El banderazo por la Memoria Trans que durante cuatro meses recorrió las provincias para homenajear a las víctimas de discriminación y crímenes por cuestiones de género, visibilizar esos casos de violencia y pedir justicia en todo el país, llegará este fin de semana a su máxima expresión con una marcha desde la Casa Rosada al Congreso, la colocación de una placa en el Espacio Memoria y Derechos Humanos y una presentación en Tecnópolis.
La movilización, que comenzó en julio en Santa Fe, cruzó las distintas regiones argentinas con una enorme bandera celeste, blanca y rosa de 15 metros de largo y más de 7 de ancho en la que dirigentes de cada provincia anotaron los nombres de las personas trans/travestis asesinadas o desaparecidas y que, según los organizadores, será presentada también durante la «marcha de las candelas» que se realizará el sábado 20, Día Internacional de la Memoria Trans.
Esa movilización, que se realizará a partir de las 18 desde la Casa de Gobierno al Congreso Nacional, se convertirá en la actividad central del Banderazo aunque los organizadores recordaron que luego quedará pendiente completar el recorrido patagónico por Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en lo que resta de noviembre.
Una de las últimas actividades de la marcha, que cuenta con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se realizó ayer en la plaza Moreno de la ciudad bonaerense de La Plata, donde los manifestantes pidieron justicia por los transfemicidios, travesticidios y un mayor reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Como corolario de la manifestación, Valentina Pereyra, activista trans feminista e integrante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), dijo a Télam que «hay que recordar y no olvidar todo lo que pasamos por el solo hecho de ser trans, toda esa violencia» que las lleva a tener una expectativa de vida de 40 años, por lo que señaló que «hay una falta de políticas públicas para ese sector».
En el inicio del Banderazo, María Belén Correa, presidenta del Archivo de la Memoria Trans, explicó a Télam que la bandera se mudaba «semanalmente de provincia y en cada una habrá un acto donde se van a hacer reclamos locales además de escribir en la tela los nombres de las distintas personas muertas», acción que comenzó en la ciudad de Santa Fe, con los primeros 35 nombres de «integrantes de nuestra gran familia trans» que ya no están.
Luego, hubo un acto numeroso en el Monumento a la Bandera en Rosario, tras lo cual la bandera siguió su derrotero hasta la ciudad de Paraná.
Desde Entre Ríos, la activista travesti Iara Quiroga dijo a esta agencia que «tenemos un país que tiene leyes que son las mejores del mundo pero todavía falta mucho, rehacer todo como sociedad».
A su paso por la capital entrerriana, el banderazo se manifestó con carteles, pancartas y una gigantografía en el ingreso al edificio de Tribunales, donde se reclamó por la muerte de Victoria Núñez, una trans de 27 años que falleció tras una discusión con su pareja y de la intervención de la policía, y recordaron a otras víctimas asesinadas como Jésica Benavides (33), Lucía «La Loba» Barrera (37) y Gabriela Cuello (45).
Quiroga remarcó que al colectivo trans «le falta tener un buen acceso a la salud, educación, y vivienda» porque, dijo, de esa manera «se podrá crecer como sociedad» dado que ahora «la comunidad trans es el último eslabón de la sociedad y la que siempre recibimos menos».
En agosto, cuando el banderazo llegó a Santiago del Estero, hubo una manifestación en la zona del Estadio Único y el Puente Carretero, con gran cantidad de militantes.
Rubí Gómez, coordinadora de la red ATTA por Santiago del Estero, remarcó entonces que «el poder visibilizar esta bandera que representa a una población altamente vulnerada tiene su significado social y su significado político».
«Esto nos va a permitir generar conciencia social y política», añadió y señaló que «a partir de esa acción se pueden exigir políticas públicas efectistas que permitan cambiar la calidad de vida de la población trans».
Julieta Paz, presidenta de DIVAS, indicó a Télam que «el banderazo es un acto simbólico, pero muy potente» porque «tiene que ver con recordar a quienes ya no están», en especial porque «hicieron tanto en tiempos en los que ser una persona trans era un delito y se pagaba con la vida».
A fines de agosto, Laura Moreira, hermana de una joven trans asesinada en 2018, destacó que el Banderazo por la Memoria Trans «fortalece nuestra lucha».
«Vivo esta acción que recorre el país con una mezcla de sentimientos, con mucha tristeza porque en esta bandera hay nombres de personas que fueron asesinadas», sostuvo la hermana de Cynthia Moreira, asesinada en febrero de 2018, y remarcó que «todos los casos de asesinatos de mujeres trans que conozco fueron brutales, lo que deja claro que se trata de crímenes de odio al género».
