La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme las condenas de cuatro ex funcionarios del ex gobernador y actual senador José Alperovich, y de un ex policía por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, la joven universitaria asesinada en 2006, y uno de ellos deberá ir a prisión para cumplir los 6 años que le impusieron en el juicio realizado en febrero de 2019. En abril pasado y a días de cumplirse los 15 años del femicidio, la Fiscalía imputó a César Soto, de 39 años y pareja de Paulina, por homicidio agravado y a Sergio Kaleñuk (40), hijo del ex secretario de Gobierno del ex gobernador Alperovich, como partícipe necesario para concretar el encubrimiento.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) confirmó las condenas del ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella; del ex jefe de Policía Hugo Sánchez; del ex subjefe de Policía Nicolás Barrera; del ex subjefe de la Regional Norte Rubén Brito; y del ex policía Waldino Rodríguez.
Los integrantes de la CSJT declararon inadmisible los recursos extraordinarios federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuestos por la defensa de Sánchez contra la sentencia emitida en febrero de este año y por la defensa de Di Lella contra la sentencia emitida en junio.
Así la decisión de la Corte dejó firme las penas de 6 años de prisión impuestas a Di Lella y Sánchez; de 5 años y 5 meses a Barrera; de 5 años a Brito; y de 3 tres años de prisión condicional a Rodríguez.
El único que estaba en libertad era Di Lella, quien ahora deberá cumplir su pena en prisión, mientras que Sánchez, Barrera y Brito están con arresto domiciliario y Rodríguez, debido al monto de su pena, puede cumplirla en suspenso.
Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito fueron funcionarios del tres veces gobernador de la provincia Alperovich, actualmente senador con licencia otorgada por la Cámara Alta, tras haber sido denunciado por abuso sexual por su sobrina segunda.
Las sentencias contra los cinco hombres por el denominado Caso Lebbos habían sido dictadas en el marco del juicio oral y público que comenzó en 2018 y concluyó el 25 de febrero de 2019, en que se ventiló el asesinato de Paulina y su posterior encubrimiento.
En ese debate fue absuelto Roberto Luis Gómez, quien había llegado acusado de ser «partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte» de la estudiante.
Un femicidio aún impune
En un fallo emitido en febrero de este año, el máximo tribunal de Tucumán ordenó que sean investigados como posibles autores del crimen de la joven: Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de Alperovich, Alberto Kaleñuk; la pareja de Paulina, César Soto; y Esteban Gómez, hermano del absuelto Gómez.
Los ministros de la Corte dispusieron en ese momento que también se investigara al entonces gobernador Alperovich y al actual subsecretario de Seguridad José Ardiles por haber aceptado en el año 2010 el ascenso de ex comisario Enrique García, cuando ya estaba imputado por irregularidades en el caso Lebbos y que luego fue condenado.
En el primer juicio realizado por el caso en 2014, García fue condenado a 5 años de prisión por el encubrimiento del crimen de Paulina, al determinarse que fraguó actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver.
Sin embargo, a finales de febrero y a poco de que se cumplieran los 15 años del crimen, el fiscal Carlos Sale, a cargo de Homicidios, resolvió investigar a Soto, Kaleñuk, Esteban Gómez y a Ernesto Atim, un vendedor de celulares también vinculado a los Gómez, dejando fuera a Alperovich y a Ardiles.
En ese entonces, Alberto Lebbos, padre de Paulina, sostuvo: «Quince años se demoró la Justicia en hacer lo que corresponde en base a las pruebas contundentes que están en el expediente de la causa».
Alberto manifestó que la decisión de la Justicia «es muy importante», ya que «ellos (por Kaleñuk y Soto) son unos de los principales sospechosos del homicidio impune de Paulina».
En abril pasado, el fiscal Carlos Sale presentó su hipótesis contra Soto y Kaleñuk en la audiencia indagatoria y señaló que entre las 6.30 y las 7 de la mañana del 26 de febrero de 2006, Paulina, quien tenía una hija en común con Soto, llegó a la casa del hombre tal como había planeado. En un vínculo con antecedentes de violencia de género, el sospechoso la comenzó a increpar, la tomó por el cuello y la mató, explicó el fiscal.
Según la sospecha, Soto –integrante de la barra de Atlético Tucumán– llamó a Kaleñuk para pedirle ayuda para esconder el cuerpo y éste le acercó sus vínculos con el poder: era dirigente del club, funcionario cercano al entonces gobernador José Alperovich y actualmente tiene un cargo de asesor en la legislatura tucumana por el que cobra un salario de 150 mil pesos.
Según el fiscal, la primera llamada de Kaleñuk fue a Nicolás Barrera, un jefe de la Policía de Tucumán condenado a 6 años por encubrir el crimen de Paulina.
La imputación por el femicidio llegó a contrarreloj, poco después de que la causa estuviera a punto de prescribir. Sale indagó a Soto y el acusado negó los hechos. Kaleñuk, hijo del ex secretario de Gobierno de Alperovich, por su parte, se negó a declarar porque lo sorprendió la acusación: no lo imputaron como coautor del femicidio, sino como partícipe necesario por su rol de encubridor.
Desde ese 26 de febrero de 2006 hubo una búsqueda desesperada que duró 13 días, ya que encontraron el cuerpo de Paulina al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.
