Si bien Casa de Gobierno ofreció una postal desolada hoy por el asueto con motivo del Día del Empleado Estatal, las oficinas del jefe de Gabinete Jorge Capitanich estuvieron concurridas durante todo el día. Allí se congregaron el ministro de Economía, Axel Kicillof y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, para delinear el comunicado con la postura oficial tras conocerse que el juez de Nueva York Thomas Griesa frenó el pago previsto para este lunes a los bonistas.
Tras varias horas de encierro y análisis por parte de los funcionarios, la cartera económica emitió un comunicado donde acusó al magistrado neoyorquino de «abuso de autoridad» y «exceso de jurisdicción» por demorar el desembolso de u$s 539 millones que debían cobrar este lunes los bonistas.
«En el día de ayer, 26 de junio, la República Argentina realizó en tiempo y forma el pago de los servicios de su deuda reestructurada en 2005 y 2010. A pesar de esta muestra de voluntad de negociación de buena fe, el juez Griesa denegó el pedido de stay (suspensión de la sentencia), intentando provocar el default de nuestro país», inicia el texto difundido pasadas las 18.30 por el Palacio de Hacienda.
En el comunicado, el Gobierno sostiene que «una vez más cumplió sus obligaciones, como lo viene haciendo desde la reestructuración de su deuda soberana de los años 2005 y 2010».
«Hoy, en una insólita e inédita decisión, el juez Griesa pretendió anular el pago ya realizado por Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley Argentina: Griesa le «ordenó» al Banco de Nueva York la «devolución» de los fondos que ya pertenecen a los bonistas. En síntesis: trata de impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos», continúa.
«Tal como se había adelantado en el comunicado del día de ayer del Gobierno Nacional, el juez norteamericano ahora intenta «bloquear» el cobro. Al tomar tal medida, el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias siderales», agrega.
Con motivo de esto, el texto tilda de «insólita e inédita la medida. Insólita: porque el juez decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission norteamericana (SEC). No sólo es insólito por ello sino también porque se trata de fondos que ya no son de Argentina sino que pertenecen a terceros. Inédita: porque un juez intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los acreedores puedan cobrar».
«La República Argentina reafirma su compromiso de honrar sus deudas con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal», concluye.
