Los altos niveles de conflictividad registrados en el último tiempo en diversos ámbitos de la sociedad motivaron que el Estado y los múltiples organismos que lo componen pusieran en funcionamiento mecanismos para un abordaje integral de la materia. Entre los casos más numerosos, aquellos ocurridos en el seno familiar son los que acaparan la atención de las autoridades del Poder Judicial, desde donde dispusieron, hace poco más de 5 años, la creación de la Secretaría de Violencia Familiar, que busca darle respuestas a las más de 5 mil denuncias que recibe anualmente.
Durante 2013 los tres juzgados de familia que operan en los Tribunales provinciales de Rosario acogieron 5.433 denuncias de violencia (le siguieron en el ránking 2.465 por pleitos en el rubro alimentos), entre las que se destacan aquellas cometidas contra la figura femenina (recuadro), lo que representa el 37 por ciento de las causas ingresadas. En tanto, entre el 1º de febrero (cuando concluye la feria judicial) y el 21 de octubre ya fueron radicadas 5.095 presentaciones de este tipo (frente a 1.884 por alimentos). Esto abarca aquellas que se consideran extremadamente graves, como puede ser una agresión física, así como las que se traducen en molestias en la vida cotidiana. “La idea de trabajo es que la persona se lleve una respuesta en el día y que después no tenga que volver, excepto que el caso así lo requiera. Por ejemplo, si pide una restricción de acercamiento y el relato es verosímil, ya que a veces es muy palpable la agresión física, es muy posible que se lleve la solicitud en el transcurso de la mañana”, explicó a El Ciudadano el juez del Tribunal Colegiado de Familia Nº 5, Marcelo Molina.
De acuerdo con la opinión del magistrado, los casos de más compleja identificación son aquellos de violencia psicológica que no llegan a traducirse en daño físico, que resultan constatables a partir del relato de vecinos, algún familiar, personalidad de la Municipalidad o de una ONG. No obstante, Molina reveló que “muchas veces una persona llega al Tribunal con un caso para denunciar y luego, a los cuatro o cinco meses, vuelve con el mismo problema”. Esto se produce porque “el Tribunal actúa sobre el caso urgente”, mientras que son otros organismos (efectores de salud, asociaciones civiles o el propio Ejecutivo) los que deben garantizar que el caso no se repita.
La mayoría de las denuncias llegan tras ser derivadas por la Unidad de Atención a la Víctima que funciona en el Palacio de Justicia y que se encuentra a cargo del abogado Guillermo Corbella. También suelen hacerlo a través del Ministerio Público de la Acusación, que una vez concluido el proceso penal puede determinar que el caso sea remitido a un juez de familia para que lo atienda. O de comisarías. Pero hay uno de los organismos que llamó la atención de Molina: “Recibimos muchas denuncias de las escuelas, que detectan niños que han sido violentados física o psicológicamente por sus padres. Luego suele haber reacción por parte de estos, que intentan cambiarlo de colegio, obligando al Tribunal a aplicar medidas restrictivas para impedir que ello suceda”. Pero, si bien la situación resulta preocupante, este aumento en el número de denuncias fue visto con cierto aire de conformidad ya que “no habla pura y exclusivamente de un aumento de las situaciones de violencia, sino también de un servicio que está funcionando correctamente”.
“El juez debe tener la formación suficiente para tomar decisiones en el momento; hay ciertas cosas que no se le pueden escapar. Más allá de que una porción de denuncias no es cierta, prefiero actuar de manera preventiva antes que no hacerlo y tener después una persona herida. Pero, independientemente de ello, con tres o cuatro preguntas uno puede darse cuenta si el relato es falso”, aclaró.
La problemática se enmarca en un contexto “signado por la violencia”, permitiendo calificar a los asesinatos y demás episodios delictivos como un recorte de la sociedad, que históricamente siempre ha sido violenta, de acuerdo con el análisis del juez de Familia: “Nada de esto es nuevo. La violencia está instalada en todos lados: en los medios, la familia, la escuela. Se escucha que la gente dice que antes podía salir a la vereda y ahora no. Pero si la violencia no hubiera estado instalada en ese entonces no habríamos sufrido lo que experimentamos en la década del 70. Quizás en algunas cosas de la vida cotidiana no era violenta, pero sí era normal que un padre castigara a sus hijos”. En cuanto a esto último, Molina despreció una imagen que circula por las redes sociales que habla de “personas que dicen haberse convertido en excelentes individuos a pesar de haber sido castigadas a cintazos” por sus padres, un acto visto casi como natural.
“Eso es una vil mentira porque no es cierto que todos hayan salido derechitos y enteros. La generación que apoyó la última dictadura militar quizás haya experimentado esos cintazos”, sintetizó.
En esa misma línea, trazó un paralelismo con la influencia que poseen deportes como el fútbol en la sociedad: “Si un hincha de Central sale a festejar un triunfo y uno de Newell’s lo mata o cinco jugadores hacen una conferencia de prensa como si se tratara de un velorio masivo de personas, ¿cómo vamos a pretender que un montón de tipos con buena voluntad (en referencia a las ONG y órganos estatales) logren superar la situación de violencia?
De este modo, la violencia familiar aparece, simultáneamente, como un problema social y de salud, que requiere la misma atención por parte del Estado en ambos sentidos. En lo que refiere a esta cuestión, el magistrado resaltó el trabajo de algunas instituciones que dependen del Ejecutivo, como el caso del programa municipal de Prevención en Violencia de Género, también conocido como Teléfono Verde, aunque consideró que “hay muchos recursos pero deficientemente coordinados”, aspecto que se hace visible, sobre todo, en la reiteración de casos dentro de un mismo grupo familiar.
“Muchas veces vemos que la persona se lleva el oficio (de Tribunales) pero no se anima a llevarlo a la comisaría para que allí le den curso. Así pasa a veces que, en el caso de una mujer, logra sacar al marido de la casa y a los cuatro meses lo vuelve a dejar entrar. Esto habla de personas que no logran darse cuenta de lo que les pasa para luego pedir ayuda, y ahí hay un problema de base del Estado en detectar el problema y tratarlo”, analizó el funcionario judicial.
Un blanco frecuente
El juez del Tribunal Colegiado de Familia Nº 5, Marcelo Molina, reveló que la mayoría de los casos de violencia familiar tienen como protagonistas a mujeres de las más variadas edades y estratos sociales. Según comentó, si bien “la complejidad de los casos no permite hacer grandes criterios generales”, lo más frecuente “es una madre golpeada que llega acompañada por sus hijos”, aunque no son pocos los problemas entre hermanos y entre padres e hijos. Respecto de este último caso, el magistrado explicó que se observa con mayor frecuencia en jóvenes con problemas de adicciones, obligando al Estado a realizar un doble abordaje de la problemática, en violencia familiar y salud mental.
“Hay una gran porción de violencia hacia el género femenino. Hay casos muy aislados de hombres golpeados. En cierta medida, la mujer se encuentra en situación de vulnerabilidad, al igual que los niños agredidos por sus padres y el adicto”, evaluó.
