Tres policías, dos de ellos en actividad, irán a juicio por el disparo que en febrero pasado impactó en la cabeza de un niño de 10 años –que todavía sigue internado en el Hospital de Niños–, cuando estaba en el interior de un auto estacionado frente a la cooperativa de pescadores ubicada en el parque Alem, al confundir –según alegó el tirador– a quienes estaban dentro del rodado con ladrones. El uniformado echado de la fuerza, quien trabajaba como custodio privado en la cooperativa, fue procesado por tentativa de homicidio ya que fue quien baleó el auto, mientras que los dos otros agentes del orden quedaron vinculados bajo acusación de incumplir el procedimiento de rigor y no instar la investigación por el supuesto robo.
El 19 de febrero Gabriela y Fabián se encontraban en una cooperativa de pescadores ubicada en Nansen y Frondizi junto al encargado del predio identificado como Sergio B. y su hijo Joel, de 10 años. Según el relato de la mujer, el niño se quedó con ellos y Sergio se fue con una joven que estaba en el lugar, llamada Antonella, a buscar unas maderas a un container que está junto a un salón de fiestas. En eso, la pareja escuchó detonaciones y corrió junto al niño al vehículo Dodge 1500 en el que habían llegado. En esa circunstancia vieron acercarse a un hombre armado que disparaba hacia ellos por lo que intentaron escapar de lo que parecía ser un ataque sin motivo. Uno de los balazos rompió el vidrio del auto e impactó en la cabeza de Joel, que estaba sentado en el asiento trasero, por lo que fue internado en grave estado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.
Por su parte los custodios de una guardería náutica ubicada en las cercanías sostuvieron que observaron a un hombre y una mujer robar tubos de gas de un salón de fiestas lindero y cargarlos en una camioneta azul. Ante esta situación, uno de los vigiladores les gritó a los intrusos y la pick up huyó. El vigilador se cruzó en el camino para detenerlos, y en ese momento vio huir otro auto sospechoso y escuchó unas detonaciones, que según afirmó fueron realizadas por su colega, Enrique Cettour.
Tras esto hubo al menos dos llamados telefónicos. Uno fue al 911 y otro lo habría realizado Cettour a un particular.
A los pocos minutos llegaron al parque Alem el sargento Néstor Gaitán, quien por entonces pertenecía a la Agrupación Cuerpos del destacamento de Parque Independencia y el cabo Diego Leguiza, que prestaba servicio en la comisaría 5ª, quienes según el fallo tenían en ese momento una agencia de seguridad irregular que prestaba servicios en el lugar. Pero los dueños del salón de fiestas no radicaron la denuncia y los dos policías le informaron al personal del Comando Radioeléctrico que llegó al predio minutos más tarde, respondiendo al llamado realizado al 911, que se harían cargo del caso, aunque en realidad no continuaron con el procedimiento habitual, describe la resolución.
El Juzgado de Instrucción 7ª, a cargo de Juan Donnola, acusó a Enrique Cettour por tentativa de homicidio de Joel Mientras que los dos policías fueron imputados de ayudar al custodio a eludir la investigación judicial al no denunciar los hechos, circunstancia a la que están obligados por su condición de empleados policiales, como así también de omitir la realización de diligencias al llegar al lugar del hecho.
Para llegar a esa decisión, el juez Donnola consideró que la persecución que realizó el custodio fue corroborada por su compañero que escuchó disparos y observó a Cettour con un arma y que su fisonomía coincide con la descripción del tirador dada por diferentes testigos.
“Queda clara que quien dispara un arma contra un auto donde van tres personas, debe pensar que es altamente posible que alguna persona pueda ser herida o muerta con dicha acción”, sostiene el fallo. En base a estos y otros argumentos, el juez procesó al custodio por tentativa de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, trabó embargo sobre sus bienes por 250 mil pesos y le dictó la prisión preventiva.
Además, durante la instrucción se determinó que la custodia de la guardería era ejercita por personal contratado por una empresa a través del policía Néstor Gaitán, quien presuntamente pagaba los servicios, refiere el fallo. El juez consideró probado que los dos policías prestaban servicios en una agencia de seguridad irregular que eventualmente regenteaba Gaitán y que en el caso debieron actuar aun cuando las víctimas del robo no realizaran la denuncia, ya que el procedimiento se encontraba a cargo de ellos y no del personal del Comando Radioeléctrico, por lo que fueron procesados por encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y fueron embargados por 20 mil pesos cada uno.
