En el marco de la conmoción generada por el triple crimen cometido en Ibarlucea donde fue asesinada una familia entera –incluida a una bebe de un año– al cabo del casamiento de dos personas involucrados en causas federales, surgieron detalles que a criterio del legislador Juan Cruz Cándido “expusieron fallas en los organismos de Seguridad y por parte de la Justicia ya que uno de los integrantes de la pareja que selló su compromiso debía estar cumpliendo prisión domiciliaria”.
El diputado radical de Evolución, que preside la comisión de seguridad de la Cámara baja provincial, ingresó tres proyectos referidos a la crisis de seguridad que se vive en Santa Fe. “Vemos como diariamente los funcionarios relatan los hechos pero no explican cómo piensan resolverlos, necesitamos discutir todos los poderes del Estado para salir de esta situación en la que el Ejecutivo es un espectador privilegiado de como se suceden los crímenes y atentados”, consideró Cándido.
El radical expuso un informe de homicidios elaborado por asesores en materia de seguridad con los que cuenta el bloque Evolución y remarcó: “Venimos de cerrar el segundo enero más violento desde 2016, sólo superado por 2020. El gobierno asumió la gestión sin un plan de seguridad y estos números son consecuencia de eso”. Y agregó: “Esa falta de plan también se nota cuando vemos que una mujer que tenía que estar en prisión domiciliaria se paseó por toda la ciudad e hizo una fastuosa fiesta de casamiento sin que el Estado tome nota de ello”.
“El estado tiene que retomar el control de la calle, tiene que demostrar que es más fuerte que las organizaciones criminales y que tiene el ojo puesto en ellas, no sólo no se desarticularon nuevas organizaciones, sino que además no se investiga a las terceras o cuartas líneas de las que ya están presas. Y cuando los hechos suceden empiezan a tirar la pelota a la Legislatura o a la Justicia, así no se puede avanzar porque el narcotráfico lo ve”, opinó el legislador
Y consideró: “Para eso es que necesitamos la Junta Provincial de Seguridad para que Ejecutivo, Poder Judicial y legisladores nos sentemos cara a cara para avanzar en conjunto en soluciones que nos saquen de este estado de parálisis que se traduce en falta de gestión”.
El legislador además de pedir la convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad ingresó un proyecto dirigido al Ejecutivo para saber si las áreas de inteligencia de la Policía tenían algún dato sobre el casamiento, si había alguna investigación en curso, si hubo llamados al 911 después del hecho y que se hizo, si cuando llegó la policía al lugar sabía de quienes se trataba con información que pudo haber aportado el OJO y si personal del Registro Civil estuvo presente en el evento.
Y por otro lado, dado que el casamiento involucró a una persona de que debía cumplir prisión domiciliaria y luego de la polémica suscitada la semana anterior donde desde el patronato de liberados informaron que por la falta de combustible iban a dejar de controlar las prisiones domiciliarias, Cándido ingresó un segundo proyecto para que el Ejecutivo dé a conocer la cantidad total de prisiones domiciliarias con orden judicial de control por la Policía de Santa Fe, cantidad de prisiones domiciliarias por Departamento, cantidad de prisiones domiciliarias en el marco de medidas cautelares no privativas de la libertad y de ejecución de condena, cantidad de personas en prisión domiciliaria con sistema de control a través de tobilleras, cantidad de personal policial y móviles afectados al servicio de control de prisiones domiciliarias, cantidad de personal civil destinado a cumplir funciones en la Dirección Provincial del Patronato de Liberados y por cuanto tiempo y que cantidades de controles de prisiones domiciliarias se interrumpieron a partir de la comunicación efectuada la semana anterior.
