Tres personas fueron demoradas este jueves en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Ponce Asahad por las amenazas que sufrieron cientos de referentes de derechos humanos y sociales. El hostigamiento fue a través de Whatsapp, una modalidad que recrudeció después de la marcha del 24 de marzo. El fiscal ordenó este jueves tres allanamientos que se realizaron en Blanco Escalada al 2600, pasaje Gould al 800 y Marco Polo al 400.
Hay 3 personas demoradas (dos mujeres y un hombre) quienes fueron fichados y se evaluará su situación procesal en el trascurso del día al completar medidas en curso. En los tres domicilios allanados se secuestró material informático, celulares, notebook, CPU y pen drivers que serán enviados a peritar.
El fiscal ordenó los operativos luego de analizar la portabilidad numérica, titularidad de líneas y posicionamiento geográfico de antenas de los teléfonos de donde provenían las amenazas. Hay más medidas en curso.
“Son amenazas importantes, graves, en algunos casos son amenazas de muerte. Por ello consideramos desde el Ministerio Público que esto reviste de gravedad institucional”, explicó a El Ciudadano Ponce Asahad, que también confirmó que entre los amenazados se encuentra el fiscal federal Adolfo Villate y el secretario de uno de los juzgados federales que tiene a su cargo causas por delitos de lesa humanidad.
A través de teléfonos celulares que van cambiando, crean grupos de Whatsapp (que superan los 200 contactos) con los números de querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas, referentes estudiantiles para hostigarlos y amedrentarlos. Los grupos tienen nombres como “muerte a Milagro Sala”, “El Tucu vive (por el represor Eduardo Costanzo que recientemente violó su prisión domiciliaria)” y en los últimos días se agregó “Zitelli vive” por el sacerdote que murió el viernes y que debía enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En esa aplicación de mensajería se lanzan amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
No se trata de un hecho aislado, las amenazas de sectores pro dictadura comienzan a multiplicarse y hacerse visibles, como ocurrió en la audiencia de la causa Larrabure, donde un grupo de personas se hizo presente en los Tribunales Federales para salir en defensa de los represores e insultó e intimidó a los presentes.
Todo avalado en un contexto nacional donde la política de Derechos Humanos ya no representa una prioridad para el gobierno desde que Cambiemos llegó al poder. Incluso impulsan discursos peligrosos como la Doctrina Chocobar, que envalentona y da vía libre para que los violentos y los nostálgicos de la dictadura se sientan libres de hacer cualquier cosa.
“Creíamos que estas situaciones ya habían sido superadas en la historia argentina pero evidentemente vuelven a la carga y al ataque, a las amenazas, al amedrentamiento, no solamente desde lo escrito, sino también con la publicación de fotos de la vida familiar de cada uno de estos dirigentes. Hay una cuestión de mucho seguimiento, de una inteligencia determinada. Pero nos preocupa sobremanera que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país después de que la República se haya erigido como abanderada en materia de Derechos Humanos y sea reconocida por ello internacionalmente”, expresó el fiscal Ponce Asahad.
“Quizás la dicotomía en los discursos de quienes tienen grandes responsabilidades gubernamentales, como así también la banalidad con la que desde distintos medios se toca el tema de los Derechos Humanos, sumado también a una mano de obra que cada vez es mayor, influyan en que estos episodios se estén reiterando”, agregó.
