José Sebastián Perlo, un hombre considerado parte de una banda dedicada a las extorsiones que invocaba el nombre de Ariel Máximo «Guille» Cantero –cabecilla de la banda Los Monos– para intimidar y exigir dinero a sus víctimas, fue condenado este miércoles a tres años de prisión en suspenso. A la pena se llegó mediante un acuerdo abreviado entre fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos y la defensa, procedimiento que fue homologado por la jueza de Primera Instancia Paula Álvarez, señalaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El 23 de julio pasado Perlo fue imputado por los delitos de asociación ilícita y extorsión, este último en calidad de partícipe secundario. Para la acusación, el hombre se dedicaba a la logística en la banda comandada por el detenido Maximiliano “Cachete” Díaz, una gavilla que desde el 2 de mayo de 2019 hasta 13 de enero de 2020 “tenía como objetivo obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida de distintas personas invocando el vínculo que mantiene el organizador con Ariel Máximo “Guille” Cantero como medio para intimidar a las víctimas, siendo que esas maniobras involucraron a la asociación ilícita en la gerencia y explotación de negocios ilícitos, entre ellos el de la quiniela clandestina y los llamados casinos ilegales”, señaló la acusación de los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli.
En ese marco, a Perlo lo ubicaron como partícipe en la causa que investigó la extorsión a los dueños del bar Los Inolvidables, de San Martín y Montevideo, que comenzó en abril de 2019 y se extendió hasta mayo de 2020, según la reconstrucción de los funcionarios del MPA.
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El accionar de la banda quedó reflejado en las declaraciones de las víctimas incorporadas en el legajo fiscal: “Estos tipos aparecieron el año pasado, primero habían pasado por un bar en calle San Martín al 1800 y tiraron tiros contra las persianas, esto fue el año pasado en el mes de septiembre/octubre. A las semanas aparecieron por el bar nuestro. Me dijeron que ellos eran de Los Monos, que si queríamos seguir funcionando como bar teníamos que pagarles”.
La hipótesis fiscal estableció que “a partir de ese momento se llevaron a cabo encuentros y conversaciones entre los dueños del bar con Cachete Díaz, su hermano Brian y José Sebastián Perlo para definir el monto de lo que debían pagar por mes a cambio de poder trabajar sin inconvenientes. Esas reuniones se celebraron durante abril y mayo de 2019 en el bar llamado Mansa ubicado en Pellegrini 1657, propiedad de Mariano Ruíz”.
Dentro de la estructura de la banda de Cachete también funcionaba Flavia Broin –pareja de éste–, su hermano Brian y el mencionado Mariano Ruíz, uno de los investigadores dijo a este diario que el rol de Perlo “estaba en la logística: escondía armas, usaba su teléfono para extorsionar, iba a buscar la plata”.
Poco más de tres meses pasaron de la acusación a Perlo. Y ahora fue condenado mediante un procedimiento abreviado –acordado entre los fiscales y el defensor David Giordano– a tres años de prisión en suspenso, por lo que recuperó la libertad que estará supeditada a reglas de conducta.
La causa por la extorsión al bar por la que fue condenado Perlo es paralela a otros legajos por aprietes a cambio de dinero que involucran a la misma banda, y que incluso está conectado y comenzó con la del homicidio de Enrique Encino, el gerente del Banco Nación de Las Parejas asesinado cuando salió a fumar en el Casino City Center y recibió un balazo la noche del sábado 11 enero de 2020.
Esa amenaza a tiros que se convirtió en un crimen precipitó la caída de la banda. A los pocos días fue detenido e imputado Cachete Díaz, que por entonces ya era investigado. Poco a poco, en sucesivas imputaciones, la Fiscalía fue develando evidencia de una red de aprietes al estilo plata o plomo. Incluso fue detenido un ex jefe policial, Alejandro “Pipi” Torrisi, por su vinculación con garitas de juego clandestino en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez.
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En el marco de esa investigación, en julio de 2019, un connotado empresario ligado a las salas de juego legales y también clandestinas, Leonardo Peiti –quien era investigado como víctima y luego como partícipe de la asociación ilícita–, declaró como arrepentido luego de entregarse y reveló –siempre según su declaración– que le pagaba un canon mensual al ahora ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y a su jefe Patricio Serjal, ex fiscal Regional de la 2ª Circunscripción de Rosario, con el objetivo de que estos desviaran o cajonearan investigaciones sobre timba ilegal en Rosario y Melincué.
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