicidio fue Miguel Moreno, quien dejó que el prefecto continúe en sus funciones y en libertad. En marzo de 2017 archivó la causa. La lucha de su madre junto a las organizaciones sociales permitió que el caso sea desarchivado. Lo designaron al fiscal Rafael Coria, quien volvió a solicitar el archivo en julio de 2018, decisión que también lograron revertir las organizaciones sociales y la lucha de los familiares.
Así la causa llegó a la fiscal de la Unidad de Corrupción y Violencia Institucional Karina Bartocci, quien el 10 de diciembre de 2018 imputó al prefecto por homicidio agravado y casi un año después se hizo la última audiencia antes del debate oral.
El juicio oral
Desde el lunes 24 de agosto hasta el jueves 27 se desarrollaron las jornadas del debate oral donde pasaron testigos y las partes expusieron sus fundamentos. El último día, la Fiscalía, la defensa representada por el penalista Horacio Corbacho y la querella presentaron sus fundamentos en alegatos de clausura.
Tanto la Fiscalía como la querella alegaron que se trató de un homicidio, rechazaron la existencia de una legítima defensa y pidieron 20 y 30 años de pena de prisión respectivamente.
Según la querella, esto quedó acreditado a través de diferentes elementos probatorios como el uso de un arma de guerra de alto poder lesivo y la intención homicida del prefecto al efectuar su segundo disparo, ya que no podía desconocer que tendría consecuencias letales.
Por su parte, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Condori –quien llegó al debate en libertad– por considerar que existía peligro de fuga, pedido que fue rechazado por el tribunal por extemporáneo.
La defensa continuó con su argumento de una legítima defensa tras un supuesto intento de robo, el cual no resultó acreditado.
Desde la Multisectorial emitieron un comunicado en el que reclamaron que hubo una revictimización tanto de la víctima como de su familia por el barrio donde vivían. «Denunciamos una vez más la utilización del ataque como instrumento de defensa y la constante estigmatización de las víctimas y sus contextos de vida. No nos quedan dudas, se trata de un caso de violencia institucional, el Estado es responsable», expusieron.
Además, la organización convocó «a concentrar para este lunes a las 13 en el Centro de Justicia Penal para apoyar a la familia y amigues de Maxi en este día crucial en el proceso de construcción de justicia y exigir a los jueces que la sentencia esté a la altura de las circunstancias».
