España vivió en los años 1990 y 2000 un alza vertiginosa del número de extranjeros, con varias regularizaciones masivas como la que se prepara en Estados Unidos, pero con la crisis el mercado de trabajo ha regulado los flujos migratorios. Según todos los expertos, el proceso fue “brutal”.
En 1986, los extranjeros eran oficialmente sólo 293.000 en una España que salía de casi 40 años de dictadura franquista (1939-1975). Veinticinco años más tarde, en 2012, España contaba con 5,2 millones de residentes extranjeros sobre un total de 47 millones de habitantes, es decir un 11 por ciento de su población, entonces una de las tasas más elevadas de la Unión Europea, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
A fines de 2013, el país ya no contaba más que con 4,6 millones de residentes extranjeros sobre un total de 46,5 millones de personas, es decir algo menos del 10 por ciento.
A partir de 1993, una España envejecida y con índices de natalidad muy bajos, aunque en pleno crecimiento económico, había incluso instaurado cuotas por sector para atraer a la mano de obra extranjera.
Muchos trabajaban sin embargo sin ser declarados y en situaciones precarias, como en Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama va a regularizar por decreto a cinco millones de clandestinos, que tendrán un permiso de trabajo de tres años.
En España en los años 1990 y 2000 se produjeron pues varias regularizaciones masivas. La última de ellas, en 2005, fue proporcionalmente la más espectacular, con 690.000 demandas de las que más del 88 por ciento fueron aceptadas.
La medida fue polémica y esta decisión del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue criticada por el Partido Popular (entonces oposición de derecha), ya que temía que se generara un “efecto llamada” entre nuevos inmigrantes.
“Si seguimos a ese ritmo… serán varios millones los inmigrantes irregulares que tendremos en nuestro país antes de empezar este proceso de regularización” había acusado una diputada, María Ángeles Muñoz, durante una tormentosa sesión parlamentaria. El Ejecutivo respondía que se trataba solamente de una “normalización” de la situación para las personas que ya tenían un trabajo.
Medida criticada afuera
En el extranjero la medida no fue bien recibida. El primer ministro francés de la época, Dominique de Villepin, expresó el deseo de que cuando “un gobierno aliado toma una medida que afecta a sus vecinos, busque la concertación” previa.
Además, en 2005 y 2006, miles de africanos llegaban en barcos precarios (pateras y cayucos) a Canarias. Hasta tal punto que la inmigración era considerada como uno de los principales problemas del país por un 60 por ciento de los españoles en octubre de 2006, según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de la presidencia.
Para los inmigrantes, en cambio, fue un gran momento de alegría.
“Esos papeles son la vida de la gente, te cambia la vida, puedes trabajar, mandar dinero, salir del país, te cambia absolutamente toda la vida” asegura Vladimir Paspuel de la asociación Ruminahui de defensa de los ecuatorianos.
“Uno ya no siente la presión policial, había redadas… ¡Cuánto estrés, cuantas enfermedades se generaron!” antes de la regularización, exclama.
“La regularización de Obama obedece a la misma lógica” opina Esteban Ibarra, del Movimiento contra la intolerancia, una asociación que lucha contra el racismo antiinmigrante.
Los detractores de estas medidas se preocupan por los salarios impulsados a la baja, la saturación del sistema de salud, aunque esta afirmación se contradice con el alza de las cotizaciones a las arcas públicas.
“La mano de obra extranjera ha reequilibrado la economía”, afirma Rosario Zanabria, miembro del Fondo para la integración y representante de una asociación de peruanos (Ari-Peru). Zanabria asegura que los inmigrantes regularizados ocupan puestos de trabajo que los españoles no quieren en sectores como la hotelería, la construcción o el trabajo doméstico.
Pero, desde entonces, la crisis ha dejado sus secuelas en el país. Según el INE, cerca del 40 por ciento de los extranjeros están desempleados, contra un 25 por ciento de la población activa. Y siguen dejando España: el número de extranjeros ha caído 7,8 por ciento en 2013, el cuarto año consecutivo de baja.
Según la última encuesta de opinión del CIS, solamente 3 por ciento de las personas interrogadas considera que la inmigración es uno de los problemas principales de España, aunque los actos xenófobos han aumentado con la crisis, según Ibarra. Así, en el centro de Madrid, algunas asociaciones distribuyen comida “solamente para españoles”.
