La muerte de Vanesa Celma, una joven de 27 años que falleció quemada en un caso en el que los familiares apuntan al marido como el causante del fuego, derivó en una causa que cuenta con tres policías procesados. Se trata de los uniformados que participaron en la pesquisa y “perdieron” prueba fundamental para el caso. En este marco, ayer la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se presentó como querellante y su reclamo fue admitido por la jueza Alejandra Rodenas, en un hecho sin precedentes en la Justicia ordinaria. Actualmente la causa se encuentra en Instrucción 12ª, donde resta la producción de prueba como una pericia psicológica y la posterior acusación para elevar la causa a juicio donde la APDH será parte.
El 29 de junio de 2010 Vanesa Celma salió de su casa envuelta en llamas. El episodio tuvo lugar dentro del dormitorio de la vivienda donde se encontraba junto a su marido.
Vanesa estaba embarazada y según la reconstrucción se roció con alcohol para asustar a su pareja. El hombre afirmó que la víctima accionó el encendedor, pero la familia de la joven sostiene que el hombre inició la llama. Si bien la joven estuvo varios meses internada no dio detalles de lo que pasó. Sólo habló con una mujer que la cuidaba. Celma le dijo que intentó asustarlo para que no se fuera y se roció con alcohol a lo que el hombre le respondió: “Si te querés quemar, quemate ya” y accionó el encendedor. La jueza Mónica Lamperti sostuvo que había violencia intramuros, pero relativizó el valor del testimonio de la única persona que escuchó a Celma y dictó el archivo de la causa respecto de Omar D. aunque cambió –después de 5 años– la carátula. El recurso de apelación contra esta decisión fue rechazado al igual que la admisión de un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y la querella, que representa a la familia, irá en queja al superior tribunal provincial.
A su vez, la jueza avanzó sobre la desaparición de prueba crucial para el caso: la ropa que tenía puesta la víctima, una frazada y una toalla utilizadas para apagar el fuego que envolvía el cuerpo. No se respetó la cadena de custodia y esa evidencia se esfumó. Por esta “pérdida” el entonces jefe de la comisaría 12ª, una oficial subayudante y un agente fueron procesados. La decisión está firme y los uniformados están a un paso de llegar a juicio.
Ante este cuadro, la APDH requirió su participación en la causa y ayer fue admitida por la jueza Alejandra Rodenas como querellante. El planteo se dirimió en una audiencia de la que participaron la presidenta nacional de APDH Norma Ríos, su par local Florencia Delnegro, el cuerpo de abogados de la Asamblea, Sebastián Sancevich, Julia Giordano y Federico Ripani, los abogados defensores Ana María Ferullo, Maximiliano Caviglia y Jorge Ferreira –quienes no se opusieron a la constitución de querellante– y la fiscal Alejandra Rodríguez, quien dio un dictamen positivo. También estuvieron presentes Andrea Celma y Eva Domínguez, en representación de la familia.
La audiencia fue presidida por la jueza Rodenas que luego de un cuarto intermedio admitió la querella de APDH en base al “interés público afectado por los delitos endilgados, a la necesidad colectiva que subyace en el regular funcionamiento de la administración pública, la legalidad de sus actos y especialmente en la eficiente prestación del servicio de Justicia”, sostiene el fallo que resaltó la trayectoria de la Asamblea a nivel nacional e internacional.
Por su parte, Ríos refirió sobre este paso: “Es absolutamente importante, traspasa el plano de lo político o una denuncia en la puerta y lo traduce en un trabajo muy concreto frente a un juez que tiene que dar respuesta; esta es la importancia que le damos a la formalidad del hecho. Mas allá de que podamos estar hablando de un femicidio que puede haber quedado impune, lo concreto es que estamos intentando querellar a los policías que sí sabemos que escondieron o tomaron pruebas de manera tal que es imposible determinar la certeza del femicidio, y esto es vital porque una de los cosas que nos preocupa a nivel nacional es la poca importancia que le dan a la violencia de genero”, concluyó la dirigente nacional de la APDH.