El presidente Alberto Fernández aceptó este jueves por la noche la renuncia del embajador en Israel Sergio Urribarri, informaron fuentes oficiales.
Urribarri había puesto a disposición su dimisión después de que se conociera la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.
Urribarri, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, expresó desde sus redes sociales que el fallo de primera instancia es una «clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho», por lo que anticipó que apelará con la «convicción de que me asiste la razón», manifestó.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que «con pleno conocimiento» se «echó mano a fondos» provinciales para un «interés netamente particular», en referencia a una «campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente» en las elecciones de 2015.
También indicaron en su fallo que hubo «retornos» por parte de los empresarios contratados.
La audiencia de más de 12 horas se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.
Además de Urribarri y Báez, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y ex funcionarios de su gestión.
Desde el pasado 27 de septiembre del 2021, se presentaron más de 70 testigos y numerosas pruebas dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Si bien eran tres, los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la «utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial» de Urribarri en 2015.
Contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos en los que la fiscalía investigó presuntos desvíos de fondos.
Los fiscales consideraron además que se trató de un «direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri», y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían «retornar parte del dinero».
Los abogados defensores y los imputados alegaron que la investigación y todo el juicio se trató de una «persecución político judicial».
«¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron?», preguntó Urribarri en los alegatos de clausura, y destacó las «embestidas de periodistas obsesionados conmigo y mi familia» previo y durante el juicio.
Además, el ex gobernador aseguró que se llegó a juicio «a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones a las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática» y sin «racionalidad ni objetividad».
Desde sus redes sociales, el ex gobernador de Entre Ríos señaló que «la propia fiscalía reconoció que no tenían pruebas ni testigos y el tribunal hizo caso omiso, y ninguna, absolutamente ninguna, de las pruebas ofrecidas por cada una de las defensas fueron tenidas en cuenta».
«Nunca -continuó- se vio semejante aberración jurídica. Estamos ante una nueva entrega de arbitrariedades y atropellos, que no es sino la lógica a la que hemos estado sometidos en estos seis años».
Urribarri aseguró que continúa siendo víctima de «ensañamiento e injusticias», y sostuvo que el fallo es «el relato de fiscalía construido en base a creencias y prejuicios».
Finalmente, remarcó que «solo es cuestión de tiempo y de jueces que fallen con objetividad» para demostrar «de forma contundente» su inocencia.
«Nunca me voy a someter a la operatoria de amedrentamiento y disciplinamiento de la política. Hagan lo que hagan y pase lo que pase, nunca voy a dejar de hacer política», concluyó Urribarri.
El ex gobernador de Entre Ríos afirmó que «el fallo de primera instancia de hoy demuestra que para el tribunal el Estado de derecho es una entelequia».
Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Pedro Báez, en tanto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90.000 por peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles; y la misma pena recibió Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial.
En tanto, tres años de prisión condicional y una multa de $90.000 fue la condena para Gustavo Tamay, empleado provincial; Gerardo Caruso, empresario; y Corina Cargnel, contadora de una de las empresas.
Si bien la fiscalía había solicitado 8 años de prisión para Cargnel, los jueces tuvieron en cuenta que «manejaba todo, pero hacía su tarea de contadora y no era funcionaria».
A su vez, Emiliano Giacopuzzi recibió la condena de dos años de prisión condicional, al igual que Luciana Almada; mientras que el empresario Germán Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.
Por otro lado, Maximiliano Cena, Alejandro Almada -ambos considerados testaferros-, Hugo Céspedes -fallecido durante el juicio-, Gustavo Tórtul, y el ex ministro de Turismo provincial Hugo Marsó, fueron absueltos.
También ordenaron el decomiso de dos viviendas ubicadas en la capital entrerriana, una motocicleta y dos autos.