En Salta, ciudad a la que la marcha arribó en septiembre, la dirigente Victoria Liendro señaló que «esto genera una mezcla de cosas, emociones y sentimientos. Es el encuentro con muchas compañeras que deja muchas fotos e imágenes en el marco del banderazo trans, además de muchas ideas claras de que ya nunca más vamos a estar silenciadas».
Liendro comentó que el objetivo de esta convocatoria federal «es reflexionar desde la memoria histórica, desde un lugar que nos permite ver el presente» y apuntó que si bien «faltan derechos», se busca promover «una legislación que repare realmente a las compañeras y los compañeros trans».
En San Juan, donde el banderazo del 28 de septiembre se instaló frente al Centro Cívico y la Legislatura provincial, la referente del espacio de la memoria Verónica Araya apuntó a la necesidad de «visibilizar la realidad que vive nuestro colectivo y la necesidad de hacer un cambio en nuestra sociedad».
«Esto hace que recordemos a nuestras fallecidas y mantengamos la memoria viva de ellas, para que no vuelvan a ocurrir estos crímenes de odio de los que fueron víctimas a lo largo y ancho del país, así como las muertes que ocurrieron por el abandono del estado», acotó.
El 6 de octubre, la bandera tricolor llegó a la plaza de la Intendencia de Córdoba en busca de reivindicaciones y justicia y para que «a través de ese símbolo, nos abracemos a nivel nacional», explicó durante la manifestación Ambar Alonso, referente local del Archivo de la Memoria Trans.
La dirigente recordó que también reclaman una «reparación histórica para las víctimas de persecuciones» durante las últimas décadas, como así también el cumplimiento del cupo laboral trans dado que hay un «alto porcentaje de la población trans en situación de trabajo informal, sin prestaciones de obras sociales y sin acceso a la vivienda».
En lo que va de este año «en Córdoba tenemos cinco muertes por causales vinculadas al travesticidio social», afirmó a Télam Alejandra Mansilla, coordinadora de la organización local Libres y Diverses, al detallar que las personas fallecieron porque «no tuvieron acceso a derechos como la salud».
Y apuntó que desde su organización «estamos trabajando y exigiendo» al Gobierno provincial la «construcción de espacios seguros».
Una semana después, en San Luis, el jefe de Área Diversidad de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e igualdad de la provincia, Pablo Ramírez, de reconocida trayectoria como activista, destacó que «en este último tiempo vemos un gran avance en poder acceder a lugares de trabajo que antes nos eran negados; actualmente a nivel nacional y provincial muchos tenemos por primera vez un trabajo en blanco y algunos son de conducción».
Ramírez señaló que estas acciones son para «sensibilizar» y «visibilizar» a distintos sectores de la sociedad que aún son muy reaccionarios al colectivo en pos de lograr «una sociedad más justa».
En noviembre, la marcha llegó a Río Negro, donde la bandera recorrió las ciudades de General Roca y Viedma y allí la dirigente Tatiana Breve dijo que «se trata de contar nuestra verdad para crear esa justicia, a eso le llamamos reparación histórica».
«Que a un sector de la sociedad se lo haya perseguido de una manera sistemática, con códigos contravencionales que imposibilitaban el desarrollo, como sociedad nos tiene que preocupar y lo tenemos que reparar», añadió.
La referente de la comunidad LGBTIQ+, Florencia Arraigada, empleada del municipio de Viedma, dijo que «el reclamo está siempre porque falta la implementación real de las políticas públicas, las organizaciones debemos trabajar para que se concreten y se sostengan en el tiempo».
En Chubut, donde se espera el banderazo para las semanas próximas, la directora de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género que depende de la Justicia, Mariana Ripa, explicó a Télam que «llevamos adelante el registro de travesticidios y transfemicidios desde el 2019, sin que se hayan registrado casos».
«Esto no quiere decir que en la historia de nuestra provincia no hayan existido casos, sino que no hay en el registro que es de reciente formación», añadió..
En el caso de Santa Fe, en octubre se presentó el primer informe preliminar sobre femicidios, transfemicidios y travesticidios, que reveló que durante 2020 no se registraron asesinatos de personas trans ni travestis.
El trabajo, elaborado en base al cotejo de datos de la policía, la Justicia y áreas de atención de salud y género, precisó que durante el año pasado hubo 45 víctimas de usos intencionales de violencia, en todos los casos mujeres cis.
