La Corte Suprema de Justicia se dispone a resolver un conjunto de expedientes de alto impacto luego de zanjar la larga disputa interna por la presidencia entre los ministros Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
Si bien la Corte es una estructura con casi 2500 empleados que no detiene sus trámites bajo ninguna circunstancia, no menos cierto es que su dinámica depende de los consensos jurídicos y políticos que puedan alcanzar sus cinco miembros y, en este sentido, sí afecta su desempeño la elección del presidente del cuerpo cada tres años.
Resuelta la pulseada entre los santafesinos en favor de Rosatti, y ante la expectativa del sistema de justicia por un nuevo modelo de gestión que dinamice las resoluciones, el máximo tribunal del país buscará ahora resolver un conjunto de temas que tienen una atención especial en la sociedad.
Las fuentes consultadas por Télam mencionaron que al tope de esa lista está el recurso de queja impulsado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) contra los amparos de las empresas de telecomunicaciones presentados para frenar el decreto presidencial 690/2020 que definió como «servicios públicos» a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.
El decreto 690, emitido el 22 de agosto de 2020 y conocido como Argentina Digital, estableció además la Prestación Básica Universal y Obligatoria que garantiza el acceso a esos servicios a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
En junio de 2021, los abogados de Enacom recurrieron en queja a la Corte para rechazar los amparos obtenidos por las empresas del sector: la primera en hacerlo fue Telecom Argentina (Grupo Clarín), luego siguieron DirectTV y Telecentro más algunas prestadoras de TV por cable del Interior.
Según las fuentes del máximo tribunal, esos amparos -en el caso de Telecom concedido por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal- «no resuelven en modo definitivo la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto impugnado por la licenciataria».
Otra de las prioridades que tiene pendiente la Corte y que podría definir en el corto plazo es determinar si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene competencia para entender en el expediente de la quiebra del Correo Argentino SA, ante un pedido de la Cámara Comercial para que el alto tribunal resuelva este pretendido conflicto de competencia.
El pedido de intervención del Tribunal porteño fue solicitado por el grupo Socma, titular del Correo Argentino SA, en el marco de un expediente que lleva ya 20 años sin resolverse pese a los dictámenes de la fiscal Gabriela Boquin y a las disposiciones de la jueza Marta Cirulli para que se decrete la quiebra.
En términos de impacto político, los conflictos por el reparto de impuestos coparticipables entre el Gobierno nacional y los distritos de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba tienen preferencia en el máximo tribunal, aunque todo indica que la Corte aprovechará este expediente para enviar un mensaje a la política para que resuelva sus conflictos sin judicializarlos.
El tribunal tiene planteos pendientes de esas tres provincias por un monto varias veces millonario que requieren de informes técnicos complejos para emitir sentencias ajustadas a Derecho, pero de todas formas se busca que haya un pronunciamiento en el corto o mediano plazo.
También la Corte tiene un rol fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad como última instancia de revisión antes de las condenas firmes y por eso en la última reunión de la Comisión Interpoderes, que reúne a los organismos de derechos humanos y las autoridades judiciales, se definió que el alto tribunal, en cada acuerdo semanal, resuelva expedientes «de lesa», como se los llama en el ámbito judicial.
En función de ese compromiso, la Corte definió en julio pasado que se anulara la falta de mérito al propietario del ingenio Ledesma, el empresario Carlos Blaquier, por su complicidad en la llamada «Noche del apagón», como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
No obstante este avance, quedan pendientes casi todos los recursos vinculados a las causas por la represión ilegal en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo y el rechazo en la Corte, presentado por Abuelas de Plaza de Mayo, contra el sobreseimiento del juez Juan Carlos Marchetti, quien entregó en adopción, en un proceso totalmente irregular, al nieto recuperado Manuel Gonçalves Granada, hijo de Ana María Granada y Gastón Gonçalves, ambos asesinados durante la dictadura cívico militar.
