“La plata que surge de la venta de drogas no queda en el lugar donde están los expendios, sino que por el contrario, se invierte en otro lado. No tenemos estadísticas que avalen un aumento de esta actividad delictiva en Rosario pero evidentemente hay un incremento en la vinculación de los narcotraficantes con otras esferas de la sociedad”, explicó en diálogo con El Ciudadano el concejal Osvaldo Miatello, integrante del Bloque por Encuentro por Rosario en el marco de la visita que realizó ayer a primera hora de la mañana junto a los demás miembros de la comisión de Seguridad al juez federal Marcelo Bailaque en los Tribunales Federales, para interiorizarse sobre la marcha de la causa que involucra a una red de personas acusadas de tráfico de drogas, algunas de las cuales fueron detenidas a fines de septiembre pasado en el marco de una serie de operativos realizados por fuerzas de seguridad nacionales.
Por su parte, el magistrado a cargo de la causa que investiga a una red de distribuidores y proveedores de estupefacientes en Rosario aclaró que con respecto al tratamiento de los procedimientos en el tráfico de drogas, la instrucción tiene que estar dirigida hacia los grandes proveedores y distribuidores para terminar con el problema y no hacer hincapié en los denominados búnker. Sin embargo, Bailaque reconoció las inquietudes sobre la venta de drogas en los barrios que los vecinos les presentan a los ediles en las reuniones de la comisión de Seguridad y dejó abierta la posibilidad de acercarse a uno de los encuentros para escuchar sus planteos.
El concejal Miatello consideró que tras la visita que realizaron los integrantes de la comisión al magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 4 lograron tener un panorama más amplio de la investigación que lleva adelante la Justicia con respecto al tema narcotráfico. “Lo que pudimos apreciar es que hace tiempo la pelea en los barrios se daba para conquistar el territorio pero ahora esta problemática no se circunscribe a algunas zonas sino que es un fenómeno global. Las ganancias no quedan en los barrios, la mayoría de las veces se va afuera o se derivan a otros rubros”, especificó el edil.
“Vemos cómo jóvenes con autos de alta gama hacen inversiones en departamentos. Esto tiene que ser investigadon por la Policía provincial, la Aeroportuaria, la Afip y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), ya que si no lo hacemos sólo focalizaremos el ataque al sistema delictivo en el pequeño comerciante, el perejil, en definitiva los consumidores, mientras que los verdaderos responsables siguen libres”, aseveró Miatello mientras agregaba que este enfoque permitirá que ediles interactúen “con la información recogida de los funcionarios policiales y judiciales, la retransmitamos a la gente preocupada por el flagelo de la inseguridad, ya que hay muchas cosas que se dicen y que luego comprobamos que no son la representación de la realidad”.
A su vez, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 4, explicó, sobre si hay un aumento en el tráfico de estupefacientes, que no es un delito que se pueda medir de manera matemática. Por lo tanto, no se tiene una escala con la que se pueda comparar. “Al no haber un resultado manifiesto como en el caso de una muerte violenta, las cuales se pueden contar al final del día, no se puede decir que hubo un incremento o una disminución”.
El pedido de audiencia de los ediles se basó en una serie de operativos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la zona norte, que no involucró al personal santafesino, y que derivó en una decena de allanamientos, nueve detenidos y el decomiso de droga, armas de grueso calibre, alrededor de 250 mil pesos en efectivo y media docena de autos de alta gama. Además, quisieron interiorizarse sobre cómo sigue la causa, por la cual hay un joven de 24 años, apodado Ojitos o Nacho, prófugo desde esa fecha.
