Tres médicos están prófugos y otros tres prestaron declaración ante la Justicia y quedaron en libertad en el marco de una causa por un presunto caso de mala praxis en el que murieron una mujer embarazada y su bebé de 8 meses y medio de gestación, ocurrido en una clínica del partido bonaerense de Morón, que es investigada por más de 200 fallecimientos durante 2013.
La fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción en Juicio (Ufij) número 5 de Morón, Cecilia Cortfield, elevó el lunes pasado un pedido de detención de seis médicos acusados por un supuesto caso de mala praxis ocurrido en mayo de 2013, caratulado como “doble homicidio culposo” por la muerte de una mujer y el feto, delito por el que están acusados cuatro médicos, en tanto dos de ellos suman una causa por “homicidio culposo” de la madre, confirmaron fuentes de la fiscalía a la agencia Télam.
A través de un comunicado, la Unidad de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que el Instituto Médico Agüero, ubicado en la calle del mismo nombre a la altura del 1395 de Morón, “fue habilitado” por las autoridades sanitarias mediante la disposición N°551/86 y que funciona “bajo la dirección médica de Marcos Libedinsky”.
La detención de tres médicos de la clínica “no radica en la pena tentativa que pueda tener el delito sino en cuanto a burlar la acción de la Justicia porque fueron citados a declarar muchas veces y no lo hicieron”, explicó la fiscal en declaraciones al canal C5N.
Comentó que tras reiterados pedidos para presentarse a la Justicia, el lunes pasado se libró la orden de detención para los médicos de los cuales uno se presentó voluntariamente el mismo día y “se le tomó declaración, mientras que otros dos fueron detenidos”, los que luego de declarar “quedaron en libertad hoy” (por ayer), agregó el vocero judicial.
Los otros tres médicos continúan prófugos ya que “los domicilios que fijaron ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires no les pertenecen” y uno de ellos incluso se habría ido a Bolivia el 23 de diciembre pasado.
En mayo de 2013, Mariela González estaba embarazada de 8 meses y medio y a raíz de un fuerte dolor en la espalda fue al Instituto Agüero de Morón, donde los médicos que la atendieron le recetaron calmantes y la mandaron a su casa.
Días después la mujer volvió al centro médico con fuertes dolores y allí constataron que el bebé que estaba en su vientre no presentaba latidos, por lo que le practicaron una cesárea para retirarlo y luego la dejaron internada “en una sala común” y no en terapia intensiva como lo requería su estado, ya que “necesitaba cuidados especiales”, detalló la fiscal. Finalmente, la mujer se descompensó y murió en el centro médico ubicado en la calle Agüero al 1300.
Cortfield señaló que en la causa que lleva adelante consta “una pericia médica” realizada por la Asesoría Pericial de La Plata “donde los médicos concluyeron que si hubieran diagnosticado el síndrome de Hellp (una complicación obstétrica severa relacionada con la hipertensión arterial), que es lo que esta paciente presentaba al momento de la primera consulta, se hubiera reducido casi en su totalidad la mortalidad tanto del bebé como de ella”.
“Podrían haber salvado al bebé que con 34 semanas de gestación era perfectamente viable para tener vida independiente y como consecuencia le hubieran hecho la cesárea con antelación y haber salvado también a la mamá”, afirmó.
Asimismo, detalló que “los médicos constataron la ausencia de latidos” y por eso se hizo la cesárea, “que es obligatoria para retirar el feto muerto”, y agregó que según la pericia médica luego de la intervención “el riesgo era tal que la mujer debió tener cuidados especiales y no haber sido internada en sala común”.
La fiscal además confirmó que en el Instituto Agüero de Morón, según confirman las actas del propio centro médico, murieron “alrededor de 200 personas” en el 2013 y que “eso es materia de investigación”.
“Nos llamó la atención el número de fallecidos y por eso formamos una investigación paralela e independiente de la causa de mala praxis”, manifestó.
Cortfield confirmó que los médicos “son acusados de doble homicidio culposo”, al considerar en la acusación al bebé aún no nacido, tal como sentó el antecedente del caso Píparo en La Plata, delito que tiene una pena de seis meses a 5 años de prisión.
En tanto, las autoridades de salud provinciales detallaron que el Instituto “fue reinscripto y encuadrado en la categoría 4, como establecimiento polivalente con internación y prestación quirúrgica, hasta ahora, por disposición 254/02”.
