Tres jefes policiales que prestaban servicio en el departamento San Lorenzo fueron imputados este jueves por graves delitos incurridos como funcionarios públicos en el marco de la causa que investiga el crimen de Juan Cruz Vitali, el joven de 23 años acribillado el 12 de mayo de 2019 de un tiro en la nuca tras una persecución policial en la localidad de Capitán Bermúdez. En la evidencia presentada por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada aparecieron los nombres del senador Armando Traferri y del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad. A través de las pruebas recolectadas, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le atribuyeron haber mantenido conversaciones con Gustavo Spoleti, uno de los tres uniformados investigados por ocuparse de tareas ilegales para alivianar la situación procesal de Sergio Di Franco, el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII acusado de dispararle en la cabeza a Vitali.
Al cabo de una audiencia virtual que se extendió por espacio de tres horas, la jueza María Trinidad Chiabrera aceptó las imputaciones contra los ex jefes policiales Gonzalo «Chino» Paz, Gustavo Spoleti y Jorge Quintana. En su resolución dictó una medida no privativa de la libertad para el trío de uniformados. Cuando se levanten las restricciones por la pandemia, deberán firmar cada semana en la Oficina de Gestión Judicial. En los casos de Paz y Spoleti deberán abonar una fianza de 300 mil pesos. En tanto que Quintana, ex jefe de la división Criminalística de la PDI, tendrá que depositar una caución de 200 mil pesos.
Antes de que los fiscales desarrollasen la acusación, Spoleti pidió la palabra y declaró ante la jueza Chiabrera. «Con Di Franco nos conocemos de hace más de 20 años. Como amigo me pidió el favor de que encargue de joderlo a (el abogado Paul) Krupnik y a (el perito balístico Ricardo) Brachetta, para que salga a la luz toda la verdad. Tuvo un desafortunado accidente en donde murió una persona. Me partía el alma ver sufrir a la mujer y a la hija», manifestó el ex jefe de Unidades Especiales de la UR XVII.
Del celular secuestrado a Spoleti no solamente recolectaron información por enriquecimiento ilícito en la megacausa de Esteban Alvarado, sino que también extrajeron conversaciones relacionadas al caso que investiga el homicidio de Juanito Vitali. Entre ellas le atribuyeron haber mantenido contacto frecuente con el senador Traferri para solicitarle el número telefónico del ex fiscal Ponce Asahad -actualmente imputado por recibir coimas para promover el juego clandestino en el sur santafesino- y de esa manera mantener «un nivel de proximidad con la defensa de Di Franco (NdR: encabezada por Krupnik) con el fin de aportar información para la imputación sea lo menos gravosa posible”, expuso el fiscal Schiappa Pietra en la audiencia.
Los acusadores le atribuyeron a Spoleti, Paz y Quintana «prestar colaboración a la defensa de Sergio Di Franco para que obtenga una resolución favorable a sus intereses particulares, ayudando a eludir investigaciones cuando ya estaba imputado por homicidio calificado» por aquel episodio ocurrido el 12 de mayo de 2019 en Capitán Bermúdez. «Lo hicieron trabajando para la defensa del imputado, para que el hecho parezca involuntario y accidental», reforzaron.
Un día después del homicidio de Juanito Vitali, los fiscales sostuvieron que Spoleti se comunicó con el senador Traferri y le solicitó el teléfono de Ponce Asahad. Ese mismo día le escribió al ex fiscal. «Hola, soy el comisario Spoleti, me pasó su teléfono el Pipi para hablar cinco minutos. Cuando usted me diga voy para allá», consta en la investigación. «Spoleti habló con Ponce Asahad para buscar alguna influencia judicial», advirtió Schiappa Pietra.
Según los fiscales, Spoleti ofició de nexo entre Chino Paz y los abogados de Di Franco para articular la estrategia de defensa. El 14 de mayo de aquel año, en un bar cercano al Centro de Justicia Penal se produjo una reunión entre Spoleti, Ponce Asahad y Krupnik, tal como se desprende de la investigación del Ministerio Público de la Acusación.
Durante los 100 días que Di Franco permaneció detenido por el crimen de Vitali, además de las influencias movidas para favorecer la situación procesal del imputado, Spoleti y Paz celebraron reuniones en la estación de servicios Shell de Ovidio Lagos y La Vincha con abogados defensores y con otros jefes policiales encargados de pericias e informes relacionados al homicidio. También solicitaron el teléfono celular del juez Carlos Pareto, refirieron los fiscales. Entonces Spoleti le envió un mensaje a su superior Paz. «Hablé con Carlos P., no prometió nada pero es buena onda», describió Edery. “Esto es gravísimo. Jefes policiales hablando con los jueces para influir en una causa», evaluó Schiappa Pietra.
«Escuchá Gonza, estoy acá con Paul», escribió Spoleti en otro mensaje al Chino. «Gustavo, cuando hables con el abogado andá hablando del tema honorarios», respondió el entonces jefe de la Unidad Regional XVII. «Amigo, ¿qué se sabe de la reconstrucción integral?», preguntó Paz. “No era el abogado quién buscaba los testigos. Era Spoleti a expensas del jefe de Policía”, manifestó Edery. “El pedido de reconstrucción integral estaba hecho a medida de lo que necesitaba Di Franco para mejorar su situación procesal”, consideraron los acusadores del MPA.
La fiscal sanlorencina Melisa Serena fue apartada de la investigación por otorgarle la prisión domiciliaria a Di Franco el 28 de agosto de 2019. «El Toto (Di Franco) sale con domiciliaria», anotició Spoleti al Chino Paz. «Excelente hermano, agradecele al senador y a Paul», respondió el jefe policial del departamento San Lorenzo. Actualmente, la fiscal Paola Aguirre tramita la causa por el crimen de Juanito Vitali.
Cuando le abrieron el teléfono de Nelson Ugolini, ex empleado de Ponce Asahad que también está imputado por la causa de juego clandestino, descubrieron una conversación con la fiscal Serena sobre la causa de Vitali. “¿Esa es la domiciliaria que vos acordaste con Krupnik?», le preguntó el trabajador judicial. «Estoy ocupada, después te hablo”, contestó la fiscal a quien le hicieron un sumario administrativo por la morigeración de la medida cautelar otorgada al comisario Di Franco.
Spoleti, Paz y Quintana fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario publico e incumplimiento agravado, en concurso ideal. En la otra acusación a Spoleti le atribuyeron el delito de peculado de servicio e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de instigador: ordenaba vigilar carteles de campaña del senador Traferri en 2017. «Le pagan en la mano, necesitamos dos muchachos para que le cuiden los carteles», le dijo Spoleti a Tato Gaudencio, otro jefe policial. “Entendemos que San Lorenzo tiene bastantes problemas de seguridad para que los policías estén custodiando carteles de campaña”, evaluó Edery.
A Quintana le solicitaron que cambie las vainas del arma secuestrada a Di Franco para alterar las pruebas. «Todo esto fue armado por Erbetta, a quien yo no conocía», declaró el ex jefe de la división Criminalística de la PDI. Julio Erbetta estuvo a cargo de la pericia balística en la investigación y denunció las irregularidades en la Agencia de Criminalidad Organizada.
